En el senado debe revisarse ahora esta normativa, donde se discute el derecho de los niños en torno a su autonomía y la injerencia de los padres.
En el senado debe revisarse ahora esta normativa, donde se discute el derecho de los niños en torno a su autonomía y la injerencia de los padres.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
Al Senado pasó esta semana el proyecto que genera un sistema de garantías de los derechos de la niñez, el cual fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y donde se enfrenta una controversia respecto al modo en que los padres pueden criar a sus hijos.
Y es que la iniciativa tiene entre sus artículos el concepto de "autonomía progresiva", lo cual se entendería como una forma de evitar que los padres puedan revisar las redes sociales de sus hijos.
Esto, ya que el proyecto recalca que "todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales y los padres deben respetar este derecho, promover y orientar su ejercicio, y protegerlos de cualquier quebrantamiento ilícito de su intimidad".
Ese artículo dejaría a los padres sin derecho a vigilar las conductas de sus niños para impedir que sean víctimas de algún delito desde Internet, como el juego de la Ballena Azul, donde se induce a los adolescentes al suicidio, o de ser contactados por delincuentes sexuales.
Antonio Gutiérrez, presidente comunal del Centro de Padres y Apoderados de Hualpén, aseguró que están preocupados por lo que han podido informarse por los medios de comunicación. "Es nefasto, porque nosotros somos quienes los cuidamos. Vamos a reunirnos a conversar este tema, porque los niños tienen que sentir que están protegidos y este proyecto no puede prohibirnos saber en qué están nuestros hijos, no tendríamos control sobre ellos".
La diputada UDI Claudia Nogueira es una de las principales opositoras a este artículo, y aseguró que uno de los problemas del proyecto es el concepto de arbitrariedad, "porque no sabemos quién lo define, y aunque está el artículo que dice que está el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, creo que el referido a la ilegalidad y arbitrariedad tiene que tener una mejor redacción, porque ahora no se sabe quién definirá si es arbitraria la intervención de los padres en este tema".
Para la parlamentaria, por ahora el proyecto es letra muerta, porque no está especificado quién se encargará de que éste proyecto se cumpla, "porque antes el proyecto incluía que hubiera burócratas detrás de un escritorio que mediaran en caso de que hubiera un conflicto entre un padre y un hijo, a través de una ley de protección administrativa. Y eso no está ahora, votamos en contra, es decir, la ley es una mera declaración de derechos, es letra muerta".
En la zona, el diputado Marcelo Chávez (DC), aseguró que ha habido una mala interpretación del proyecto, porque éste incluye un articulo que indica que los padres son quienes deben proteger la integridad de los niños a su cargo, por lo que los padres siguen siendo los responsables de guiar y proteger a sus hijos en el uso de Internet.
No habría impedimento
La doctora Gracia Navarro, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción, y experta en Psicología del Desarrollo y psicología Educacional, aseguró que, tras revisar el proyecto de ley, éste no impide a los padres supervisar las redes sociales de sus hijos. "Se puede constatar que lo que busca es precisamente garantizar que se satisfagan necesidades y se cumplan los derechos de los niños, especialmente cuando la familia no es competente en ello. Esto porque si bien entre los principios que estructuran el nuevo sistema de garantías está el de autonomía progresiva, conforme al cual todo niño es capaz de ejercer sus derechos, por sí mismo, de acuerdo a la evolución de sus facultades, edad y madurez, también está como principio el interés superior del niño, entendido como el disfrute y satisfacción de sus derechos y se plantea que los padres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente bajo su cuidado deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos y tienen la responsabilidad prioritaria de guiarle en el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión".
Para la académica, el problema central que puede tener una ley de este tipo está en que se parte de la base que el Estado, sus organismos y funcionarios tendrán la capacidad para comprender el espíritu del proyecto y sus fundamentos, de manera que al concretarlo en acciones o comportamientos específicos éstos realmente garanticen los derechos de los niños en su sentido más profundo y solo cuando la familia no es capaz de hacerlo y necesita ayuda.
En cuanto al uso de redes sociales en los menores, Gracia Navarro explicó que el proyecto plantea que los niños tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información en cualquier medio de comunicación social, especialmente aquélla contenida en soportes digitales de una forma adaptada a cada etapa de su desarrollo. "Por lo tanto, de no cumplirse las condiciones que la ley marco plantea, mi recomendación a todo padre o madre competente es proteger a sus hijos e hijas de información perjudicial para su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social". Agregó que el problema del proyecto en este punto está nuevamente en la forma de concretarlo y en la importancia que tendrá el gobierno de turno, para que los órganos de la Administración del Estado logren velar por que la información relevante para el desarrollo de los niños sea fácilmente accesible y esté disponible en un formato y lenguaje apropiados para aquéllos.
María José Millán, directora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, concordó con Gracia Navarro en cuanto a que el proyecto no impide a los padres supervisar el uso de redes sociales, ya que establece el derecho progresivo y adecuado a la etapa evolutiva del niños a hacer uso del conocimiento, la información y la expresión de su opinión.
Respecto a la vida privada, explicó que "todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales. Los padres o quienes tengan la responsabilidad del cuidado de los niños y las autoridades deben respetar este derecho, promover y orientar su ejercicio, y protegerlos de cualquier quebrantamiento ilícito de su intimidad. Por lo tanto, este proyecto de ley no deja a los padres excluidos de la educación y supervisión de los niños si no que promueve que estos derechos sean ejercidos según la etapa evolutiva y las capacidades de cada niño y especifica que los padres son quienes deben proteger la integridad de los niños a su cargo.
En cuanto a compatibilizar el derecho a la privacidad de los niños con el derecho de los padres a controlar lo que ven en Internet para protegerlos, agregó que eso se hace con una adecuada educación en cuanto al uso de los medios de comunicación desde la infancia temprana y con el establecimiento de una comunicación saludable desde que el niño es capaz de comunicarse. "Para establecer una comunicación saludable los niños deben saber que serán escuchados y respetados por sus padres y que no perderán el afecto aun cuando cometan errores. A pesar de que sus faltas puedan tener consecuencias, como que se les llame la atención o pierdan algún privilegio", finalizó la experta.