El verano y los primeros meses de 2018 han sido críticos en el recinto, con incautaciones de armas, agresiones mutuas y a los funcionarios. Ellos mismos plantean hoy las mejoras que hay que hacer en Justicia Juvenil.
Poco a poco, la realidad del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel se va haciendo conocida a la ciudadanía. La muerte de Lissette Villa, en un centro de Sename en Santiago hace dos años, abrió de a poco la conciencia de las personas sobre las deficientes condiciones en las que viven los niños y adolescentes en estos centros.
Sin embargo, aunque hay mayor comprensión para los niños recluidos en recintos de protección, aún falta concientizar sobre la necesidad de trabajar en los centros donde están internados los adolescentes infractores de ley: la mayoría de ellos fueron vulnerados en sus hogares antes de pasar a ser victimarios, muchos de ellos tienen adicciones a drogas y medicamentos, tienen patologías psiquiátricas y llevan años sin pasar por un colegio.
Con esta compleja realidad trabajan los educadores del recinto. Funcionarios que al llegar por primera vez al lugar son enviados a las distintas casas, donde deben aprender de sus pares las dinámicas propias del lugar, ya que no existe un proceso de inducción de las dinámicas propias de un centro. De hecho, existen funcionarios que apenas aguantaron un día en el trabajo, ya que no contemplaron o no sabían el escenario con el que se iban a encontrar.
En octubre de 2017, un intento de suicidio masivo de adolescentes en el centro puso en el ojo público al recinto, lo que reveló además las falencias de administración del recinto, agudizadas en la última administración de Sename, en manos de la ex directora regional Rina Oñate.
Así se supo que el recinto había tenido una rotación de directores y que el jefe técnico del recinto, hoy desvinculado, estaba cuestionado desde la misma Dirección Nacional.
Los episodios críticos se agudizaron y en los medios de comunicación aparecieron peleas entre jóvenes, ataques a educadores y a los mismos gendarmes.
Y es que los educadores deben acompañar y motivar a los jóvenes en sus actividades, pero todo cambia en días complejos, donde deben contener las acciones violentas de los jóvenes.
Turnos de 12 horas, donde en periodos de vacaciones llegan a trabajar hasta 36 horas seguidas, jóvenes con un perfil más violento de los de antes, un centro que no ha tenido modificaciones desde el inicio de la ley penal adolescente en 2007, son algunas de las dificultades que enfrentan los educadores y que revelan en este reportaje.
Más de 10 años lleva en el centro como educador nocturno del CIP-CRC. “Y hoy los jóvenes están muy cambiados, antes había respeto, ahora se ha perdido. Además, que ahora a estos chicos los agarran maleantes más grandes para usarlos, y como tienen dinero, se creen verdaderos bandidos, cuando apenas son niños”.
Para el educador, es complicada la relación que hay con los gendarmes que custodian a los adolescentes, “y ahora los desórdenes son pan de cada día”.
Agregó que su experiencia lo ha ayudado para no ser víctima de ataques de los jóvenes, y para estar consciente de quiénes son ellos. “La mayoría son hijos de madres y padres adolescentes, vienen de entornos vulnerables, entonces vienen vulnerados y maltratados desde la casa, mal alimentados, sin ir al colegio, entonces ellos no entienden si uno los maltrata, están acostumbrados. Entonces así no hacen caso, es imposible. Entonces hay que tratarlos bien y ayudarlos en lo que uno pueda”.
Sin embargo, hoy se sumó una nueva dificultad: han ingresado adolescentes con consumo de diferentes drogas, y con enfermedades psiquiátricas, “y nosotros no estamos preparados para eso, entonces deberían asistir a algún lugar especial, pero lamentablemente eso es caro, y el Estado no está dando esas garantías”.
Recordó que en el centro antes era común el ingreso de marihuana, y hace tres o cuatro años, comenzó la entrada de pastillas al recinto, “y acá no hay una máquina o un perro antidrogas que las detecte, y con eso cambiaría la cosa”.
El educador explicó que las fallas se agudizaron con la implementación de la Ley Penal Adolescente, “la que comenzó a funcionar con nosotros en este mismo recinto, que no es apropiado para los jóvenes. Está lleno de pasillos, casas, recovecos, túneles, entonces es fácil que los jóvenes escondan cosas. Se necesita una infraestructura en la que todos nos veamos a la cara”.
Agregó que no es un trabajo “en el que se vean muchos frutos, pero con los años he podido ver a algunos jóvenes trabajando, pero necesitamos el apoyo de las autoridades”.
Archivo
Educador nocturno del CIP-CRC, tiene 52 años y 20 años de experiencia en el tema. “He visto pasar directores y directoras, y el tema no cambia. Hoy estamos un poco más en el ojo del huracán, pero nada más”.
La única modificación que le tocó ver fue la implementación de la Ley Penal Adolescente en 2007. “Partimos con los mismos centros, no hubo ninguna habilitación en el centro, se echó a andar con lo que había, sin recursos humanos adicionales y con la misma infraestructura que teníamos hasta ese minuto”.
Para Fuentes, lo que hoy ocurre en el centro, tras los incidentes de octubre pasado, tiene varias explicaciones.
“Antes pasaban cosas, pero quedaban entre esas cuatro paredes y no salía mucha información a la prensa, no sé si eso es bueno o malo. Hoy todo es de conocimiento público”, planteó. Por eso, hoy los jóvenes están conscientes de que su situación actual aparece en los medios de comunicación.
Además, el educador recordó que enero y febrero fueron meses difíciles: “en el verano tuvimos muy poca gente, entre desorganización, licencias y vacaciones, pero hay un grupo de funcionarios que ‘pelan el ajo’ todos los días, se reinventan, hacen talleres para entretener a los chiquillos y que los materiales los pagan ellos de su propio bolsillo, hay muchas personas que le ponen mucho empeño para sacar este tema adelante, porque somos los educadores todos los días los que estamos donde las papas queman”.
En cuanto a las agresiones que han sufrido los educadores, cree que en su caso lo ayuda la experiencia. “De algo servirán los años de circo y funcionar desde la afectividad. Yo a los chiquillos los trato como personas y con respeto mutuo”.
Planteó que hay muchas necesidades y carencias en el recinto, como elementos de detección de drogas, “porque sí ingresa, y eso no se ve en el detector de metales. En el centro faltan un montón de cosas, en especial actividades de recreación para los chiquillos, porque si están ociosos se ponen a pensar tonteras que van en contra de ellos mismos”.
Archivo.
Además de educador del centro, Alejandro Saavedra es el presidente de la Asociación Regional de Funcionarios (Anfur). A su juicio, los desórdenes se deben a que “los chiquillos se empoderaron, y ése es un tema complejo. Si Gendarmería no ingresa cuando ellos se agreden o atacan a algún funcionario, la cosa es más complicada. Y si el chiquillo sigue en el centro después de que agrede a alguien, ellos ven que no hay ninguna consecuencia sobre sus acciones disruptivas”.
Otra complejidad es que en el recinto conviven menores con mayores de edad, los que lideran los desórdenes, “entonces tienen otro tipo de actitud”. Sin embargo, Saavedra explicó que la gran mayoría de los adolescentes no es así, “pero el problema está en que si no se pliegan a los desórdenes, después les pegan”.
Saavedra también reconoció que muchas veces la labor se ve afectada porque hay colegas con licencias médicas y fueros gremiales, y eso complica sobre todo en los veranos.
“Somos 90 educadores y deberíamos sobrar, porque hay cerca de 50 jóvenes en el centro, pero hay casas donde hay 4 a 5 jóvenes con dos educadores, y algunas incluso con tres. Pero en el verano estuvimos de a un funcionario por casa. Había apenas siete educadores y un coordinador. O sea no podíamos hacer nada”.
Agregó que están expuestos a insultos, encierros, intentos de acuchillamiento, golpes con objetos contundentes, “hechos que saben las autoridades, pero ahora corresponde tomar otro tipo de medidas, como invertir en la infraestructura. No puede ser que en un patio estén mezclados los jóvenes imputados con los condenados. Y eso es una cantidad enorme de millones”.
Para Saavedra, es clave que se completen los cargos que están pendientes, comenzando con el de director regional, que aún funciona con un subrogante, y los que están pendientes dentro del centro, “porque estamos trabajando con apenas un sicólogo para todos los jóvenes, porque el otro renunció. Tampoco hay jefe técnico, entonces todo avanza lento”.
Agregó que se debe cambiar el modelo de atención, “porque los cabros de hoy no son los mismos de 2007. Hoy son confrontacionales. Los tratamos de separar en distintas casas, pero hay cuatro jóvenes que son los que lideran los desórdenes, que no adhieren a nada, algunos son mayores de edad, entonces de verdad que no es mucho lo que nosotros podemos hacer con ellos”.