La historia de otro cadáver que lleva tres años en el SML en Biobío a la espera de un reclamo familiar

En la Región del Biobío se registra una situación particular vinculada a la custodia de restos bajo la jurisdicción del Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles, donde se encuentra un cuerpo de sexo masculino hallado hace aproximadamente tres años y en estado de putrefacción, según información del propio SML.

En detalle, los restos corresponden a un hallazgo realizado en diciembre de 2023 en la comuna rural de Tucapel. A la fecha, el cuerpo permanece resguardado en las dependencias del SML de Cañete, dependiente de la jurisdicción de Los Ángeles, a las que tuvo que ser trasladado debido a la disponibilidad de cámaras frigoríficas para su custodia, a la espera de instrucciones de la Fiscalía.

A pesar de que Tucapel forma parte del territorio de la Región del Biobío, la causa penal se encuentra radicada en la Fiscalía Local de Yungay, en la Región de Ñuble. 

Esta distribución responde a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el Código Orgánico de Tribunales, normativa que establece que dicha comuna depende jurisdiccionalmente de la Fiscalía y del Juzgado de Garantía de Yungay. Por esta razón, las investigaciones penales, las instrucciones a las policías y la atención a víctimas derivadas de hechos ocurridos en Tucapel son dirigidas operacionalmente desde Chillán y no desde Concepción.

En consultas realizadas por Diario Concepción, la Fiscalía Regional de Ñuble informó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo empadronamientos y diversas diligencias orientadas a ubicar a familiares o personas vinculadas al fallecido, sin obtener resultados favorables. Asimismo, el organismo persecutor detalló que la identidad de la persona y la causa exacta de su fallecimiento ya se encuentran establecidas por peritajes, aunque ambos antecedentes se mantienen bajo reserva conforme a las normas que rigen las investigaciones en curso.

Caso Mardoff

Esta situación se enmarca en una contingencia más amplia sobre los procesos de resguardo e identificación del SML a nivel nacional. Precisamente este martes se conoció que la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia que ordena al Estado pagar una indemnización de $300 millones a la familia de Sergio Mardoff Peirano, joven que desapareció en 2005 en el Biobío y cuyos restos permanecieron sin identificar durante tres años en el propio SML.

En dicha resolución, la Cuarta Sala del tribunal de alzada ratificó de forma unánime el fallo del 2° Juzgado Civil de Concepción, que estableció la responsabilidad por falta de servicio del Ministerio Público y del SML al no haber ejecutado las diligencias de cotejo que habrían permitido identificar oportunamente el cuerpo del joven, hallado en abril de 2015.

Aunque la osamenta del joven fue hallada en 2015, su identidad no fue confirmada sino hasta 2018, cuando los propios familiares encontraron los restos archivados en el instituto forense. Las graves omisiones e ineficiencias en el manejo del caso terminaron por prolongar la búsqueda e infligieron un profundo daño moral a los padres y hermanas de la víctima.

“El tribunal estableció que luego del hallazgo de las osamentas de Sergio Mardoff, con fecha 06 de abril de 2015, no se impartieron órdenes y no se efectuaron diligencias investigativas con el fin de esclarecer la identidad de los restos óseos, no se citó a declarar a los testigos, a quienes participaron en el hallazgo de osamentas, solo se limitó a remitir los restos óseos y ciertas especies accesorias al Servicio Médico Legal de Concepción y ordenar que se evacuara un informe médico legal, sin siquiera enviar la totalidad de las especies encontradas, las que fueron solicitadas por el SML Concepción mediante oficio al momento en que se encontraba en redacción el informe antes referido”, establece el fallo.

En tanto, la ministra del tribunal de alzada penquista, Carola Rivas Vargas explicó que “esta corte decidió por unanimidad confirmar la decisión del tribunal de primer grado que otorgó a los padres y hermanos de Sergio Mardoff, la suma de $300 millones a título de indemnización de perjuicios por los daños morales causados por las omisiones y actuaciones erróneas y negligentes del Ministerio Público como del Servicio Médico Legal”.

Situación nacional

A ello se suma lo informado a inicios de septiembre en Santiago, donde se conoció que el SML instaló tres contenedores refrigerados en el patio de su recinto de Avenida La Paz para el resguardo de cuerpos ante la alta demanda de capacidad, estructura de emergencia que llegó a albergar a 92 personas fallecidas y que el servicio proyecta retirar por completo antes de fin de año.