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La pista que resolvió asesinato de niño y su nana en Talcahuano

Tras cuatro años de investigación, el OS-9 de Carabineros logró la detención de Rubén Carrasco Torres, pareja de la víctima, quien quedó en prisión preventiva.

Por: Carolina Abello | 27 de Octubre 2018
Fotografía: Raphael Sierra P.

Lágrimas, gritos y aplausos sellaron la audiencia de formalización de cargos contra Rubén Ramiro Carrasco Torres,  imputado por el Ministerio Público como autor de los crímenes de Cristina Poblete Hormazábal, de 58 años, asesora del hogar, y del niño Matías Poblete Flores, de 10 años, crimen ocurrido el 21 de julio de 2014 en el sector Las Salinas de Talcahuano, y que conmocionó al país por la crueldad como ambos fueron asesinados.

El caso estuvo, en su primera etapa, en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y en su segunda etapa, pasó al OS-9 de Carabineros, quienes revisaron todo lo que se había investigado antes, ya que la causa ya se estaba transformando en un emblema de los crímenes sin resolver en la zona.

Según explicaron los fiscales Mario Elgueta y Eric Aguayo, la pista clave para resolver el doble homicidio fue una huella plantar  detectada en la escalera del domicilio, pista de la que se percató el Labocar de Puerto Montt, convocado a apoyar el trabajo policial tras analizar más de 600 fotos de la vivienda ubicada en calle Ricardo Latchmann. Lo extraño fue que en esa huella había un polvo blanco.

En ese momento comenzó a cobrar sentido la diligencia ordenada el día del doble homicidio, de incautar la ropa de quienes podían ser sospechosos en el crimen, entre ellos estaba Carrasco Torres, quien era pareja de Cristina Poblete.

Más aún, cuando por las declaraciones de testigos, la Fiscalía sabía que el hombre había llegado al lugar del crimen, alertado por el padre de Matías, y que luego pidió ir a cambiarse de ropa, ya que estaba sucio por sus labores de albañil. Un vecino lo llevó  y en el trayecto, se le escapó la frase: “esto me puede llevar a la cárcel”.

Fue entonces cuando se pericia nuevamente las tórulas impregnadas en la sangre de las víctimas, evidencia recogida en el domicilio, análisis realizado por la Universidad Austral, el que determinó que   tres de ellas  tienen material inorgánico, el que finalmente se determinó que correspondía a yeso.

Finalmente, el estudio comprobó que las muestras del zapato y chaleco de Rubén Carrasco coinciden en sus trazas de yeso con los encontrados en la escalera del domicilio.

Así, la fiscalía realizó, en junio de este año,  la exhumación  de ambos cuerpos, y fue en el de Matías, específicamente en el pelo, donde encontraron rastros de yeso, los que según el perito de la Universidad Austral, son coincidentes con los encontrados en la escalera y alfombra de los dormitorios donde estaban las víctimas, además de  los zapatos y la ropa.

En otra evidencia, la Fiscalía presentó fotografías de los cuerpos de las víctimas, las que dan cuenta de las lesiones que les causaron la muerte, como fracturas en la cabeza, provocadas con un objeto contundente, y cortes y puñaladas en el cuello.

Así, un peritaje estableció que las primeras lesiones fueron llevadas a cabo con un martillo con  punta por un lado y liso por otro, lo que es coincidente con las lesiones de estallido craneal que ambas víctimas tenían.

Fue otro testigo quien aclaró ese punto: el concuñado de Carrasco trabajaba con él en una obra a pocas cuadras de la casa de las víctimas. Él les explicó que el imputado usaba esa herramienta, conocida como picasal, y que el hombre se ausentó de sus labores a la hora en que habría ocurrido el crimen.

Así, la Fiscalía lo formalizó por los delitos  consumados de femicidio, homicidio calificado y hurto simple, ya que habría robado especies de la vivienda por $1 millón, y solicitó prisión preventiva.

Sus defensores, Ignacio Iturrieta y María Francisca González, se opusieron a la medida cautelar  y calificaron de “insuficiente”  y de “prueba indiciaria”, la evidencia presentada por el Ministerio Público.

Sin embargo, la magistrada  Antonia Flores Rubilar decretó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío  Bío por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

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