El magistrado explicó que no hay prisión efectiva en ninguno de estos casos pues falló según las penas que contempla la ley.
El magistrado explicó que no hay prisión efectiva en ninguno de estos casos pues falló según las penas que contempla la ley.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
Un positivo balance realizó el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, de su última dedicación exclusiva para estos casos.
En este periodo, el magistrado dictó sentencia en las causas de Hugo Candia y Máximo Neira, del ex alcalde de Cañete Elías Jana, de Héctor Fernando Velásquez Molina, de José Randolph, de Roberto Valdebenito Vira, y del ex intendente Fernando Álvarez Castillo.
"Tuve dos meses de dedicación exclusiva, dentro de un programa para acelerar las causas y dictar las sentencias exclusivas", dijo el juez, quien se refirió a algunos de los fallos de estas causas, algunas de ellas consideradas como emblemáticas.
Una de ellas es la de Fernando Álvarez, el último intendente del Bío Bío en el gobierno de Salvador Allende. En su investigación, el ministro Aldana estableció que Álvarez Castillo fue detenido en su domicilio y trasladado a la Base Naval de Talcahuano y desde ahí, hasta la isla Quiriquina, lugar donde permaneció detenido hasta el 5 de noviembre de 1973.
Ese día fue trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, recinto donde fue sometido a torturas por personal de Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) y del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la III División de Ejército, apremios que le causaron la muerte el 8 de noviembre de dicho año.
En la resolución fueron condenados el coronel en retiro de Carabineros, Sergio Arévalo Cid, y el suboficial del Ejército en retiro José Puga Pascua a penas de tres años y un día de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada.
"El fallo fue de acuerdo al delito por el que se procesó, que fue torturas con resultado de muerte, y por eso se le aplicó la pena que correspondía de acuerdo a la disposición legal y además se hizo lugar a la demanda civil".
Aldana precisó que a ambos procesados se les concedió este beneficio porque este delito tiene como sanción presidio menor en su grado máximo, y se les concedió una atenuante, por lo que podían acceder a la libertad vigilada.
La misma situación se repitió con el caso Randolph, en el que el magistrado condenó a Mauricio Edmundo Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, a la pena de 3 años y un día de presidio en calidad de coautores del homicidio, pero les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
José Randolph, alumno de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Concepción, fue detenido por la policía por una supuesta infracción de tránsito, y su cuerpo encontrado fue en los roqueríos de Rocoto, tras lo cual los involucrados intentaron simular el suicidio del joven.
"Si bien el delito era más alto, ya que es homicidio, se les calificó la conducta, y eso permitió que estuvieran en el grado de presidio menor en su grado máximo", explicó el ministro.
Aldana respondió a las críticas que se le han hecho por los familiares de las víctimas y el programa de Derechos Humanos, ya que en ninguna de estas seis sentencias hubo presidio efectivo.
"La pena está asignada en la ley. Para eso tiene determinados parámetros que son de acuerdo a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, especialmente las atenuantes respectivas. La pena que he asignado en estos delitos es la que corresponde y de acuerdo a las atenuantes es la que se aplicó. Esa es mi labor como juez, y es lo que debo cumplir y así lo he hecho en todo este tiempo".
En ambos casos, los familiares han anunciado que apelarán las sentencias ante la Corte de Apelaciones, que deberá resolver en estos casos.
En cuanto a su evaluación, Aldana dijo estar satisfecho con su trabajo de dos meses, "y esto nos permite proyectar que, dentro de dos o tres meses más, con este mismo sistema, dictar sentencias de causas que aún están pendientes".
El ministro precisó que tiene 9 causas pendientes para fallo, dos de ellas en etapa de prueba, dos más entrando a la etapa de plenario, los casos Alfa Carbón, por los crímenes de la Vega Monumental, y Mulchén, donde hay 25 tomos, 18 procesados y 15 víctimas, donde pedirá nuevamente dedicación exclusiva para dictar las sentencias. Aclaró que de las que quedan en sumario, 3 quedan con una sola diligencia pendiente. Sin embargo, precisó que no terminará estos casos durante este año.