Senadores del Biobío presionan por tramitar moción de tarifas en medio del paro camionero

Se busca regular el cobro por kilómetro, fijar plazos máximos de pago y proteger a los transportistas de menor tamaño. La Comisión de Transportes del Senado acordó priorizar su debate.

Menos de 24 horas alcanzó a permanecer en el Congreso el proyecto del Ejecutivo que buscaba contener las alzas de los combustibles durante 90 días. Ingresada la noche del martes, la iniciativa fue retirada este miércoles de la Cámara de Diputadas y Diputados quedando en pausa, a la espera del resultado de las negociaciones con los gremios de camioneros.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno no es la única iniciativa que busca una salida al conflicto. El pasado 6 de noviembre, poco antes del inicio de las movilizaciones, cinco senadores de distintos sectores políticos ingresaron una moción para modificar el Código de Comercio y regular las condiciones comerciales en que operan los pequeños y medianos transportistas de carga.

Entre sus autores están la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y dos de los tres representantes del Biobío en la Cámara Alta: Gastón Saavedra (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI).

La iniciativa se tramita en medio de las movilizaciones que mantienen distintos grupos del transporte de carga, con cerca de 700 camiones desplegados en la Región del Biobío, según balances de la Delegación Presidencial.

Mientras tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la Confederación de Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Transportistas de Carga han resuelto no sumarse, por ahora, a las movilizaciones. Tras una asamblea realizada en San Pedro de la Paz, acordaron llevar sus demandas a una reunión con el Gobierno en La Moneda, programada para este jueves.

Entre sus principales solicitudes está congelar el precio del diésel por un período que, según el presidente de la CNDC, Juan Araya, debería extenderse por seis meses. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, valoró el retiro del proyecto del Ejecutivo como una señal de que el Gobierno está dispuesto a escuchar sus planteamientos.

En paralelo, este miércoles el Gobierno sostuvo una reunión de cerca de tres horas con la Confederación de Transportistas Centro-Sur. Tras el encuentro, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que hubo avances y que las conversaciones continuarían con los representantes de Fuerza del Norte, para luego volver a reunirse con los dirigentes del sur.

Pese a ese acercamiento, el presidente de la Confederación Centro-Sur, Freddy Martínez, afirmó que la movilización se mantendría hasta alcanzar un acuerdo total. Entre los puntos abordados está la posibilidad de congelar el precio de los combustibles.

Pero las demandas de las confederaciones no se limitan a los combustibles. Pérez también pidió al Congreso tramitar con urgencia la ya mencionada moción que modifica el Código de Comercio.

Condiciones de contratación

Mientras el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones, la iniciativa parlamentaria apunta a un ámbito distinto. Las relaciones comerciales entre las empresas que contratan servicios de transporte y quienes los ejecutan.

En detalle, se busca modificar el Código de Comercio y establecer condiciones mínimas obligatorias para los contratos con transportistas de menor tamaño. Uno de sus principales cambios es exigir que se establezca una tarifa por kilómetro y por vehículo, junto con la distancia remunerada o un mecanismo objetivo para calcularla. Incluso si el servicio se pacta por viaje, tonelada u otra unidad, deberá quedar expresado su equivalente por kilómetro.

La propuesta también establece que conceptos como peajes, carga, descarga y entregas adicionales se paguen por separado, salvo que estén expresamente incluidos y cuantificados en el acuerdo.

Además, contempla una compensación por tiempos de espera, es decir, si el vehículo permanece más de dos horas a disposición para carga, descarga o recepción de mercadería, por causas atribuibles al cargador o al recinto designado, corresponderá pagar media UF por cada hora adicional, con un tope de 10 UF por cada período de 24 horas.

En materia de pagos, fijaría un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura. También busca impedir que los procesos internos de aprobación de las empresas suspendan ese plazo o que controversias por descuentos y cobros adicionales permitan retener pagos vencidos que no estén en discusión.

A lo anterior se suman disposiciones para limitar descuentos unilaterales, impedir que se desconozcan kilómetros remunerables o se trasladen deudas ajenas al transportista. En caso de subcontratación, el contratante directo mantendría la responsabilidad de pagar el servicio, sin poder condicionar el desembolso a que primero reciba los recursos de su propio cliente.

Por último, contempla una acción directa de cobro contra el tercero que encargó el transporte, dentro de los límites establecidos en el texto.

Piden debatir con urgencia

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que el Congreso también debe contribuir a generar condiciones para resolver el conflicto. “Si estamos pidiendo a los camioneros que piensen en el país y que depongan el paro, también tenemos que ser capaces de responder a sus demandas”, sostuvo.

Junto con ello, cuestionó que la respuesta se limite a pedir esfuerzos al sector. “No basta con pedirles que hagan un esfuerzo; hay que escuchar a la otra parte y entregar soluciones concretas. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo, cualquiera que sea el gobierno de turno”.

La congresista también advirtió sobre el impacto de la movilización y sostuvo que “el país no aguanta un paro de camioneros”, en un llamado a abrir espacios de diálogo y alcanzar una salida al conflicto.

Consultado por Diario Concepción, el senador gremialista, Enrique van Rysselberghe, informó que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado acordó ubicar la moción en el primer lugar de la tabla de su próxima sesión, con el propósito de iniciar su discusión a la brevedad.

El parlamentario también confirmó que los autores enviaron el texto al Ejecutivo para que lo estudie y evalúe sumarse a la propuesta. Sin embargo, sostuvo que su avance no dependerá de la decisión que adopte La Moneda.

“Ya acordamos avanzar en el proyecto, independiente si el Gobierno decide apoyar o no, como una señal clara de preocupación y de buscar soluciones al problema de los transportistas del país”, afirmó.

Mientras tanto, el senador socialista, Gastón Saavedra, insistió en la necesidad de acelerar su tramitación, advirtiendo que las dificultades de los pequeños y medianos transportistas no se limitan al costo de los combustibles y pueden repercutir en toda la cadena logística.

“Si no enfrentamos esta crisis, son 40 mil chilenos los que van a seguir pasándolo mal. Y las consecuencias no se quedan solamente en el transporte. Ya vimos lo que ocurrió en los puertos del Biobío, en la Región de Valparaíso y en las rutas que conectan Santiago con los principales terminales portuarios”, señaló.

El parlamentario agregó que las condiciones actuales pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad de quienes prestan servicios de transporte, por lo que llamó a avanzar en reglas que permitan enfrentar los costos y las dificultades de cobro.

“No puede ser que los pequeños transportistas tengan que absorber el alza de los combustibles, soportar largas esperas y además enfrentar dificultades para cobrar por los servicios que ya prestaron. Necesitamos reglas claras, tarifas transparentes y pagos oportunos. Eso es lo que busca este proyecto”, cerró.