En la oportunidad estuvo presente el arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Juan Pablo Barra, quien conversó con algunos directores de obras municipales de la zona para explicar y aclarar dudas acerca de los detalles que implica la nueva normativa implementada.
En la oportunidad estuvo presente el arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Juan Pablo Barra, quien conversó con algunos directores de obras municipales de la zona para explicar y aclarar dudas acerca de los detalles que implica la nueva normativa implementada.
Sebastián Flores Sanhueza
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Grandes avances se han conseguido desde que en 2010 se promulgara la Ley 20.422 que regula los principios de igualdad e inclusión social a personas con capacidades físicas reducidas, ya sea en temas relacionados al ámbito de la educación, transporte, comunicación, entre otros.
Así, a principios de este año se logró implementar el Decreto 50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), actualizando sus normas respecto a la accesibilidad universal, ya sea en espacios de uso publico o privado y, especialmente, en edificaciones.
Esta modificación busca adecuar las ciudades del país a nuevos estándares pensados para todas las personas de una comunidad, mejorando así de manera considerable la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción realizó una charla para los socios de los comités de Arquitectura e Inmobiliario de la cámara y a directores de obras realizadas en la zona, con el fin de aclarar dudas sobre los cambios que significa el decreto.
Para ello se contó con la presencia del arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Juan Pablo Barra, quien señalo la importancia de realizar estos cambios ya que "actualmente una de cada cinco personas mayores de 18 años tiene algún tipo de discapacidad física".
A estas cifras se le deben agregar las personas de los otros grupos etarios, niños menores de 18 años y adultos de tercera e incluso cuarta edad, las mujeres en estado de gestación y personas con lesiones transitorias, este universo de personas con movilidad reducida bordearía el 60% del total nacional, según explica el arquitecto.
Como consecuencia de estos datos, se hace evidente que el impacto de la nueva norma es mucho más amplio si se considera que más de la mitad de la población diariamente se ve en la necesidad de acceder a diferentes espacios teniendo alguna discapacidad.
Aplicación de la norma
En lo que respecta a los tiempos de aplicación de la nueva norma, la Ley 20.422 mandata que las edificaciones que presten atención a públicos realicen adecuaciones necesarias dentro de lo posible en un plazo de tres años desde que se promulgó el Decreto 50 en marzo del presente año.
Para los espacios públicos la ley es más explícita, ya que todos estos espacios deberían estar adecuados en un plazo de ocho años desde que se promulgó, es decir, en febrero de 2010, lo que significa que deberían estar listos para 2018.
De esta manera, el presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán, señala que "el cumplimiento de la norma es una obligación, no se trata de si quiero o no hacerlo y la idea de realizar este taller, es ver como se interpreta la norma por parte de los directores de obra, para luego aplicarla".
Agrega que se debe entender que la implementación de las nuevas disposiciones van a ser graduales y considerando la complicidad de llevarla a cabo en ciertos lugares o edificios que no cumplan con las condiciones necesarias para realizarlo, por lo que se debería resolver en otros espacios.
En cuanto a la fiscalización, la principal novedad que trae esta nueva normativa, más allá de los cambios que se deban realizar en la infraestructura de la ciudad, es que se le otorga las atribuciones necesarias para que los directores de obras municipales puedan fiscalizar en la lógica de los bienes que ellos administran.
Juan Pablo Barra, explica en este caso que "hoy en día la mayor fiscalización la hacen los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos", lo que facilita la detección de falencias en edificios establecidos, mientras que los proyectos prácticamente ya no presentan problemas debido a que todos están normados.
Respecto a los costos que pudiera significar la implementación de espacios habilitados para personas con capacidades reducidas, comenta que los mayores problemas podrían evidenciarse en las edificaciones existentes, ya que no fueron concebidos con este propósito, a diferencia de los proyectos nuevos para los cuales tendrían costos marginales.
Importancia de la ley
Entendiendo que la ley es de un amplio interés publico y que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas o problemas para desplazarse por la ciudad, es que su buena implementación toma relevancia para lograr avances positivos en la sociedad.
"Para ser un país desarrollado, la inclusión de las personas y la sustentabilidad de las arquitecturas deben ser consideradas para lograr esos objetivos. Yo creo que la ley debe perseguir eso, en el sentido de aplicar estos reglamentos apuntando a lo que se pueda hacer según las condiciones que hayan", señala el presidente de la CChC Concepción.
Por su parte, Juan Pablo Barra concluye que "como Minvu creemos que todo proyecto como este, basado en la igualdad de oportunidades y la integración social, van en la linea correcta en el sentido de ajustarnos a los nuevos estándares internacionales para adecuar nuestras edificaciones y así convertirnos en una sociedad desarrollada e inclusiva".