Estocada final: Gobierno revoca oficialmente las concesiones de corredores de transporte público en Gran Concepción

A través de decretos, el MOP oficializó el término a la concesión que adjudicaban las obras viales a Electro Cointer II, de Grupo Azvi. La decisión, fundamentada en un oficio de Hacienda, sepulta las gestiones de autoridades locales que exigían mantener los proyectos.

Tras meses de debate, un desenlace drástico y que pone en duda las aspiraciones de modernización vial en la Región del Biobío adoptó el gobierno a nivel central.

Mediante resoluciones exentas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas, que fueron firmadas en septiembre de 2026 y tramitadas formalmente a comienzos de octubre y recopiladas por Diario Concepción, el Ejecutivo oficializó la revocación de las actas de adjudicación y puso fin oficialmente a las concesiones los dos corredores de transporte público más esperados en el Gran Concepción, que son el “Corredor Transporte Público Ruta 160” y la “Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción – Talcahuano, Tramo II”.

Las medidas administrativas golpean directamente la planificación urbana penquista. Si bien ambas licitaciones se habían lanzado a fines de 2024, con recepción de ofertas y adjudicaciones preliminares fechadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a favor del Consorcio Electro Cointer II -perteneciente a Grupo Azvi– , el destino de los proyectos bajo esta modalidad, según el Gobierno, quedó sentenciado por la billetera fiscal.

Tal como informó Diario Concepción en agosto de este año, la estocada provino directamente desde el Ministerio de Hacienda. Mediante el Oficio Ordinario N° 1673, emitido el 24 de julio de 2026 por el ministerio, se comunicó al MOP la decisión categórica de no continuar con los contratos y ahora se ratificó la decisión con la caducación de los procesos de concesión.

El argumento central esgrimido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de acuerdo a lo señalado en los documentos, es que ambos proyectos de corredores bajo el sistema de concesiones implicaban “compromisos fiscales por varios años, tanto por concepto de subsidios a la construcción como a la operación, y genera presiones adicionales sobre el gasto de mediano plazo que, en las condiciones actuales, no es posible absorber”.

En esa línea, la directora General de Concesiones, con el visto bueno de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, procedió a desestimar las ofertas únicas de Grupo Azvi, revocar los oficios de adjudicación y ordenar la devolución de las boletas de garantía de la oferta, cerrando la puerta a la continuidad de los contratos.

El llamado regional

La oficialización de estas resoluciones contrasta abiertamente con el intenso despliegue político que, durante meses, habían protagonizado las autoridades locales de la Región del Biobío.

Cabe recordar que incluso, a mediados de agosto de 2026, la Comisión de Obras Públicas del Senado, en una sesión respaldada transversalmente por parlamentarios y alcaldes de la zona, había acordado solicitar formalmente al Ejecutivo reconsiderar la suspensión de la modalidad de concesión de los corredores. En esa instancia, las autoridades regionales advirtieron sobre el grave impacto en la conectividad, el clima de incertidumbre para la inversión privada y los dilatados retrasos que implicaría el traspaso a ejecución directa mediante la Dirección de Vialidad del MOP.

Las concesiones

El proyecto original para los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150 en el Gran Concepción se diseñó bajo un modelo de concesión inédito para la infraestructura vial urbana en regiones.

A diferencia de las autopistas interurbanas tradicionales, donde las empresas privadas recuperan su inversión cobrando peajes directos a los conductores (mediante Tag o cabinas manuales), este sistema operaba bajo la modalidad de “subsidio estatal”.

Bajo este esquema, un consorcio privado debía conseguir el financiamiento bancario internacional para cubrir la inversión inicial para construir las vías, mientras que el Estado chileno se comprometía a devolver ese capital de forma diferida a través de cuotas semestrales durante un plazo de 25 años, manteniendo el uso de las rutas completamente gratuito para los usuarios y garantizando también su mantención.