Esta vez el turno fue para la Dirección del Trabajo, que a las 7.30 horas fue objeto de un ataque con rayados y roturas de ventanales, perpetrado en supuesto apoyo a trabajadores en huelga.
Por: C. Abello/ M. Castro / F. Bañados
Preocupación existe entre las autoridades de la zona, por una segudilla de hechos que se vienen repitiendo desde hace dos semanas y que, esperan, no se transformen en costumbre. Si hace 10 días acaparó la pauta noticiosa la toma de la Catedral por activistas pro mapuche, hoy lo fueron los rayados y la destrucción de ventanales en la Dirección del Trabajo penquista, adjudicados por el Movimiento Juvenil Lautaro.
Ello, sumado a constantes barricadas, protestas callejeras, intentos de tomas a medios de comunicación, ha llevado al Gobierno a actuar con mucha cautela, pero también con firmeza. Al respecto, el intendente Rodrigo Díaz reafirmó lo expresado hace una semana cuando declaró que no dudarían en usar la fuerza pública cuando grupos intentaran influir en decisiones políticas o judiciales a través de medidas de fuerza, como protestas, tomas o huelgas de hambre, estratagemas que calificó de “posverdad” o “simplemente mentiras”.
Hoy, desde Santiago, siguió con la misma tónica: “Hemos visto casos de ciudadanos comunes y también de figuras públicas que son funados por redes sociales en publicaciones que nadie se preocupa de revisar si son ciertas y que son compartidas cientos de veces. Lo peor es que una vez que se aclaran los malos entendidos, nadie pide las disculpas correspondientes. Y esto, lamentablemente, es muy común y muchas veces es realizado de forma intencional”.
Recuentos de violencia
Los hechos de violencia ocurridos ayer por la mañana en la Dirección del Trabajo, se sumaron las barricadas en las calles en apoyo a los trabajadores contratistas movilizados de Claro Vicuña Valenzuela, quienes exigen el pago de sueldos y finiquitos, y el incidente que terminó con la vida del comunero mapuche Samuel Llebul en Cañete, cerca de las 23 horas del domingo.
Si bien se suponía que la tensión bajaría después de que el Gobierno decidió dejar de aplicar la ley Antiterrorista a los cuatro comuneros mapuches que estaban en huelga de hambre en La Araucanía (en efecto los comuneros depusieron su huelga de hambre en Temuco y en Concepción los activistas abandonaron la Catedral), ello no sucedió así.
Tal como se informó, a primera hora de ayer, desconocidos atacaron la Dirección Regional del Trabajo, ubicada en la esquina de la calles Chacabuco con Tucapel. Con objetos contundentes, los sujetos quebraron las puertas de acceso así como los ventanales que rodean el edificio. Además rayaron sus costados con pintura, tanto en la planta del primer piso como en las plantas superiores, daños que se avaluados en más de 4 millones de pesos.
Al lugar llegó el seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región, Rodrigo Alarcón, junto con el director regional del Trabajo, Paulo Otárola y personal de Carabineros, para evaluar los daños hechos al edificio y discutir las acciones a tomar frente a este hecho.
“Rechazamos tajantemente este tipo de acciones, sobre todo cuando se trata de aquella institucionalidad cuya función es resguardar los derechos de los y las trabajadoras de la Región del Bío Bío”, señaló Alarcón.
Otárola relató que “en horas de la mañana, a eso de las 7.30 a.m., desconocidos quebraron los ventanales de la entrada y de la parte lateral de la Dirección Regional del Trabajo. Lanzaron pintura de color rojo, además de arrojar panfletos alusivos a la causa mapuche y a un conflicto que se desarrolla en la cárcel El Manzano”.
Por lo anterior, el seremi del Trabajo, Rodrigo Alarcón, agregó que “estos hechos no apuntan en la dirección de seguir fortaleciendo y construyendo la democracia. Hemos primado y hemos establecido el diálogo como elemento fundamental y, por tanto, en función de eso, estableceremos la denuncia y posterior querella correspondiente contra quienes resulten responsables”.
Alarcón explicó que “analizaremos los antecedentes para ejercer las acciones legales respectivas. Este atentado se lo habría adjudicado el Movimiento Juvenil Lautaro, por lo que no se trata de una demanda sectorial, sino que política. Con respecto a los trabajadores de la cárcel, la situación está judicializada y la Inspección del Trabajo no tiene competencia”.
El tribunal laboral suspendió la negociación colectiva entre ambas partes, lo que se decidirá en una audiencia el próximo 6 de octubre.
“Lumpen y delincuencia”
La preocupación de las autoridades radica en que en el ataque a la Dirección del Trabajo se aludió al conflicto que desde julio rodea a las obras de la reposición de la cárcel El Manzano, donde un grupo de trabajadores se ha tomado ya en cuatro ocasiones las obras, en demanda por un supuesto no pago de sueldos y finiquitos por parte de la empresa Claro Vicuña Valenzuela. Los panfletos decían: “Solidaridad con los trabajadores de El Manzano. Respuesta a sus demandas ahora ya”.
Romilio Pasmiño G.
Y es que tras el último desalojo quedaron cuatro trabajadores sobre una grúa como forma de protesta. Ayer se presentó un recurso de protección a su favor, ya que aseguran que Carabineros no les permite a sus compañeros que se les entregue alimentación. Desde la empresa aclararon que se permitió que se les suba comida y que el punto fijo policial está ahí para evitar nuevas tomas, ya que en las anteriores han ocasionado daños, robos y destrozos por mil millones de pesos.
El punto es que en los lienzos desplegados en las obras de El Manzano hay también alusiones al conflicto mapuche, por lo que se cree que podría haber un nexo entre todos estos hechos.
Más aún, cuando fue el movimiento juvenil Lautaro el que se adjudicó el ataque a la Dirección del Trabajo, grupo que ya lleva seis atentados este año en la zona: a las dependencias de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), a las oficinas del Centro de Desarrollo de Negocios. En marzo de este año, atacaron la tienda Belgic, de propiedad de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, en Concepción, mientras que en Talcahuano atacaron la pesquera Blumar y las oficinas de Impuestos Internos.
Más aún, ayer hubo barricadas en distintos puntos de Concepción, que se cree que están ligadas a la protesta por El Manzano. Y en la provincia de Arauco, murió asesinado un comunero mapuche en un ajuste de cuentas, pero que en principio se creyó que había sido baleado por Carabineros, lo que contribuyó a enrarecer aún más el clima de desórdenes que la semana pasada invade al Gran Concepción.
La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, precisó que no se puede aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por las barricadas, ya que se trata de incidentes menores.
“Lamentablemente, estas situaciones se dan en distintos puntos. Y el modo de actuar es que queman basura y cuando nosotros llegamos no hay nadie, sin personas, solo los desechos. Nosotros tenemos la facultad de ejercer las acciones legales cuando hay detenidos”.
Agregó que toda la ciudadanía está molesta por estos hechos, “que están fuera de la normativa y hemos tenido la mejor disposición para revisar estas movilizaciones”.
El seremi de Gobierno agregó que junto a la gobernadora, se reunieron con ambas policías, para poder analizar esta situación “que afectó la vida de miles de personas que requerían trasladarse a sus trabajos. Quienes hacen estas acciones se dedican al lumpen y a la delincuencia. Y cuando atacan la Dirección del Trabajo, la demanda que sea está perdiendo el foco, porque no hay ninguna razón para que se ataque a una institución que protege a los trabajadores, y quienes protagonizan estos hechos son personas cobardes y que no tienen cabida en una democracia”.
Comunero murió en ajuste de cuentas
Confusión provocó en redes sociales, en la madrugada de ayer, la muerte del comunero Samuel Llebul Huenupil, de 23 años, baleado en el tórax en la comuna de Cañete, provincia de Arauco.
Esto, porque en primera instancia en las redes sociales se informó que el joven había fallecido víctima de disparos por parte de Carabineros, lo que provocó airadas reacciones de los cibernautas.
Sin embargo, fue el gobernador de Arauco, Humberto Toro, quien aclaró que el hecho se registró en un contexto de “ajuste de cuentas”, en la población Tucapel, donde otra persona disparó con una escopeta a corta distancia del pecho de Llebul, quien fue trasladado de inmediato al Hospital de Cañete, donde llegó fallecido.
Toro, quien añadió que esta situación no tiene relación con la participación de la policía ni con la huelga de hambre que mantuvieron cuatro comuneros por más de 100 días en La Araucanía.
Más tarde, la misma familia, a través de un comunicado, confirmó que la muerte de Llebul se debió a rencillas anteriores desde la cárcel.
El seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, aseguró que como gobierno lamentan la muerte del joven e informó que evalúan interponer acciones legales por la difusión de información falsa.
“La comunidad tiene que entender que muchas veces la información que circula en redes sociales no es certera y por eso el llamado es a informarse por canales oficiales. En menos de dos horas vimos cómo circuló información que no era cierta, por eso estamos analizando si existe mérito para presentar una acción legal. Esta región tiene experiencias lamentables de situaciones falsas que se esparcieron, como la versión de un maremoto que circuló hace años, por eso hay que informarse a través de canales oficiales”.
Ante este hecho, el intendente Rodrigo Díaz aseguró que “me parece muy grave el hecho de festinar con la muerte de una persona y atribuirla de inmediato a Carabineros cuando aún no se realizaba la investigación. Acá hay dos fallas grandes: la primera es el haber involucrado a Carabineros en un hecho que no tenía ninguna participación y que fue difundido ampliamente como verdad por diversos medios digitales y redes sociales; y lo segundo es que estamos hablando de una persona fallecida que tiene una familia y es esa familia la que debe soportar cómo se crea toda una historia ficticia alrededor de su hijo”.