Documentos revelan que el Departamento de Justicia Juvenil informó este hecho a Rina Oñate. A dos años, el recinto sigue en una crítica situación.
El pasado domingo 25 de febrero, Diario Concepción reveló que el Sename Bío Bío se negaba a cumplir las exigencias de la Dirección Nacional sobre el funcionamiento del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, tras el intento de suicidio de siete jóvenes en octubre de 2017.
El informe entregado por el Departamento de Justicia Juvenil daba cuenta de que la directora regional de Sename no había respondido los requerimientos realizados por ese departamento, ni respondido los memorándum enviados desde la misma Dirección Nacional.
Las conclusiones de ese informe apuntaban a “una conducción del CIP- CRC “desorganizada y con escaso liderazgo técnico que afecta negativamente la estabilidad, funcionamiento y rutina del centro”. Aseguraba que la rutina diaria de los jóvenes “es escasa y poco diversificada, con casi nula participación de los jóvenes para elaboración de talleres que sean de su interés”.
El informe también denunciaba que “los adolescentes no reciben una atención integral de salud mental y que el centro no se está anticipando frente a situaciones de riesgo para los jóvenes que puedan generar eventos críticos o alteraciones en la rutina diaria del centro. También, consigna que en el recinto son separados del grupo los jóvenes con tratamientos psiquiátricos, psicológicos y en tratamiento por consumo de drogas y alcohol, lo que va contra la ley”.
El documento entregaba siete recomendaciones, como revisar las estrategias preventivas para minimizar el ingreso de droga al centro; coordinar con la red de salud mental la oportuna atención de los adolescentes; eliminar el espacio de separación de grupo, ya que está inhabitable por insalubridad y, si el adolescente es separado, debe contar con una rutina establecida, dejando en claro que no se debe aplicar esa medida para los adolescentes con diagnóstico de salud mental. Sin embargo, el 15 de febrero de este año, la directora nacional, Solange Huerta, le solicitó a Rina Oñate responder los tres memorándum enviados, los que no habían sido contestados, “mencionando las medidas tomadas para el abordaje y apoyo del adecuado funcionamiento del centro”.
Años de incumplimientos
Sin embargo, no es primera vez que algo así sucede en el recinto coronelino. Informes de 2016 obtenidos por este medio dan cuenta de que en febrero de 2016, el entonces jefe del Departamento de Justicia Juvenil, Hugo Herrera, envió a Oñate un memorandum reservado, donde, tras revisar el plan de acción del centro enviado a Santiago, se concluyó que un 60% de las acciones comprometidas se encuentran sin ejecución y su no cumplimiento “trae consecuencias negativas para los jóvenes que se encuentran en el centro, tanto a nivel de intervención como en su bienestar y el proceso de intervención social”.
Entre las acciones no cumplidas están, en el área de seguridad: conocer los avances del proyecto de normalización general del sistema eléctrico e iluminación del gimnasio, habilitar ventanas en sección hospitalizados, instalar nuevos policarbonatos en las casas CIP.
En el área de Taller e Intervención, quedó pendiente habilitar una dependencia destinada a taller de música para el aprovechamiento de los talleres musicales disponibles.
En espacios comunes, pavimentar las veredas interiores del sector CIP, reparar las tapas del sistema de patios del sector CRC y recuperar los baños destinados a funcionarios Sename.
En Iluminación, conservar y recuperar el sistema de iluminación de acuerdo al diagnóstico inicial.
Tampoco se planteó un modelo teórico de intervención de acuerdo a la trayectoria delictual, no se restableció rutina socioeducativa de talleres diurnos y nocturnos, no se elaboró programa de trabajo para la ejecución de turnos de refuerzos, ni se elaboró una propuesta para el sistema de turnos del centro.
Nueve meses después, en noviembre de 2016, Iris Fuenzalida, jefa (s) del mismo departamento, envió a Rina Oñate el informe de la profesional Paulina Fuenzalida, elaborado tras visitar el CIP-CRC.
En ese informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, queda constancia de que el motivo de la visita fue “una asesoría técnica al CIP-CRC de Coronel, en materias de salud mental, especialmente en Detección y Manejo en Riesgo Suicida”.
Consigna que “las dos últimas semanas de octubre aumentaron considerablemente los intentos de suicidio entre los jóvenes”. Sin embargo, en el recorrido sólo pudieron visitar la unidad de Salud, ya que el jefe técnico informó que los funcionarios de turno no abrirán las puertas de las casas de los sectores CIP y CRC por estar plegados al paro del sector público.
En esa visita, nuevamente se pide cuenta del plan de acción comprometido para el centro durante el año 2015, para ejecutarse en 2016, no se estaba realizando. Por eso, el director pide más plazo, ya que lleva apenas tres meses en el cargo.
Nueva visita
Pero en diciembre de 2016, la misma profesional volvió al recinto y en un informe enviado a Rina Oñate el 29 de ese mes, deja por escrito que “los eventos críticos no han cesado, afectando el funcionamiento interno”. En sus conclusiones, afirma que la mayoría de los jóvenes no tiene registro de intervención; no hay registros de intervención de coordinador formativo y terapeuta ocupacional; había carpetas de jóvenes sin documentación que diera cuenta de su proceso judicial y había retrasos en la aplicación de diagnóstico inicial de salud mental.
En sus conclusiones, se deja presente “que el referido plan del centro fue solicitado por la directora regional, durante el año 2015, en función de los niveles de complejidad presentados por el centro en materia relacional y conflictividad entre jóvenes, incluyendo un caso grave de apuñalamiento”.
Y agrega: “Respecto a las intervenciones de los jóvenes se puede evidenciar a través de las carpetas de ejecución, que éstas no están siendo efectuadas, al no encontrarse los registros que den cuenta de la intervención por parte del equipo técnico, situación grave, en consideración a que en los meses de octubre y noviembre los eventos críticos en el CIP-CRC aumentaron notablemente sobre el estándar nacional”.
Y concluye: “La región no ha mostrado avances de ningún punto adquirido como compromiso durante el año 2016”.