El recurso de protección interpuesto por el core Javier Sandoval y organizaciones ambientalistas es por “favorecer a privados” en desmedro de las comunidades del Bío Bío.
Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegó el consejero regional, Javier Sandoval (Partido Igualdad), acompañado de grupos ambientalistas, representados por el abogado Fernando Cortés, de la ONG Defensa Ambiental, para presentar un recurso de protección, con orden de no innovar, en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental.
La razón, argumentaron, por tomar decisiones en favor de privados, por sobre las comunidades del Bío Bío, convirtiendo a la Región en una zona de sacrificio.
“La comisión evaluadora regional, compuesta por los seremis, el intendente Sergio Giacaman y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), ha pasado por alto, permanentemente, antecedentes importantes aportados por la comunidad, en términos de impacto social de mega proyectos, que al final responden al interés privado”, explicó el core de la provincia de Concepción II Centro, Javier Sandoval.
Asimismo, detalló que “la comisión no se condice con una estrategia de desarrollo regional sustentable, coherente y contextualizado, desfavoreciendo a quienes se ven afectados, recibiendo sólo externalidades y no beneficios concretos producto de estas inversiones”.
Sandoval consideró que el organismo no cuenta con la legitimidad para seguir aprobando proyectos que son parte de las causas que ha generado el estallido social en el Bío Bío.
“Lo más sensato es paralizar sus decisiones hasta que se normalice la situación país y se construyan otros criterios que permitan, en definitiva, se tomen decisiones más correctas e integradoras para la Región”, detalló.
En específico, se refirió a las aprobaciones de GNL Penco y GNL Talcahuano que, dijo, afectan al borde costero. “Estas aprobaciones responden al poder central, del gran empresariado que conduce el Presidente Sebastián Piñera”, sentenció.
En la misma línea, el abogado patrocinante, Fernando Cortés manifestó que, “con este recurso de protección, con orden de no innovar, por un lado busca que se suspenda la sesión programada para el 20 de enero, hasta que estén las condiciones adecuadas en la realidad país”.
Cortés agregó que es el Servicio de Evaluación Ambiental quien hace todo el proyecto que culmina con el voto de la comisión evaluadora, compuesta por seremis y el intendente y otros actores políticos que determinan que si el proyecto o mega proyecto es viable en la Región (…). En el caso que no se apruebe la orden de no innovar, realizaremos los oficios correspondientes, con el objeto de tener un resultado beneficioso por esta parte”.
Consultado al respecto, el seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, precisó que pensar que la Comisión vela por proyectos en desmedro de la gente es algo absolutamente inequívoco.
“Ha sido este gobierno el que envió al Congreso el proyecto que modifica el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental; fue este gobierno el que en aquella moción busca incorporar la participación ciudadana anticipada en todo tipo de circunstancia, porque sabemos y entendemos que la comunidad es clave para lograr una región más sustentable”, respondió la autoridad.
Agregó que “los titulares de los proyectos deben hacerse cargo de comunicar y conversar con las personas y su entorno, pero también hay un poder del Estado, que es el Legislativo, que debe poner en tabla la discusión del proyecto ley que modifica el Seia”.
El seremi Delannays sostuvo que el componente social es algo integrado en los procesos de evaluación por parte de la comisión evaluadora.
“Tenemos una normativa ambiental mucho más exigente y que nos permite seguir siendo una región referente en materia de sustentabilidad, sobre todo, por la amplia variedad de proyectos, de iniciativas, emprendimientos y desarrollo industrial”, concluyó.
Respecto a esto, el intendente Sergio Giacaman dijo no haber sido notificado, por lo que declinó referirse al tema.