Biobío: Presupuesto 2027 considera recorte del 41% en recursos de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional

Monto asignado caería de $25 mil 391 millones a $14 mil 868 millones en la propuesta para el próximo año. Congresistas locales expusieron sus reparos, aunque también piden transparentar el uso de los recursos.

Una disminución de $10 mil 523 millones en los recursos destinados al Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional para 2027 abrió el debate entre congresistas del Biobío.

Según los antecedentes disponibles, el financiamiento de este fondo pasaría de $25 mil 391 millones considerados para 2026 a $14 mil 868 millones en la propuesta para el próximo año, lo que equivale a una caída de 41,4%.

La variación se enmarca en la discusión del Presupuesto 2027 y todavía debe analizarse durante su tramitación.

Las reacciones parlamentarias coinciden en la importancia de resguardar los recursos destinados a la conectividad regional, aunque también incorporan matices respecto de cómo deben utilizarse, la necesidad de transparentar su asignación y las alternativas para conseguir financiamiento adicional.

Parlamentarios advierten posibles efectos en las comunas

La diputada de la UDI Flor Weisse sostuvo que la reducción genera preocupación por la dependencia que mantienen miles de personas del transporte público para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educacionales y centros de salud, particularmente en sectores rurales y localidades aisladas.

No obstante, planteó que la discusión también debe considerar las prioridades presupuestarias del Gobierno y el escenario de recursos limitados. A su juicio, corresponde evaluar los efectos de la disminución y procurar que los servicios esenciales no se vean comprometidos.

“Lo que corresponde es evaluar cuidadosamente los efectos de esta disminución, exigir que se resguarden los servicios esenciales y procurar que el Biobío no vea comprometidas las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes”, señaló.

La diputada, asimismo, manifestó su disposición a realizar gestiones durante la discusión presupuestaria para buscar alternativas que permitan recuperar recursos o proteger los servicios prioritarios.

Desde el Partido Republicano, la diputada Paz Charpentier sostuvo que el ajuste debe analizarse considerando los proyectos específicos que reciben financiamiento y sus resultados esperados.

Además, llamó a distinguir esta reducción de un eventual aumento en las tarifas que pagan los usuarios del transporte público.

“Este ajuste no significa por sí mismo un alza en el precio del transporte: son materias distintas”, afirmó, al explicar que el fondo financia iniciativas regionales a través del Gobierno Regional, mientras que las tarifas y los subsidios que inciden en el valor pagado por los pasajeros se gestionan por otras vías, principalmente desde el nivel central.

Charpentier expresó su disposición a impulsar modificaciones que prioricen iniciativas regionales listas para ejecutarse y que acrediten beneficios concretos. En ese contexto, sostuvo que quienes soliciten reponer recursos deben identificar los proyectos que se financiarían, los resultados esperados y los mecanismos para medir su impacto.

Debate por descentralización y asignación de recursos

El diputado Roberto Arroyo, por su parte, cuestionó la disminución desde una perspectiva de descentralización, señalando que el financiamiento regional debe responder a las necesidades de los habitantes del territorio.

“Los recursos que les pertenecen a las regiones deben quedarse en las regiones y responder a las necesidades de sus habitantes. No podemos hablar de descentralización mientras se debilita el financiamiento que permite conectar nuestras comunas y mejorar la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

El parlamentario advirtió que la reducción podría afectar la continuidad y calidad de los servicios, particularmente en las comunas más alejadas, donde el transporte público resulta relevante para acceder al trabajo, la educación y la salud.

Arroyo anunció que está disponible para impulsar gestiones y modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Entre sus planteamientos, mencionó la necesidad de revisar las cifras, transparentar los criterios de asignación y buscar la recuperación de los recursos.

En tanto, la diputada Joanna Pérez planteó que la discusión debe considerar el origen y el uso histórico de estos recursos.

La parlamentaria adelantó que revisará los antecedentes en la Subcomisión de Tesoro Público y precisó que la variación corresponde al fondo de compensación asociado al Transantiago, y no al presupuesto general de Transportes, que, según indicó, registra un crecimiento superior al 2%.

Pérez sostuvo que es necesario examinar cómo se han utilizado estos fondos desde años anteriores, ya que, de acuerdo con su planteamiento, durante 2016 y 2017 se destinaron recursos a proyectos que no estaban directamente vinculados al transporte.

La diputada señaló que su objetivo es conseguir financiamiento para iniciativas del Biobío mediante distintas vías, entre ellas Tesoro Público, el Ministerio de Transportes y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en coordinación con los gobernadores regionales.

Como ejemplo de gestiones anteriores, mencionó recursos por $30 mil millones para el Liceo de Cañete y más de $10 mil millones para completar el financiamiento del cruce Santa Sofía, en Chiguayante. También afirmó que se han apalancado $60 mil millones para distintos proyectos, junto con recursos adicionales.

Solicitan explicaciones por la reducción

Una postura crítica también manifestó el diputado Patricio Pinilla, quien calificó la disminución como grave y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el transporte público y la conectividad regional.

El parlamentario sostuvo que la baja de más de $10 mil 500 millones podría dificultar el mantenimiento o mejoramiento de servicios y generar mayores problemas de movilidad para quienes viven en sectores rurales y apartados.

“Menos financiamiento puede significar dificultades para mantener o mejorar servicios, mayores problemas de movilidad y un impacto directo en la calidad de vida de las familias que dependen del transporte público”, afirmó.

Pinilla agregó que la conectividad debe entenderse como una condición necesaria para acceder a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Por ello, manifestó su disposición a impulsar gestiones durante la discusión del presupuesto, solicitar explicaciones sobre los criterios aplicados y buscar alternativas para recuperar el financiamiento.