Reforma al INDH: las claves del proyecto del Gobierno que busca reestructurar el organismo y suprimir su facultad para querellarse

19 de Octubre 2026 | Publicado por: Equipo Digital
Fotografía: Cedida | INDH

La iniciativa legal ingresada por el Ejecutivo propone una reestructuración profunda del Instituto Nacional de Derechos Humanos, reduciendo su consejo directivo, creando la figura de un director ejecutivo y limitando sus atribuciones judiciales para reforzar su carácter "consultivo y técnico".

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley (boletín 18754-17) que busca reformar de manera estructural el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La iniciativa, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, plantea modificaciones a su gobernanza, atribuciones judiciales y organización administrativa.

Según detalla el mensaje presidencial, a dieciséis años del inicio de sus funciones, la experiencia acumulada evidencia “la necesidad de revisar la regulación vigente del INDH, con el propósito de superar las debilidades estructurales que dificultan el cumplimiento de su mandato y garantizar su funcionamiento conforme a los Principios de París“.

A continuación, detallamos las principales modificaciones que establece el proyecto de ley:

Fin a las querellas criminales

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales. El documento argumenta que actualmente se observa “una concentración masiva de la acción del Instituto en el ámbito de la presentación de acciones judiciales, especialmente querellas“, lo que iría en desmedro de su rol consultivo.

En su reemplazo, la iniciativa establece una facultad de denuncia institucional destinada a “poner en conocimiento aquellos hechos que pudieren revestir caracteres de delito y colaborar con la investigación dentro del ámbito de sus competencias“. Sin embargo, el organismo mantendría plenamente “las atribuciones para deducir acciones constitucionales de protección y amparo“.

Asimismo, el proyecto incorpora expresamente la posibilidad de que el INDH actúe como ‘amicus curiae’ (“amigo del tribunal”), pudiendo “realizar presentaciones por escrito que contengan su opinión en los casos y las materias relativas a su competencia“, sin adquirir la calidad de parte en el proceso judicial.

Reducción del Consejo y nuevo sistema de nombramiento

La propuesta también modifica la composición del principal órgano de dirección del INDH, reduciendo el número de consejeros de los actuales 11 a solo 5 miembros. Según el Gobierno, la integración actual “ha generado dinámicas complejas que dificultan la toma de decisiones eficientes y oportunas“.

El nuevo sistema propone una integración mixta:
  1. Dos miembros serán designados por el Senado, a propuesta del Presidente de la República, a partir de una nómina elaborada por organizaciones de la sociedad civil. Requerirán el voto favorable de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio.

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  2. Dos miembros serán designados directamente por la Cámara de Diputados, también por cuatro séptimos.
  3. Un miembro será designado por los decanos de las Escuelas o Facultades de Derecho de universidades del Consejo de Rectores y universidades autónomas.

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  4. Además, el mandato de los consejeros se reduce a cuatro años (con posibilidad de una sola reelección) y se establecen estrictas inhabilidades para exautoridades y cargos de representación popular, quienes deberán esperar un año desde el cese de sus funciones para postular al Consejo.

Creación de una Dirección Ejecutiva

Para superar lo que el Gobierno califica como una “sobrecarga funcional” del actual Director del INDH, el proyecto separa las funciones estratégicas de las operativas. Para ello, se crea el cargo de Director Ejecutivo, quien será “el representante legal del Instituto, correspondiéndole su dirección administrativa y operativa”.

Este cargo será provisto mediante concurso público a través del sistema de Alta Dirección Pública. El Consejo seleccionará al director a partir de una terna, y quien resulte designado ejercerá por cinco años, pudiendo ser renovado por un período consecutivo adicional.

Reducción de dotación e impacto financiero

La reestructuración territorial y la eliminación de la facultad para querellarse traerían consigo una disminución en la dotación de personal. El informe financiero proyecta una reducción del 50% de la dotación regional en un plazo de un año y medio, y una disminución del 70% de los abogados de la unidad de protección.

Según las estimaciones del Ejecutivo, estas medidas implicarían un ahorro fiscal progresivo que alcanzaría “cerca de $3.721 millones anuales” una vez que la reforma esté en pleno régimen.

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Reacciones

La búsqueda de reformar la institución dejó diversas reacciones.