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Dos tragedias marcaron el año 2018 en la Región del Bío Bío

Estos 12 meses también fueron marcados por la aparición del cuerpo de Sergio Mardoff Peirano, a 13 años de habérsele perdido el rastro, y el inminente cierre del caso Matute, pese a las altas expectativas que hubo de que se conocería la verdad.

Por: Carolina Abello | 30 de Diciembre 2018
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Las familias de 13 personas fallecidas en la explosión del Sanatorio Alemán, en Concepción,  y en el incendio del Hogar Santa Marta, en Chiguayante, aún no saben la causa de las tragedias que se llevaron a sus seres queridos. Ambas están siendo investigadas por la Fiscalía, y aunque en la primera  la causa sería una fuga de gas, y en la segunda una falla eléctrica o la inflamación de la estufa, aún no se sabe quiénes fueron los responsables.

El 21 de abril, una explosión destruyó gran parte de las dependencias del Sanatorio Alemán en Concepción, la que dejó a tres personas fallecidas: Rodrigo Alejandro Bastidas Sáez (33) y Víctor Hugo Salazar Rebolledo (43), trabajadores de la empresa que estaba a cargo de los trabajos en el área donde se produjo la explosión y Alexandra Yamilet Villegas Mora (26), supervisora del café Starbucks, ubicado en el primer piso del Sanatorio Alemán. Además, decenas de personas quedaron heridas, entre pacientes y trabajadores del recinto.

El estallido se sintió a las 10 de la mañana y dejó el caos en el sector, a más de tres cuadras a la redonda, Ocurrió cuando la orden de evacuación ya había sido revocada y cuando los trabajadores y familiares volvían al recinto se sintió el estruendo que afectó a tres cuadras a la redonda.

El caso está siendo investigado por un equipo especial de la Fiscalía de Bío Bío. Sin embargo, aún se desconoce la causa de la explosión y no hay personas formalizadas.

El 14 de agosto, un incendio consumió dos de los pabellones del hogar de ancianos Santa Marta, ubicado en Chiguayante, que dejó a 10 ancianas fallecidas.

En la residencia había cupo para  50 personas y en el momento de la tragedia había 42 adultos mayores. En el módulo en que se produjo el incendio sobrevivieron tres mujeres, las que alcanzaron a ser evacuadas.

En ese momento, el seremi de Salud, Erick Jiménez, precisó que el recinto tenía autorización y que fue fiscalizado por última vez en noviembre de 2017. En 2014 habían sido objeto de un sumario sanitario, con faltas que fueron corregidas. Del 2010 a la fecha el recinto había sido fiscalizado ocho veces.

Sin embargo, meses después se conoció que la casa de reposo Santa Marta no tenía el certificado  que acreditara el cumplimiento de los requisitos de prevención y protección contra incendios establecidos en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, ya que la seremi nunca había fiscalizado los hogares en ese ítem, al no haberse percatado del cambio en la normativa, por lo que la seremi otorgó plazo a estas residencias para normalizar su situación.

Tras la tragedia, las familias de las ancianas crearon una agrupación para velar por los derechos de los adultos mayores, mientras que, tal como en el caso del sanatorio, aún se desconoce la causa de la tragedia.

El 5 de octubre, toda la comunidad penquista, e incluso nacional, se vio impactada por la noticia de que el cuerpo de Sergio Mardoff Peirano (25),  llevaba tres años en el Servicio Médico Legal, sin que nadie le hubiera avisado a su familia.

El joven desapareció el 30 de marzo de 2005 en Concepción, lo que originó una intensa búsqueda por parte de su familia.

Su cuerpo apareció en circunstancias insólitas: Su padre, Sergio Mardoff, recibió, a fines de septiembre, una llamada informándole que en ese lugar estaba el cuerpo del estudiante de Arte de la Universidad de Concepción, donde había llegado hace  tres años.

Incrédulo, Mardoff y su esposa se trasladaron al lugar, donde pudieron ver las vestimentas que aún tenía el cuerpo y lo confirmaron. Era su hijo.

El caso destapó otros errores y negligencias en el SML, las que están siendo investigadas por el Ministerio de Justicia. También hay un sumario en Carabineros, ya que sus restos fueron encontrados en 2015 por brigadistas forestales, y fueron levantados por efectivos de Labocar. Sin embargo, el 8 de octubre, cuando la Fiscalía envió a la PDI a periciar el kilómetro 38 del camino a Santa Juana, donde había aparecido su cuerpo, encontraron más restos y objetos pertenecientes al joven.

El universitario fue sepultado el 31 de octubre, y aún se desconoce la causa de su muerte.

El 12 de octubre, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó las diligencias solicitadas por la familia Matute Johns para seguir investigando lo ocurrido con el joven universitario, desaparecido el 20 de noviembre de 1999, ratificando la decisión de la ministra Carola Rivas de no seguir investigando la causa.

Con esta decisión, el caso está nuevamente ad portas de ser sobreseído temporalmente, sin responsables y con una causa de muerte y una teoría del caso que no convence a la familia: intoxicación por pentobarbital, causada por un grupo de personas que habrían drogado al universitario para abusar sexualmente de él.

Carola Rivas comenzó a investigar el caso hace ya 4 años, bajo secreto de sumario y con un equipo especial de la PDI, quienes revisaron todo el expediente del caso. Así, descartaron la teoría del comisario de la PDI, Héctor Arenas, que aseguraba que Matute había fallecido por una golpiza a manos de los siete ex procesados, y la de  Carabineros, que sindicaba como culpable de la desaparición al dueño de La Cucaracha, Bruno Betanzo, fallecido en 2017, por ordenar a los guardias que golpearan al universitario.

La ministra investigaba otra tesis: la que indicaba que Jorge Matute había sido drogado para ser abusado sexualmente. Esto, luego de que, tras conocerse en mayo de 2015, que la causa de muerte era intoxicación con pentobarbital, a su despacho llegaran los primeros investigadores del caso, quienes le revelaron que comenzaron a investigar esa hipótesis, hasta que el comisario Héctor Arenas les ordenó salir del caso, la que fue retomada por la jueza.

Pero ahora, la familia y la ciudadanía no tienen esperanzas de que el caso se resuelva y sólo se aferran a la esperanza de una confesión.

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