Rebaja de penas a agresores sexuales: oposición fustiga a La Moneda y oficialismo recuerda beneficios de gobiernos anteriores

Mientras senadores de oposición y Evópoli calificaron de "insuficiente" la ratificación del titular de Justicia y advirtieron que la cifra de beneficiados podría superar los 56 casos conocidos, legisladores de la zona impulsan reformas legales interpretativas para cerrar cualquier resquicio judicial.

Por Eduardo Bascuñan y María Silva

Luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera públicamente desde el Palacio de La Moneda la rebaja de condenas otorgadas a 56 reclusos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad —calificándola como un grave error estatal que exigirá medidas inmediatas—, el mundo parlamentario reaccionó con diversas posturas frente a la permanencia del ministro de Justicia, Jaime Rabat, y la vía para resolver los vacíos legales del sistema.

En el debate sobre la continuidad de los titulares de la cartera, el senador Sebastián Keitel (Evópoli ‘Evolución Política’) cuestionó la permanencia de las autoridades y alertó sobre la magnitud del beneficio penitenciario.

“La administración pública es facultad Presidencial, por lo tanto, al ratificar al ministro, significa ratificar la misma política que el Presidente ordenó que se ejecutara”. Asimismo, advirtió que “se sabe de 56 casos, pero nosotros creemos que son más y no se ha entregado toda la información. Eso es de suma gravedad”, indicó.

Así, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), afirmó que “el Presidente tiene la facultad de nombrar y de ratificar y de dejar sin efecto los nombramientos de quienes son sus colaboradores, es decir, los ministros y subsecretarios, en fin: todos los componentes de la administración pública. Es facultad presidencial. Por tanto, los beneficios y los costos los asume el Presidente de la República”.

Para Saavedra, “la medida de disminuir las penas en las condenas de aquellos violadores y de personas que han atentado sexualmente contra niños, niñas y adolescentes en el país, nos parece una medida absolutamente inhumana y brutal”.

Para el senador (PS) esta discusión nunca se tuvo que haber dado. “La medida de disminuir las penas en las condenas de aquellos violadores y de personas que han atentado sexualmente contra niños, niñas y adolescentes en el país, nos parece una medida absolutamente inhumana y brutal. Y por tanto, desde ese particular punto de vista, nunca debimos haber estado en esta discusión. Tanto insuficiente lo que ha hecho el presidente de la República al ratificar al ministro”, expresó.

“Eso significa ratificar la política que el propio presidente ordenó que se ejecutara, rebajando las penas a aquellos desalmados que han violado y han abusado sexualmente de niños, niñas en nuestro país”, indicó.

Por su parte, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, explicó que como colectividad mantienen un proceso de cautela y evaluación antes de definir acciones parlamentarias.

“Si bien estamos abiertos a analizar todas las herramientas fiscalizadoras que la ley nos otorga, no daremos un respaldo automático a una acusación constitucional sin antes ponderar con máxima responsabilidad cada elemento sobre la mesa”, indicó.

Para el parlamentario, mantener al ministro Rabat es “una atribución exclusiva del Presidente Kast, por lo que insistimos en que la prioridad absoluta debe ser el apoyo integral a las víctimas y avanzar en una reforma urgente al sistema penitenciario, asegurando que la opinión de los afectados sea vinculante antes de otorgar cualquier beneficio carcelario”.

En la misma bancada, la diputada Lilian Betancurt (PDG) valoró el reconocimiento del Ejecutivo, aunque exigió determinar responsabilidades.

“Que el Presidente reconozca que se cometió un error y que ahora busque revertir estas rebajas de condenas demuestra que escuchó a la ciudadanía y que primó el sentido común”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que “nosotros también alzamos la voz porque nunca fue el camino correcto beneficiar a quienes han cometido delitos tan graves contra niños y niñas. Pero aquí también hay que buscar a los responsables de estas decisiones. No basta con reconocer el error, hay que corregirlo y asegurarnos de que nunca más vuelva a pasar”.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) subrayó que “la decisión de mantener al ministro es responsabilidad del Presidente, y es el Ejecutivo quien debe responder por lo ocurrido y corregirlo. Como parlamentarios, nos corresponde buscar una solución legislativa concreta para que nunca más un abusador o violador de menores pueda acceder al beneficio de rebaja de condena”.

Bajo esa premisa, la legisladora dio cuenta del ingreso de una moción de su autoría junto a la bancada gremialista para prohibir que sentenciados por abusos y violaciones infantiles accedan a rebajas de pena, con independencia de si los ilícitos ocurrieron antes o después de 2022. La propuesta contempla una ley interpretativa que disipe cualquier ambigüedad técnica, argumentando que “sabemos que existe un desafío jurídico que debemos abordar con rigor, pero nuestra convicción es firme: proteger a los niños y dar una respuesta concreta a las víctimas y sus familias”.

En la vereda oficialista, la diputada republicana Paz Charpentier respaldó el actuar del Mandatario y emplazó a los sectores opositores a asumir su cuota de responsabilidad: “Como parlamentaria oficialista, pido que la grandeza del Presidente permee también a la oposición. Estuvieron en La Moneda durante cuatro años y no levantaron ni resolvieron este problema; de hecho, se cursaron más de 270 rebajas de condena”.

En esa línea, Charpentier fustigó las críticas políticas de los últimos días.

“Los vimos más preocupados de marcar políticamente los eventuales errores del Gobierno, por agendas partidistas o personales, que de proteger a nuestros niños y proponer cambios al ordenamiento jurídico para evitar que esto vuelva a ocurrir. La oposición tiene una gran cantidad de escaños en el Congreso, también gobierna Chile y debe asumir su responsabilidad y dejar atrás la pequeñez”, concluyó.