Congreso despacha a ley postergación de los SLEP y faculta a municipios a frenar traspasos escolares

La normativa permite reprogramar hasta 2030 los servicios pendientes y habilita a comunas con buen rendimiento a retener sus colegios.

Tras visar sin modificaciones el texto remitido por el Senado, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley la iniciativa que recalendariza la instalación del Sistema de Educación Pública en el país.

El proyecto modifica sustancialmente los plazos originales de la Ley 21.040 promulgada en 2017, otorgando un nuevo margen temporal para la entrada en régimen de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y abriendo una vía legal para que determinados municipios conserven la administración de escuelas y liceos.

De acuerdo con el diagnóstico legislativo, a la fecha 169 municipios han completado la transferencia de sus establecimientos educacionales, encontrándose la mitad de los SLEP en régimen regular y restando aún 12 servicios por implementar.

Frente a este rezago operativo, la nueva ley faculta al Presidente de la República para recalendarizar, por una única vez, la segunda etapa de despliegue de aquellos servicios que no logren entrar en funciones antes del 1 de enero de 2027, estableciendo como fecha límite improrrogable el 31 de diciembre de 2030.

Una de las principales innovaciones de la normativa radica en la cláusula de excepcionalidad, mediante la cual municipalidades y corporaciones municipales podrán solicitar formalmente continuar con la administración de sus recintos y postergar el traspaso a los SLEP correspondientes.

Para acceder a dicha prórroga, los gobiernos locales deberán acreditar cuatro requisitos copulativos: dos de índole financiera obligatoria y dos de carácter pedagógico, requiriendo que la evolución de su matrícula escolar durante los últimos seis años se ubique dentro del 50% de mejor desempeño regional, o bien certificar una asistencia promedio de al menos un 90% en el trienio previo.

Durante el debate en Sala (iniciado tras la exposición de los informes técnicos de los diputados Ricardo Neumann en la Comisión de Educación y Pier Karlezi en Hacienda), las posturas favorables al aplazamiento cuestionaron la efectividad demostrada por el modelo desde su puesta en marcha.

Diversos parlamentarios fustigaron que los servicios locales no han evidenciado mejoras en los rendimientos académicos, acusando además que estas entidades han operado como pagadoras de favores políticos antes que al servicio de las comunidades escolares, recalcando la inconveniencia de obligar a municipios con gestiones exitosas a transferir sus colegios a un sistema cuestionado.

En contraste, los votos de rechazo advirtieron que congelar el cronograma agudizará las desigualdades territoriales.

Los parlamentarios opositores a la postergación argumentaron que la medida beneficia principalmente a comunas con mayor solvencia presupuestaria, mientras que las municipalidades con problemas financieros seguirán cargando con costos que precarizan la enseñanza, cuestionando a su vez la contradicción de restringir recursos e infraestructura para la educación pública mientras se dilata la desmunicipalización.