El programa funciona como piloto en Concepción y el objetivo es que las personas sin antecedentes que cometieron ciertos delitos bajo la influencia de alcohol o drogas puedan ingresar a un programa para tratar su adicción.
El programa funciona como piloto en Concepción y el objetivo es que las personas sin antecedentes que cometieron ciertos delitos bajo la influencia de alcohol o drogas puedan ingresar a un programa para tratar su adicción.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
Cinco egresos exitosos en lo que va del año, lleva el trabajo de los tribunales de Tratamiento de Drogas en la región del Bío Bío.
Este programa partió en la región en 2014, con el convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas (Senda) y Fundación Paz Ciudadana.
La finalidad es propiciar una oportunidad de tratamiento a una población que ha cometido algún delito asociado a su historia de consumo problemático de drogas, contribuyendo a la disminución de la reincidencia delictiva y rehabilitación del consumo de drogas.
"Una de las características de la justicia terapéutica es esta actividad conjunta, para que las personas que se sometan a estos tratamientos tengan éxito", dijo el defensor regional, Osvaldo Pizarro.
Desde que comenzó el programa van 12 egresos y este año ya tienen 25 casos en trámite.
Pizarro aseguró que, a dos años de iniciado el programa, el gran desafío es difundirlo aún más, ya que admiten que hay desconocimiento sobre el tema y que gente que podría haber sido beneficiaria no ha tomado esta alternativa.
"Tenemos que capacitar nuevamente a los defensores que se van incorporando al sistema, para que tengan la capacidad adecuada para pesquisarlo y derivarlo", precisó Pizarro.
Lo más importante de este sistema, para el defensor regional, es que el nivel de reincidencia es de apenas un 10%.
"El nivel de adherencia a los programas es altísimo. Sí, creemos que esto debe tener un carril separado del sistema de justicia actual, ya que a través de una ley podría institucionalizarse de una manera adecuada y que se creen las denominadas Cortes de Drogas que puedan denominar de manera integral y no a través de programas piloto", dijo el defensor.
Agregó que, dado el alto nivel de ingresos de la ley 20.000, el programa debería extenderse a las comunas de Coronel, Lota y Talcahuano.
Cómo funciona
La ley establece que se pueden establecer suspensiones condicionales de un procedimiento judicial en ciertos casos: cuando el delito tiene una pena menor a 3 años y la persona tiene una irreprochable conducta anterior.
Entre los delitos que se pueden acoger a este beneficio están los robos, hurtos, lesiones, daños, violación de morada, porte de arma blanca, amenazas, maltrato, microtráfico, receptación, desórdenes, manejo en estado de ebriedad, delitos contra la ley de violencia en los estadios y propiedad intelectual.
En ese sentido, todas las partes, ante el Tribunal de Tratamiento de Drogas, deben llegar a un acuerdo de suspender el procedimiento, tras una evaluación de profesionales de Senda, que acreditan que la persona imputada tiene un consumo problemático de alcohol o drogas que fue lo que lo llevó a delinquir. Tras ello, Senda se encarga del tratamiento.
Sandra Betancourt, encargada del programa en la Defensoría, dijo que el sistema está bien evaluado en los casi dos años en que funciona.
"Se ha formado un muy buen equipo de trabajo, donde los usuarios han agradecido la oportunidad de recibir un tratamiento, y lo que pretendemos es que estas personas no vuelvan a delinquir. Y hemos tenido uno o dos casos de reincidencia, por lo que el balance es positivo para nosotros".
La jueza de Garantía Claudia Vilches aseguró que se debe capacitar a todos los intervinientes en este tema "porque es nuevo y la rotación de fiscales, jueces y defensores es diaria en audiencias, para que podamos pesquisar los usuarios que sean posibles candidatos, para que nadie que tenga derechos quede fuera del programa, como sí ha ocurrido".
El seremi de Justicia, Jorge Cáceres. Recordó que Concepción es un piloto, junto con otras 29 ciudades del país, por lo que el objetivo es que a futuro el programa se transforme en una política pública. Agregó que su mayor mérito es ser "una efectiva medida para bajar la reincidencia en la delincuencia".