La cifra se conoció en una audiencia de conciliación en la Corte Suprema, en donde el Consejo de Defensa del Estado no entregó otra alternativa.
La cifra se conoció en una audiencia de conciliación en la Corte Suprema, en donde el Consejo de Defensa del Estado no entregó otra alternativa.
Marcelo Castro Bustamante
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Los días 9, 10 y 11 de julio de 2006 pertenecen a una semana que casi siete mil vecinos del sector Collao de Concepción quieren olvidar. Días aciago, sus casas terminaron bajo las aguas a raíz de la salida de los esteros Collao y Andalién. En esa oportunidad, también resultaron inundados el Estadio Ester Roa Rebolledo, el Regimiento Chacabuco y el principal terminal de buses del Gran Concepción.
Desde esa fecha los afectados vienen dando una batalla judicial para recibir compensaciones por los daños causados a causa, según ellos, de la falta de obras por parte del Estado para canalizar ambos afluentes.
La última audiencia se realizó el pasado 23 de agosto, allí el abogado Adolfo Ortega participó de una conciliación con el Consejo de Estado del Estado (CDE).
Durante la audiencia, que se extendió por 45 minutos, el representante de los vecinos pidió una indemnización de $15 millones por cada afectado. Fueron $20 millones menos que los pedidos en la demanda ingresada en tribunales penquistas. Según el jurista "fue una instancia positiva, puesto que se puede lograr un equilibrio entre las pretensiones de ambas partes".
La cifra total pedida llega a los $96 mil millones, lo que según Ortega es totalmente pagable por el Fisco, "el CDE no llegó con ninguna propuesta, lo que para nosotros es bueno. Ellos escucharon nuestra propuesta y ahora habrá que esperar lo que nos ofrezcan".
Ortega valoró la intención de la Tercera Sala de la Corte Suprema de lograr una conciliación entre las partes, "aquí se hacen concesiones entre las partes, para que todos ganen y que ellos no lleguen con una propuesta no es un acto para dilatar el juicio, sino que quieren conocer nuestras propuestas y eso es bueno para lograr una solución definitiva".
En tanto, el abogado Francisco Pfeffer, que representa al CDE en la causa no estuvo disponible para responder las preguntas de Diario Concepción relacionadas con esta causa.
La próxima audiencia de conciliación quedo agendada para el martes 4 de octubre, en donde ambas partes deberán llegar a un acuerdo. En caso de que no se logre, será la Tercera Sala Constitucional del máximo tribunal del país, quien entregará una resolución que ya se encuentra en acuerdo.
Esperan justicia
A la audiencia realizada en la ciudad de Santiago asistió uno de los afectados. Se trata de Arturo Benítez Torres, cuya vivienda ubicada en calle Gorostiaga de Los Lirios terminó con 80 centímetros de agua al interior de ella.
Rememora ese día como si fuese ayer. "Nunca recibimos una señal de lo que se podía venir, por suerte y tenía unos sacos de arena en la casa, los que coloqué junto a mis hijos en las puertas de la casa. Aún con eso, no fuimos capaces de mitigar la gran cantidad de agua que cayó. Cuando empezó a entrar el agua, subimos las cosas al segundo piso, pero nos empezamos a inundar por el desagüe de los baños".
Don Arturo lo único que recuerda por parte de las autoridades fue la entrega de kits de limpieza por parte de la entonces alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe, pero de las otras autoridades no recibieron ni señas.
Este afectado está más agradecido de la empresa donde trabajaba que de las autoridades, "el gerente de Fanaloza nos colocó a los dos afectados que trabajábamos en la empresa, un equipo completo de limpieza, quienes nos ayudaron a extraer el barro y sanitizar la casa. Sin ellos, no sé cómo habríamos hecho esta labor".
De paso, recalca que nadie en su familia contrajo alguna enfermedad a causa de las aguas servidas que entraron en el hogar. Los daños a su casa y la ayuda entregada por la empresa los avalúa en más de $4 millones, los que no han sido compensados ni siquiera con el bono por $900 mil que les fue entregado tras las inundaciones. Esto sin incluir los días que estuvo sin trabajar y el daño psicológico generado, puesto que para cada lluvia prepara su casa para no volver a repetir lo vivido en 2006.
Larga batalla judicial
La primera resolución que recibieron los afectados fue un verdadero balde de agua fría, puesto que la jueza Margarita Sanhueza, rechazó la demanda civil interpuesta por ellos. A juicio de la magistrada, "los demandantes no lograron acreditar cuáles eran las obras necesarias y efectivas para facilitar el escurrimiento de las aguas". A la vez que "tampoco es posible determinar si los colectores proyectados hubieren resistido la cantidad de precipitaciones caídas de haber estado operativos". En este punto, los afectados explican que los 14 mm de agua caída en 24 horas fue la causa de las inundaciones y que estos colectores que se iban a construir fallarían. A la vez que el mismo Plan Maestro, que data del 7 de febrero de 2003, no estimó una saturación de los colectares ante una lluvia intensa, situación que tampoco pudo demostrar el Ministerio de Obras Públicas, considerando que la ley califica las lluvias como un "evento fortuito".
Ya hubo rebaja: Se mantendrá monto solicitado
Para Arturo Benítez Torres, uno de los afectados, seguir con esta acción judicial es lograr una compensación mayor, ya que luego que apaciguaran las lluvias, en 2006, nadie se acercó para ayudarlos. Ni siquiera, comentó, para lograr un avenimiento durante el proceso judicial.
Ahora él espera algo justo, que en su opinión, no se recompensa con los $500 mil otorgados recientemente por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Cabe precisar, los afectados se reunieron el pasado domingo 28 de agosto y acordaron mantener el monto de $15 millones, que ya significa una rebaja en el monto original, de $30 millones.