Gobierno pide la renuncia al subsecretario Luis Silva tras crisis por rebaja de condenas en Justicia

El Ejecutivo solicitó la dimisión formal del militante del Partido Republicano, marcando la baja número 59 en la administración del Presidente José Antonio Kast.

A requerimiento directo del Ejecutivo, este viernes se concretó la desvinculación formal del subsecretario Luis Silva, militante del Partido Republicano y una de las figuras de mayor perfil político provenientes del proceso constitucional, quien se transformó en la baja número 59 dentro del equipo de gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

La decisión gubernamental pone fin a semanas de asedio público hacia el ministerio, detonado por la entrega de beneficios carcelarios e indultos técnicos a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar y delitos sexuales perpetrados contra menores de edad.

Aunque el Jefe de Estado había intentado blindar al equipo ministerial asumiendo que “el Estado falló” y focalizando el esfuerzo en corregir los protocolos internos, la permanencia de Silva se volvió insostenible debido a su propia estrategia de defensa comunicacional.

 

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Sin avisar previamente al ministro titular, Fernando Rabat, el ahora exsubsecretario difundió un video en sus redes sociales personales justificando que las firmas estampadas (cuando subrogó al ministro de la cartera) respondían a la aplicación obligatoria de la denominada “doctrina Rabat” frente a resoluciones de la Corte Suprema para no caer en privaciones ilegales de libertad.

 

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El hecho fue leído por el comité político como una maniobra unilateral para blindarse individualmente a costa del ministro titular, fracturando la confianza indispensable para continuar en el cargo.

La salida de la autoridad coincide con el avance de una compleja arista judicial. La Fiscalía Nacional ya traspasó a la Fiscalía Centro Norte una denuncia destinada a investigar si tanto el ministro Fernando Rabat como Luis Silva incurrieron en el delito de prevaricación administrativa al autorizar las cuestionadas rebajas carcelarias.

Vale mencionar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó formalmente una resolución para exigir la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera de Justicia.