Ley del Mono avanza al Senado: congresistas del Biobío respaldan prórroga, pero piden una solución permanente

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, busca extender los plazos para regularizar viviendas. Mientras congresistas de la Región valoran la medida, expertos advierten la necesidad de compatibilizar la simplificación de los trámites con estándares adecuados de seguridad y habitabilidad.

La posibilidad de extender hasta 2029 el régimen excepcional de regularización de viviendas conocido como “Ley del Mono” genera un amplio respaldo entre parlamentarios del Biobío.

Aunque también abre un debate sobre la necesidad de fortalecer las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y evitar que este mecanismo continúe prorrogándose como una solución transitoria.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley 20.898 y lo despachó al Senado, donde deberá continuar su tramitación.

La propuesta amplía desde el 31 de diciembre de 2027 hasta el mismo día de 2029 el plazo para acogerse al procedimiento, además de permitir que se incorporen construcciones realizadas antes del 28 de noviembre de 2025.

El proyecto también amplía el universo de viviendas que podrían acceder al mecanismo. La propuesta considera propiedades de hasta 120 metros cuadrados y con un avalúo fiscal máximo de 2.000 UF.

Además de contemplar Equipos Comunales de Regularización de Viviendas para entregar asistencia a familias pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Expertos advierten sobre los límites de la medida

Desde la academia, el docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción, Ricardo Utz, explicó que la Ley 20.898 funciona como una excepción al procedimiento habitual de construcción.

En términos generales, una obra nueva requiere primero un permiso de edificación y, una vez terminada, una recepción definitiva.

La Ley del Mono permite reunir ambos procedimientos en una tramitación simplificada para determinadas construcciones que cumplen las condiciones establecidas.

“Esta es una ley de excepción, es como un ‘perdonazo’”, explicó Utz, aunque recalcó que no todas las viviendas pueden acogerse al mecanismo.

Entre las restricciones se encuentran las construcciones ubicadas en zonas de riesgo y aquellas que tienen reclamaciones pendientes.

El académico también destacó que la normativa busca regularizar edificaciones que ya existen, por lo que establece una fecha límite respecto de cuándo fueron construidas.

Utz llamó además a considerar los riesgos asociados a la localización de viviendas. A partir de incendios, inundaciones y otros eventos recientes, señaló que existen casos de construcciones emplazadas en lugares que pueden quedar expuestos a amenazas naturales.

Por ello, sostuvo que la extensión puede resolver problemas administrativos de familias que ya tienen sus viviendas construidas, pero no debería entenderse como una autorización para construir sin considerar las normas urbanísticas y de seguridad.

Municipios piden recursos para enfrentar más solicitudes

La discusión también llega directamente a las municipalidades, que serán las encargadas de tramitar una parte importante de las solicitudes de regularización.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, manifestó que los municipios están disponibles para facilitar estos procesos, pero advirtió que un aumento de solicitudes podría generar presión sobre las DOM.

“Un aumento de solicitudes podría generar una mayor presión sobre las DOM, las cuales, dependiendo del municipio, cuentan con acotado personal”, señaló.

Fuentes planteó que una eventual extensión hasta 2029 debería estar acompañada de recursos y una estrategia de implementación. En particular, puso el foco en comunas rurales y aquellas donde existe una mayor cantidad de viviendas que podrían acogerse al mecanismo.

“Porque no basta con ampliar plazos. Se necesita que los trámites se hagan y no se acumulen en las oficinas municipales”, afirmó.

El alcalde sostuvo que fortalecer los equipos profesionales y la capacidad técnica de las DOM es necesario para que la política de regularización no termine generando nuevas esperas para los propietarios.

Construcción destaca beneficios, pero pide una solución permanente

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción, el vicepresidente del Comité de Vivienda, Javier Troncoso, calificó la herramienta como positiva mientras se mantenga acotada y dirigida a construcciones que cumplan las condiciones técnicas correspondientes.

Según explicó, la regularización permite que familias puedan formalizar sus propiedades y posteriormente acceder a alternativas que una vivienda sin recepción definitiva puede tener restringidas, como determinados programas de mejoramiento, tasaciones bancarias o financiamiento hipotecario.

Troncoso sostuvo que el desafío está en que este tipo de mecanismo no se transforme en una solución que deba renovarse periódicamente. Por ello, planteó que ciertas herramientas de simplificación deberían incorporarse de manera permanente a la legislación urbanística.

Parlamentarios respaldan la extensión

El diputado Patricio Pinilla se manifestó a favor de ampliar la vigencia y recordó que participa como coautor de la iniciativa.

A su juicio, la modificación responde a una situación concreta de familias que construyeron o ampliaron sus viviendas y que, por distintas razones, todavía no han podido completar su regularización.

“Creo que responde a una realidad concreta: miles de familias construyeron o ampliaron sus viviendas y, por distintas razones, todavía no han podido regularizarlas”, sostuvo.

El parlamentario planteó, no obstante, que la extensión debería ser utilizada para avanzar hacia un sistema permanente.

“No podemos depender permanentemente de leyes excepcionales para solucionar un problema que se arrastra por años”, afirmó, apuntando a la necesidad de contar con procedimientos más simples y accesibles.

Una postura similar expresó la diputada Lilian Betancurt, quien respaldó que el plazo llegue hasta diciembre de 2029.

La parlamentaria señaló que la medida podría beneficiar a familias de sectores urbanos y rurales del Biobío que han realizado ampliaciones para mejorar sus viviendas.

Sin embargo, también advirtió que la solución no debería consistir en prorrogar indefinidamente la legislación.

A su juicio, se requiere simplificar los trámites, fortalecer las Direcciones de Obras Municipales y entregar acompañamiento técnico para evitar que las familias queden fuera por falta de recursos o información.

La diputada Joanna Pérez también respaldó la extensión, al considerar que reconoce una realidad que afecta a familias que han construido o ampliado sus hogares sin contar todavía con recepción definitiva.

“Esta extensión debe servir para que, de aquí a 2029, avancemos hacia un sistema permanente, más simple y accesible”, planteó.

Pérez agregó un elemento relacionado con la seguridad de las construcciones. Recordó que Chile está expuesto a terremotos, emergencias y efectos asociados al cambio climático, por lo que, a su juicio, la regularización no debería significar dejar de lado las condiciones de seguridad de las viviendas.

En la misma línea, la diputada UDI Flor Weisse señaló que la ampliación permitiría enfrentar una situación todavía presente en regiones como Biobío, donde existen viviendas construidas que no cuentan con recepción definitiva.

La parlamentaria destacó que la falta de regularización puede dificultar procesos como la venta, herencia o acceso a financiamiento.

Sin embargo, también planteó que la nueva extensión debería marcar un punto de cierre para este tipo de mecanismos excepcionales y servir para mejorar los procedimientos ordinarios.

“Si una familia construyó su vivienda hace años y cumple con las condiciones de seguridad y habitabilidad, el Estado debe darle una vía razonable para regularizarla”, afirmó.

El diputado Roberto Arroyo también manifestó su respaldo al proyecto, pero vinculó la discusión con la realidad de las emergencias que ha enfrentado el Biobío. A su juicio, además de resolver la situación de construcciones existentes, el Estado debe considerar mecanismos ágiles para familias que han perdido sus viviendas producto de catástrofes.