Por: Carolina Abello /Marcelo Castro
Unánime fue la decisión de la Corte Suprema que dejó en libertad a los ocho comuneros mapuche detenidos en el contexto de la “Operación Huracán”, es decir, la investigación por los ataques incendiarios a camiones en el sur del país.
La decisión se tomó tras el recurso de amparo presentado a su favor por la Defensoría Penal Pública, que argumentaba que no había pruebas suficientes para mantener su prisión preventiva.
El encargado de dar a conocer el esperado fallo fue el ministro Milton Juica, quien explicó que la decisión de admitir el recurso de amparo fue adoptada de manera unánime por los magistrados de la Segunda Sala. “Fue por unanimidad en la inobservancia del cumplimiento del requisito contemplado en la letra B del Código Procesal Penal”.
Esto significa que para el máximo tribunal, no existían antecedentes suficientes que permitan presumir que los ocho detenidos habían tenido participación en los delitos que se les imputaban. “El tema no pasa por calificar el mérito de las investigaciones. Pasa porque advertimos deficiencia de un tribunal, en que no hay un análisis de si los antecedentes son suficientes o no para una investigación”.
Agregó que los ocho comuneros siguen formalizados y las pesquisas siguen su curso. “Lo único que ha pasado es que no ha sido posible justificar una medida de prisión preventiva y la formalización por los delitos terroristas sigue su curso. Y el Ministerio Público solicitarán lo que corresponda en el curso de esta investigación”, finalizó.
Para el fiscal nacional, la resolución no es un fracaso para el Ministerio Público. “Al contrario, aquí hay un problema meramente formal de una resolución judicial, lo que ocurre con alguna habitualidad. En consecuencia, simplemente nosotros seguiremos adelante con nuestra investigación y reiteraremos, si corresponde, la petición de la prisión preventiva”, dijo.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro, llegó hasta el penal Bío Bío, donde estaban recluidos tres de los ocho detenidos: Héctor Llaitul, su hijo Ernesto y David Cid Aedo. Allí explicó los alcances del fallo a los familiares que esperaban su salida.
“La Corte Suprema dejó en claro el estándar de fundamentación que tiene que tener una resolución que priva de libertad a ocho personas. En este caso no existía ningún antecedente que vinculara las imputaciones a una participación determinada y eso hace que la resolución fuera ilegal”.
Precisamente, el cuestionamiento va a una de las pruebas de la Fiscalía: la interceptación de los teléfonos celulares de los detenidos, donde mediante comunicaciones de Whatsapp, y con apodos, se daba cuenta de la planificación y resultados de los atentados.
Para Pizarro, que estas detenciones hayan sido declaradas ilegales “es un antecedente importante para el desarrollo de la investigación”.
El seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, aseguró que los fallos judiciales deben ser acatados. Agregó que esperan que con la resolución los detenidos no pasen a la clandestinidad, ya que la investigación sigue su curso.
El fallo causó desazón en las víctimas de delitos en la provincia de Arauco. Mauricio Sepúlveda, presidente de la agrupación Paz y Diálogo en el Bío Bío, afirmó que “la justicia no está con las víctimas de estos ataques terroristas. No tenemos una justicia que se haga cargo de todo esto”.
Consultado por los argumentos de la Suprema en cuanto a que consideró presentadas por el Ministerio Público que las pruebas no eran suficientes, dijo que “las pruebas existen, las tienen las policías, las tiene el subsecretario Aleuy que para eso fue a Argentina, pero esto fue un subterfugio legal para alargar este tema”.
El dirigente se refirió con esto a las vacaciones de Mahmud Aleuy, supuestamente molesto por el retiro del Gobierno de la querella por ley Antiterrorista en el caso Iglesias, cuando él estaba de viaje en el vecino país, donde se reunió con la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, con quien abordaron la venta de armas que habría en torno al conflicto mapuche y anunciaron el cierre de 12 pasos fronterizos no habilitados en la Región de la Araucanía.
Sepúlveda dijo que espera que con ellos en libertad no aumenten los hechos de violencia en las provincias de Arauco, Bío Bío y en la Región de La Araucanía. “Todos pueden darse cuenta de que en el tiempo que estas personas estuvieron privadas de libertad no hubo ningún atentado en estas zonas”.
Isidoro Valenzuela M.
A las 16:50 horas, en las afueras del penal Bío Bío, las trutrucas y los palines resonaban fuerte. A esa hora, Héctor Llaitul, su hijo Ernesto y David Cid Aedo abandonaron el recinto penal penquista.
En las afueras eran esperados por una decena de familiares y otra veintena de simpatizantes de la causa mapuche, quienes a medida que los tres formalizados por la Operación Huracán se acercaban a la reja del penal, comenzaron a elevar el nivel de sus vociferaciones, igual que los gritos en contra de los medios de comunicación presentes en el lugar.
Al cruzar la reja los tres comuneros fueron encaminados hacia un vehículo Kia gris, en donde abandonaron el régimen de prisión preventiva.
En tanto, los simpatizantes por la causa mapuche comenzaron a atacar a los medios presentes en el lugar, impidiendo captar alguna declaración del líder de la CAM, su hijo y el ex mirista Cid Aedo. Allí, el fotógrafo de Diario Concepción, Isidoro Valenzuela, recibió un golpe en el estómago, mientras que otros reporteros recibieron insultos y la rotura de sus elementos de trabajo. Mientras esto ocurría, Pamela Pezoa pedía a los manifestantes dejar de atacar a los medios presentes, pero hicieron caso omiso.
Tras retirarse del lugar las personas detenidas, los manifestantes también abandonaron el lugar en locomoción colectiva.
Isidoro Valenzuela M.