Paro de camioneros: ofensiva legislativa busca eliminar impuesto específico y blindar contratos de transportistas

Mientras diputados buscan suprimir el impuesto específico, el senador Saavedra urgió despachar la ley que fija pagos a 30 días y tarifas por kilómetro.

La persistente escalada en el precio de los hidrocarburos y las sucesivas movilizaciones de los gremios del transporte activaron una doble ofensiva legislativa en el Congreso Nacional.

A la propuesta de reforma constitucional para extinguir de manera definitiva el impuesto específico a los carburantes se sumó una exigencia directa al Ejecutivo para acelerar la tramitación del proyecto de ley que regula las condiciones laborales, contractuales y tarifarias de los pequeños y medianos transportistas de carga en todo el país.

El llamado a priorizar la agenda regulatoria del sector fue encabezado por el senador socialista por la Región del Biobío, Gastón Saavedra Chandía, quien advirtió sobre la extrema vulnerabilidad que atraviesan los prestadores de servicios de menor escala.

“Estamos hablando de 40 mil pequeños y medianos empresarios del transporte de carga que enfrentan problemas con las tarifas por kilómetro, los tiempos de espera para recibir sus pagos y el impacto del alza de los combustibles. Son trabajadores y emprendedores que prestan un servicio fundamental para el país, pero que hoy deben asumir costos que ponen en riesgo su actividad”, sostuvo el parlamentario.

“Si no enfrentamos esta crisis, son 40 mil chilenos los que van a seguir pasándolo mal. Y las consecuencias no se quedan solamente en el transporte. Ya vimos lo que ocurrió en los puertos del Biobío, en la Región de Valparaíso y en las rutas que conectan Santiago con los principales terminales portuarios. Cuando se paraliza el transporte de carga, se afecta toda la cadena logística del país”, advirtió.

El proyecto aludido por el legislador apunta a modificar el Código de Comercio incorporando la figura jurídica del porteador efectivo de menor tamaño, con el fin de transparentar las condiciones de contratación y erradicar prácticas abusivas en la cadena de distribución.

Entre sus normas centrales, establece la obligación de fijar una tarifa por kilómetro con mecanismos de reajuste previamente pactados; compensaciones económicas por tiempos de espera superiores a dos horas en faenas de carga y descarga; y un plazo máximo improrrogable de 30 días corridos para el pago de facturas. La iniciativa también anula cláusulas contractuales que permitan bajas unilaterales de tarifas, descuentos injustificados o represalias comerciales contra quienes exijan el cumplimiento de sus pagos.

En esa línea, insistió en acelerar su tratamiento en Sala afirmando que “este proyecto necesita un tratamiento urgente. No podemos seguir postergando soluciones mientras miles de pequeños y medianos transportistas ven amenazada su fuente de ingresos. Protegerlos también significa proteger el empleo, la actividad portuaria y el funcionamiento de nuestra economía. El Congreso tiene que hacerse cargo de esta crisis”.

Eliminar el impuesto específico

Esta presión por dotar de garantías operativas a los transportistas confluye en el Parlamento con la arremetida tributaria impulsada por los diputados René Alinco y Jaime Araya, quienes abrieron una vía directa para reducir el valor de venta de los hidrocarburos tras presentar un proyecto de reforma constitucional denominado “No más impuesto específico a los combustibles”.

La propuesta legislativa busca incorporar una disposición transitoria a la Carta Fundamental para suprimir, desde su publicación, tanto el componente base como el variable del gravamen que afecta a cuatro tipos de combustibles destinados al consumo vehicular: gasolinas automotrices, petróleo diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC). La iniciativa precisa expresamente que dicha eliminación no alterará la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni de otros tributos generales vigentes.

Ambos parlamentarios fundamentaron su iniciativa en la profunda dependencia energética exterior que arrastra el país y en el agotamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). De acuerdo con los legisladores, aunque dicho instrumento modera las fluctuaciones semanales mediante el ajuste de su factor variable, no extingue la carga tributaria estructural ni resguarda eficazmente a los usuarios frente a incrementos sostenidos derivados del tipo de cambio o de crisis geopolíticas internacionales.

El texto recalca que el encarecimiento de los carburantes traspasa a los automovilistas particulares y repercute directamente en las tarifas del transporte de pasajeros, el flete de mercancías, la agricultura, la pesca y el comercio, golpeando con particular dureza a localidades rurales y regiones extremas como Aysén, donde el aislamiento terrestre vuelve indispensable el uso de vehículos motorizados.