Fallo se fundamenta en que se debe resguardar la integridad física y síquica de los jóvenes. Defensoría y Tierra de Esperanza se refirieron al caso.
El Juzgado de Familia de Coronel ordenó el traslado del teniente John Cruz, jefe del destacamento de Gendarmería y de Raúl Fuentealba Guzmán, coordinador de turno del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, tras los apremios ilegítimos que sufrió el joven J.A.M.F., el pasado 15 de octubre, cuando ocho adolescentes internados en ese recinto denunciaron haber sido agredidos por personal de Gendarmería, con golpes de pies, bastones y gas pimienta, el 15 de octubre pasado, tras volver del hospital, debido a un masivo intento de suicidio provocado por la ingesta de medicamentos.
En la causa además se hizo parte la Fundación Tierra de Esperanza, ya que fueron los educadores del colegio El Renoval, que depende de esta organización, los que revelaron los testimonios de los adolescentes.
En el fallo del tribunal coronelino, se decreta “la prohibición de acercamiento respecto del adolescente al gendarme, estableciéndose la obligación de la prohibición de acercarse a él”.
Además, ordenó que Gendarmería “realice las acciones administrativas que correspondan respecto de los hechos ocurridos en el CIP-CRC de Coronel, teniendo presente que las vulneraciones estarían asociadas a un maltrato físico grave respecto del grupo de adolescentes involucrados en los hechos”.
Desde Gendarmería, y mediante un comunicado, se respondió que “dando cumplimiento al fallo del Tribunal de Familia de Coronel, autoridad regional de Gendarmería dispuso trasladar en cometido funcional al teniente John Cruz Ruiz hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coronel. En su reemplazo asumirá el cargo de alcaide en el CIP-CRC de Coronel, transitoriamente, el teniente Fernando Molinet, dispuesto en cometido funcional para tales efectos”.
En cuanto al coordinador de turno, Raúl Fuentealba Guzmán, el tribunal ordenó “que se adopte como medida de protección la modificación de sus funciones para efecto de resguardar la integridad, tanto física como emocional del adolescente, dada la grave vulneración sufrida, cumpliéndose la misma reasignándolo en sus funciones dentro de la institución”.
Además, el fallo ordena que el adolescente sea derivado al programa de Intervención Especializada, de la Fundación DEM en Coronel, por nueve meses. Éste se dedica a contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños y adolescentes víctimas de negligencia grave, abandono y explotación sexual comercial.
La sentencia ordena que “se oficie al Instituto de Derechos Humanos para que adopte las medidas que estime pertinentes”.
Pese a que se consultó a la Dirección Regional, Sename no se pronunció sobre la resolución.
Reacciones
Pedro Canales, director ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanza, afirmó que “el fallo del Tribunal de Familia nos confirma la importancia del trabajo que hacemos. Cuidar y defender los derechos de la infancia y la juventud seguirá siendo nuestro norte. Esta resolución judicial les asegura a los jóvenes que pueden confiar en la justicia y que no están solos. La Fundación continuará trabajando por ellos y estaremos atentos cada día para entregarles oportunidades que les permitan superar las circunstancias que los llevaron a estar privados de libertad”.
El defensor regional Osvaldo Pizarro, institución que presentó un recurso de amparo en favor de los adolescentes y que el mes pasado fue acogido por la Corte de Apelaciones, explicó que el problema de fondo es la gran cantidad de entradas de gendarmes que se solicitan desde el recinto para hacerse cargo de incidentes críticos.
“Es evidente que los educadores solicitan reiteradamente estos ingresos para que los gendarmes se hagan cargo de incidentes, y eso parece desmedido. Eso no es razonable, porque los profesionales de Sename deben tener las habilidades, la capacidad y las herramientas para poder manejar las situaciones de conflicto y evitar que Gendarmería ingrese, sino que cumpla con su deber de la seguridad perimetral. Hay que dejar como última instancia el ingreso de Gendarmería, pero eso no ocurre, y se termina con situaciones como las que resolvió el Tribunal de Familia y la Corte de Apelaciones”.