Senadores del Biobío marcan diferencias ante proyecto sobre legítima defensa privilegiada

La iniciativa, llamada “Naín-Retamal 2.0”, busca extender la protección jurídica especial a policías, gendarmes y militares que intervengan ante ataques mientras están fuera de servicio.

A su segundo trámite constitucional llegó el proyecto denominado “Naín-Retamal 2.0” ingresó al Senado y fue derivado a la Comisión de Constitución, instancia donde continuará su discusión. La iniciativa busca modificar el Código Penal para ampliar la aplicación de la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que se encuentren de franco y que intervengan para repeler un ataque contra ellos mismos o contra otra persona.

El proyecto apunta a una situación que, de acuerdo con sus autores, no habría quedado cubierta por la actual Ley Naín-Retamal. La normativa entregó una mayor protección jurídica a Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas mientras cumplen funciones, pero su redacción dejó fuera a quienes intervienen estando fuera de servicio.

La propuesta plantea corregir ese punto considerando que un funcionario policial o de otra institución relacionada puede encontrarse ante un delito o un ataque incluso cuando no está cumpliendo funciones.

La discusión genera distintas posiciones entre los senadores de la Región del Biobío, mientras el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) manifestó su respaldo, el senador Gastón Saavedra (PS) planteó la necesidad de establecer límites claros respecto del uso de la fuerza y que cada situación pueda ser posteriormente evaluada por los tribunales.

La legítima defensa privilegiada supone una protección jurídica especial frente al uso de la fuerza, ya que presume que en caso de funcionarios de fuerzas armadas se cumplen los requisitos de la legítima defensa, y para demostrar lo contrario es necesaria una instancia posterior.

Para Saavedra, la discusión debe centrarse precisamente en establecer bajo qué circunstancias puede operar esa facultad. El parlamentario sostuvo que “el uso de la fuerza está concedido a los agentes del Estado en condiciones y en situaciones que son bien específicas”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la modificación debe precisar las circunstancias en que un funcionario puede hacer uso de sus atribuciones, evitando que la norma pueda interpretarse como una autorización general para utilizar la fuerza.

“Tenemos que convenir que un policía o un integrante de un organismo o de una institución militar o de investigaciones, tienen el atributo, pero en situaciones bien particulares, no es al libre albedrío”, afirmó.

El senador socialista también apuntó al rol que deberá cumplir el Poder Judicial en la evaluación de los casos concretos. A su juicio, el uso de la fuerza debe quedar condicionado a una evaluación y ponderación posterior que permita determinar si la actuación correspondió.

Saavedra enfatizó que su postura no supone negar completamente la posibilidad de que funcionarios fuera de servicio intervengan. El punto central está en evitar un uso indiscriminado y establecer los límites necesarios.

“El diálogo democrático es lo más aconsejable para el perfeccionamiento y el mejoramiento de las leyes”, concluyó el senador Gastón Saavedra.

Frente a esta postura, Van Rysselberghe expresó un respaldo directo al proyecto, argumentando que quienes integran las instituciones encargadas de la seguridad pueden encontrarse ante situaciones de riesgo incluso cuando no están cumpliendo un turno.

“Estoy totalmente de acuerdo, porque la delincuencia no pregunta si un carabinero, un detective o un gendarme está de turno antes de atacar. Tampoco una víctima puede esperar a que un funcionario vuelva a estar de servicio para recibir ayuda”, afirmó.

Para el senador, la iniciativa busca resolver una diferencia en el respaldo jurídico que reciben los funcionarios dependiendo de si se encuentran o no en servicio. Desde su perspectiva, la intervención para proteger a otra persona debe contar con la misma consideración legal en ambas circunstancias.

“Este proyecto corrige esa contradicción y entrega el mismo respaldo jurídico a quienes arriesgan su vida para proteger la de otros, estén o no de servicio”, sostuvo.

Van Rysselberghe descartó que la propuesta implique entregar facultades extraordinarias a los funcionarios. Según explicó, el objetivo sería asegurar que quien actúe para proteger una vida tenga respaldo jurídico cuando la situación ocurra fuera de su jornada de servicio.

“No estamos ampliando privilegios ni entregando facultades extraordinarias. Estamos asegurando que un funcionario que actúa para defender una vida tenga el mismo respaldo legal si enfrenta esa situación durante su turno o mientras está de franco”, señaló.

El senador agregó que la posibilidad de intervenir ante un delito grave mientras se encuentra fuera de servicio también tiene relación con la protección de las víctimas. “Proteger una vida no tiene horario y la protección de la ley tampoco debería tenerlo”, afirmó.

Van Rysselberghe sostuvo además que, a su juicio, el principal beneficiario de la iniciativa sería la ciudadanía, al permitir que un funcionario que presencia un delito grave estando de franco pueda actuar contando con un respaldo jurídico equivalente al que tendría mientras está en funciones.

“Cuando un funcionario policial o militar presencia un delito grave estando de franco, debe tener la tranquilidad de que, si actúa para proteger una vida, contará con el mismo respaldo jurídico que tendría si estuviera de servicio. Ese es el vacío que esta iniciativa viene a corregir”, planteó.

El proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser analizado en la Comisión de Constitución. En ese proceso, una de las materias centrales será determinar los alcances de la legítima defensa privilegiada cuando la intervención de los funcionarios se produzca fuera de su horario de servicio.