Presupuesto 2027: empate deja en suspenso los recursos que recibirán los gobiernos regionales

A la espera de los resultados de la negociación entre Hacienda y los gobiernos regionales, autoridades del Biobío abordaron las alternativas para mantener la inversión regional frente al ajuste propuesto por el Ejecutivo.

La discusión por el Presupuesto 2027 continúa enfrentando a La Moneda y los gobiernos regionales, luego de que el Gobierno propusiera recortar cerca de $250 mil millones del financiamiento de las 16 regiones del país.

La administración del Presidente José Antonio Kast fundamenta el ajuste en criterios de responsabilidad fiscal y ejecución presupuestaria, mientras los gobernadores acusan al nivel central de imponer trabas administrativas y luego responsabilizarlos por los retrasos en la inversión.

Las fuertes diferencias quedaron en evidencia tras una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres) que terminó sin cambios en la propuesta. Ante la falta de avances, los gobernadores calificaron las conversaciones como un “diálogo de sordos” y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) llamó al Congreso a rechazar la Partida 31, destinada al financiamiento regional.

Este lunes la votación terminó empatada en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, con tres votos a favor y tres en contra. El resultado dejó pendiente la definición y abrió una nueva instancia de negociación con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La partida volverá a votarse este martes 20 de octubre.

Cuestionamientos por centralismo

En medio de la sesión el vicepresidente de Agorechi y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, calificó la propuesta como “impresentable”. “Esto no tiene que ver con más lucas menos lucas, esto tiene que ver con comprender la importancia que tiene la descentralización para Chile”, afirmó.

Mundaca cuestionó que la rebaja sea compatible con el compromiso con la descentralización expresado por Kast y relevó que los recursos regionales son los que realmente permiten financiar iniciativas en áreas como vivienda, pavimentación, salud, medioambiente, cultura y deporte.

En la misma línea, el presidente nacional de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales (Ancore), Héctor Pacheco, criticó que la discusión se sustente en cuestionamientos a la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales.

“Si existen demoras no es por falta de capacidad o voluntad de los gobiernos regionales, sino por las trabas y circulares que el propio nivel central nos impone”, sostuvo.

Pacheco planteó la necesidad de reducir la burocracia, asegurar recursos para la reactivación local y el empleo, flexibilizar el uso de fondos provenientes de los royalties y del transporte público, y fortalecer las capacidades técnicas. Además, advirtió que, si no se avanza hacia mayores niveles de confianza y autonomía financiera y administrativa, la partida debería ser rechazada.

Dificultades para ejecutar recursos

Desde el nivel central, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió la propuesta del Ejecutivo sobre la base de la responsabilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit efectivo durante los próximos cuatro años. Sin embargo, también reconoció las dificultades que enfrentan los gobiernos regionales para ejecutar sus recursos.

“Aquí comparto al cien por ciento la descripción de las dificultades que hace Agorechi. Tiene que ver con rigideces impuestas, a veces por las normas, o a veces por conductas que han venido desde la propia Dipres”, expresó.

Gómez sostuvo que el presupuesto original de los gobiernos regionales no resulta fácil de ejecutar y planteó medidas para facilitar la puesta en marcha de proyectos de inversión y agilizar procedimientos. Entre las alternativas expuestas por el Ejecutivo está modificar la forma de evaluar el incentivo asociado al 7 % de inversión, considerando tanto el subtítulo 31 —iniciativas de inversión directa— como el subtítulo 33, que agrupa transferencias de capital a otras instituciones para ejecutar proyectos.

La propuesta también contempla revisar los límites de gasto de cuatro gobiernos regionales cuya ejecución superó sus presupuestos de 2026, con el objetivo de evitar que sean penalizados por ese desempeño. Aunque el Gobierno ha planteado ajustes en los mecanismos de ejecución, la discusión sobre el monto global de los recursos sigue sin resolverse.

Implicancias para el Biobío

Consultado por Diario Concepción sobre el impacto que podría tener el ajuste presupuestario en la región, el seremi de Hacienda del Biobío, Ronald Ruf —quien presentó su renuncia voluntaria y dejará el cargo el próximo 30 de octubre— advirtió que la variación de los recursos para 2027 depende de la base que se utilice para comparar el presupuesto.

“Los presupuestos se pueden leer de distintas maneras”, explicó, aludiendo a las diferencias que surgen al contrastar los recursos del próximo año con el presupuesto aprobado para 2026 o con el gasto que efectivamente se ejecute durante este año, considerando su proyección hasta diciembre.

Ruf sostuvo que las conversaciones siguen abiertas y que aún no hay una definición sobre el financiamiento regional. “Nada está escrito en piedra”, afirmó. También apuntó a las restricciones fiscales que enfrenta el Ejecutivo. “La caja es una”, señaló, explicando que destinar más recursos a un área implica disponer de menos para otras.

Respecto de las garantías para la continuidad de los proyectos regionales, Ruf planteó que la inversión pública no depende únicamente de los recursos asignados al Gobierno Regional, sino también de los que el Ejecutivo canaliza directamente a través de su gabinete.

En ese contexto, llamó a mejorar el uso de los recursos disponibles: “Lo que hay que hacer ahora es ser más eficientes”, afirmó.

Por otro lado, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), su jefa regional, Ana María Abello, planteó que una de las vías para enfrentar el escenario es facilitar la ejecución presupuestaria y mantener la colaboración financiera con el Gobierno Regional.

Según explicó, la Subdere ha sostenido conversaciones con la Dipres y los gobernadores para flexibilizar los procedimientos y evaluar la posibilidad de solicitar recursos adicionales según los niveles de ejecución, además de recurrir al fondo de emergencia.

Asimismo, Abello recordó que la Subdere cuenta con líneas de financiamiento propias, distintas de las del Gore, como los programas de Mejoramiento Urbano y de Mejoramiento de Barrios. En ese marco, aseguró que ambas instituciones continuarán trabajando en conjunto. “Muchas veces financiamos en conjunto y de forma bipartita proyectos para sacar adelante la región del Biobío”, cerró.