El documento tomó en cuenta los testimonios de niños y adolescentes, entrevistas a los adolescentes y la observación de los funcionarios. La directora regional del organismo confirmó que las denuncias tendrán seguimiento.
Entre enero y abril de 2017, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), realizó una misión de observación, visitando 171 centros del Sename, equivalentes al 83% de todos los centros de la red nacional, en los que residen niños, y adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado, entrevistando a 405 niños (de 8 a 17 años) y ejecutando una encuesta autoaplicada a mil 76 funcionarios de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) y de Convenios Organismos Colaboradores Sename (Ocas).
Además se aplicó una encuesta institucional a los funcionarios para evaluar sus condiciones laborales.
Las conclusiones son aterradoras, ya que los niños develan casos de abuso sexual, violencia entre pares y castigos hacia los niños, como dejarlos sin comer, despertarlos en medio de la noche, dejarlos sin visitas de su familia, llevarlos solos de noche al patio, bañarlos con agua fría e incluso maltrato físico grave, como patearlos o quemarlos con cigarrillos.
321 niños y niñas señalaron haber recibido algún tipo de castigo. Ello representa una prevalencia año igual al 84.3%. Dicho de otro modo, 8 de cada 10 niños en los centros de protección de Sename reportó ser castigado por parte del personal, durante los últimos 12 meses.
En el mismo informe, en la página 29, se da cuenta de un caso ocurrido en Concepción: “las contenciones se realizaban entre cuatro o tres tíos, durante media hora o cuarenta minutos, y los tiraban al piso, les doblaban el brazo hasta que se calme su ira”. Hablaban de contenciones agresivas como algo natural. Refieren también que una tía mete la cabeza de un niño de seis años en un horno caliente, hasta que se sofoque”.
En la página 31, otro ejemplo ocurrido en la zona: “Los castigos son permanecer en una pieza dos o tres días, donde solo pueden salir a comer o al baño. Los celulares están requisados, puesto que los niños graban a otros en las duchas, y los suben en Facebook. Dejar sin comer era una forma de castigo, lo cual era comentado con humor por los niños (ya estaba naturalizado). Otra forma de castigo de los tíos, era que el resto de los jóvenes le haga la ley del hielo, una especie de muerte social”.
Además, algunos testimonios de trabajadores de los centros registrados por los equipos del Indh grafican las dificultades que deben enfrentar cotidianamente como el siguiente: “Comentan la soledad y el abandono que sienten en términos institucionales, el fracaso de las intervenciones, la alta rotación del personal y la falta de coordinación en red. Con respecto a la alta rotatividad del personal, se explica porque no resistirían el maltrato de parte de los jóvenes. De este modo, los dos educadores no llevaban más de un mes y carecían de manipuladora en la cocina. O el siguiente relato de un profesional de un centro: “aquí las necesidades básicas están cubiertas, pero solo eso, comida e higiene personal; no somos autoridad; ya ni siquiera los carabineros vienen”. Situaciones que incluso les hace sentir inseguridad y temor como se describe en el siguiente relato: “refiere temor ante eventuales agresiones por parte de niñas bajo tratamiento psiquiátrico”. Ambos casos son recogidos en un centro ubicado en Chiguayante.
También se constata escasa capacidad de manejo de situaciones de desborde emocional y de agresiones entre las niñas por parte del personal del centro, el que no logra dar respuesta oportuna y eficaz a dos episodios en los cuales se observa violencia verbal y física ejercida por parte de niñas hacia sus pares e incluso hacia personal de la misión de observación”, testimonio revelado en el mismo centro.
Mayoritariamente los niños y niñas que reportaron abuso sexual describieron haber sufrido tocaciones en sus partes íntimas (55,3%), seguido de voyerismo (16,7%) e insinuaciones de carácter sexual (16%).
Además de esta misión de observación en los centros de protección, el informe anual del organismo da cuenta de la situación de los adolescentes en centros de privación de libertad administrados por el Estado, donde también se da cuenta de los maltratos que sufren en esos recintos, como ser obligados a desnudarse en un allanamiento o tras una visita; el uso de gas pimienta, el ingreso a celdas de aislamiento, y los golpes y patadas como castigos.
Denuncias con seguimiento
La directora regional del Indh, Carolina Chang, precisó que visitaron los 28 centros de la Región y realizaron todas las denuncias pertinentes cada vez que se encontraron con alguna vulneración o delito, tanto a los Tribunales de Familia como al Ministerio Público.
“En la Región se replican las mismas prácticas que se detectaron a nivel nacional. Creo que todas las dimensiones que están en el informe son preocupantes, como el hecho que no existen protocolos definidos al detectarse un abuso sexual. Y es preocupante que haya niños que no sepan leer y escribir o que estén desescolarizados. Y aunque habíamos visto informes, una cosa es leerlo y otra cosa es verlo”.
Para Chang, al ser responsabilidad del Estado cuidar de estos niños, no debería haber ni abusos sexuales entre ellos ni violencia entre pares. Por eso, una de las recomendaciones es que los niños tengan cómo hacer denuncias de estos casos por medios confiables, porque tampoco existe un método establecido.
En cuanto a los castigos que detalla el informe, “y que algunos pueden revestir características de delito, es porque no existe una unificación de los criterios. Por eso, después de la misión capacitamos a 80 funcionarios en principios básicos de Derechos Humanos.
Ante las críticas al informe sobre los testimonios de los niños, aseguró que no es correcto bajarle el perfil sólo porque son niños. “A ellos les preguntamos cosas bastante simples. Y desde el punto de vista de la Convención de Derechos del Niño, queda claro que los niños tienen voz. Y no hay que olvidar que se entrevistó a más de mil funcionarios de Sename, además de la observación de los funcionarios del organismo a los centros”.
Chang g aseguró que el informe no termina acá, ya que se le hizo seguimiento a las denuncias realizadas. “La idea es que este diagnóstico sea un aporte, porque a veces los funcionarios sienten que sólo venimos a criticar y no es así”.
La abogada también se refirió al informe anual, que se refiere a la situación de los adolescentes privados de libertad, “donde hay situaciones graves, como que se desnude a los adolescentes o que se los obliga a hacer ejercicio hasta caer exhaustos. Y hay que entender que la responsabilidad penal adolescentes es distinta a la de adultos, porque la idea es que vuelvan a sus medios”.
Agregó que “no son prácticas excepcionales, ocurren más veces de las que quisiéramos. Y los niños tienen temor de denunciarlas, por eso cuesta pesquisarlas. Pero se les baja el perfil, diciendo que en el centro de Coronel hubo pseudointentos de suicidio, entonces allá se naturaliza que ellos llaman la atención intentando suicidarse, y eso no puede ser”.
En este último tema, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, precisó que “lo que nos llama la atención es que estas prácticas violentas sean generalizadas y que exista una violencia institucionalizada que se repite en todo Chile, y que no exista ni haya existido una política clara de hacerse cargo de las deficiencias que ya hay a nivel estructural. Eso fue lo que más nos preocupó”.
Además, precisó que ya hay muchas fuentes de información que están diciendo lo mismo, “y no ha habido ningún cambio. Y eso es aún más preocupante porque deja a los agentes del Estado como responsables de una situación grave de vulneración de derechos de niños y adolescentes”.
Pizarro concordó con Chang en que no puede ser que “el recurso para denunciar estas torturas es un buzón, y lo peor es que después de conocidas no pasa nada”. Por eso el defensor recordó que en el recurso de amparo acogido por la Corte que reconoció la violencia ejercida contra ocho jóvenes el 2017, los testimonios clave fueron los de los profesores de los adolescentes.
Robert Contreras, ex director regional de Sename, lamentó lo tardío del informe del Indh. “Siento que es como sacado de apuro a escasos meses de terminar el gobierno, el que ha sido el más cuestionado en estas materias, olvidando que los niños, niñas y adolescentes tienen dignidad, pues veo con preocupación que las políticas públicas que se implementan en infancia, son reactivas a momentos de crisis y no proactivas a las necesidades o búsqueda de soluciones a la forma que la sociedad en su conjunto, trata a nuestros niños “.
Agregó que el Estado como ente debe garantizar la protección de los derechos de las personas en todo ámbito, “pero debe tener un rol preponderante en la protección de quienes son los más débiles y quizás buscar ese estado de bienestar de que tanto se habla, para aquellos que no pueden acceder a las mismas condiciones que nuestros hijos y focalizar el punto de encuentro en propender a satisfacer esas necesidades de la mejor manera con la profesionalización del sistema y garantizar la debida protección de la niñez”.
Gonzalo Carrasco, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios (Afuse), afirmó que, en la zona, los centros Arrullo (lactantes) y Capullo (mujeres) reúnen las condiciones de habitabilidad para los niños. No así el Nuevo Amanecer (hombres), “que ha tenido un retraso tremendo”. El centro semicerrado es aceptable y el Centro de Coronel es de 1995 “se asimila a una cárcel, y se han hecho mejoras como parches”.
En cuanto a los malos tratos denunciados, “el problema es donde está el equilibrio en el uso de la fuerza para contener. Yo cuestiono la metodología del informe porque un niño o adolescente te puede decir cualquier cosa, y creo que el informe debió recoger evidencia y realizar las denuncias que correspondan”.
Declaración de Sename
El director regional (s) de Sename, Patricio Muñoz informó mediante un comunicado que no realizará comentarios, ya que el Sename está en proceso de lectura y análisis de los extensos documentos que lo componen.
“En relación a la detección de maltrato o abusos, el servicio en aquellos situaciones que ha tomado conocimiento de circunstancias que podrían ser constitutivas de delitos, ha denunciado al Ministerio Público, ha informado a los tribunales de familia y a las familias, se han realizado las investigaciones sumarias aplicando sanciones en aquellos casos que lo ameritan. El Sename tiene tolerancia cero con cualquier tipo de maltrato en sus centros y ha instruido protocolos que se deben realizar ante estos eventos, y hemos realizado acciones de capacitación hacia nuestros funcionarios en ese sentido, como también intervenciones que apuntan hacia la superación de estos posibles eventos en los niños, niñas y adolescentes. Basta un caso de maltrato o abuso para que sea intolerable y la sanción debe ser ejemplar”.
Precisó que “los castigos no tienen cabida en el Sename, es intolerable ese tipo de acciones en nuestro servicio. Quien lo realice se arriesga a ser denunciado y a recibir las sanciones administrativas y penales que le corresponden. Otra situación es establecer marcos normativos de convivencia con refuerzos positivos y negativos”.