81 años de edad en promedio: cuatro notarios y conservadores del Biobío dejan sus cargos por reforma
03 de Octubre 2026 | Publicado por: Anibal Torres Durán
La medida responde a la entrada en vigencia del límite de 75 años fijado por la Ley 21.772. Desde la Seremi de Justicia señalaron que trabajan junto a las fiscalías judiciales para agilizar los nombramientos y traspasos.
Un total de 35 notarios, conservadores y archiveros cesaron sus funciones a partir de este viernes. La medida responde a la entrada en vigencia del límite de 75 años de edad estipulado en el artículo segundo transitorio de la Ley 21.772, que reformó el sistema notarial y registral.
En específico, los decretos de cese de cargo, que afectan a auxiliares de la justicia con un promedio de 81 años de edad, fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva.
Uno de los pilares de esta normativa es la fijación de un límite de edad para el cese obligatorio de funciones, lo que pone fin a los cargos de carácter vitalicio. Asimismo, se estableció que los nuevos nombramientos se realizarán mediante concursos públicos bajo el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), prohibiendo explícitamente la postulación de familiares de altas autoridades del Estado.
Del total nacional, de acuerdo a datos recopilados por Diario Concepción, son cuatro los notarios, conservadores y archiveros de la Región del Biobío que dejan sus funciones. En específico, se trata de Ramón García Carrasco, 7ª Notaría de Concepción, de 82 años; Omar Retamal Becerra, 1ª Notaría de Talcahuano, 85 años; David Garretón Rodríguez, Conservador y Archivero de Los Ángeles, de 76 años; y Juan Antonio Puga Lozano, Notario, Conservador y Archivero de Laja, de 80 años.
Consultado por este medio respecto de los cambios que trae la reforma, el seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Robert Contreras, comentó que “son días intensos con el cese de funciones de los notarios que ya cumplieron el límite de edad. Ante esto, la posición desde la Seremi es clara: los plazos están fijados por ley y establecidos por el legislador, por lo que se realizarán las acciones establecidas en la norma”.
Sobre los pasos a seguir tras las salidas, Contreras complementó que “tal como lo instruyó el ministerio, nos colocamos codo a codo con las fiscalías judiciales para agilizar cada nombramiento y traspaso de la manera más fluida posible”.
Al mismo tiempo, la autoridad enfatizó que la prioridad actual es “que las oficinas sigan abiertas y funcionando con total normalidad para atender a las personas que necesitan hacer sus trámites día a día, esperando un funcionamiento de la forma que está determinado por nuestro ordenamiento jurídico”.
Acciones judiciales a nivel nacional
Por otra parte, a nivel nacional, la aplicación de la reforma enfrenta acciones judiciales. El conservador de Santiago, Luis Maldonado; la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery; el conservador de Pozo Almonte, Enso González; la notaria de Las Condes, Linda Bosch; y la notaria de La Calera, Lidia Chahuán; han recurrido a tribunales para intentar impedir sus ceses. En los casos de Maldonado, Mery y González, el Tribunal Constitucional había suspendido las causas civiles, pero no la aplicación de la norma que dispone sus salidas.
En estas situaciones, todos recurrieron a la justicia civil invocando la Ley Zamudio, sosteniendo que la aplicación del límite de edad constituiría una discriminación arbitraria. En el caso de Maldonado, la jueza Claudia Veloso requirió al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad del artículo 6, letra b), de esa legislación, lo que abrió la causa ante el TC.
La reforma
La reforma al sistema notarial y registral en Chile está vigente desde el 2 de abril de 2026 y representa una de las transformaciones más profundas del sector en décadas. Su objetivo principal es modernizar, transparentar y hacer más accesible el servicio de notarías, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales en todo el país.
En el ámbito de la atención al público, la reforma introduce la fiscalización directa del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), permitiendo que los usuarios denuncien cobros indebidos, demoras excesivas o mala calidad en el servicio. Para complementar esto, los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía fijarán tarifas máximas legales para cada trámite, terminando con la discrecionalidad de precios.
La modernización tecnológica también es obligatoria bajo este nuevo marco legal. Las notarías y registros deben implementar canales digitales, firmas electrónicas avanzadas y repositorios web donde los ciudadanos puedan consultar requisitos y precios de forma remota. Además, la ley incluye una fuerte medida de “desnotarización”, eliminando la exigencia de un ministro de fe para más de una decena de trámites comunes, los cuales ahora se pueden resolver mediante declaraciones simples.