Ley Valentín: administraciones de edificios del Biobío preparan cambios en reglamentos internos

Las comunidades de residentes deberán adaptar normas para medidas anticaídas, ante avanzada tramitación de proyecto legislativo.

La Ley Valentín continúa avanzando en el Congreso y con un nuevo eje en el debate: cómo deberán adaptarse las administraciones de edificios si la iniciativa se convierte en ley.

Mientras parlamentarios del Biobío defienden la necesidad de priorizar la seguridad por sobre las restricciones estéticas en los condominios, administradores de la región advierten que la implementación obligará a modificar reglamentos internos, establecer protocolos técnicos y resolver quién asumirá los costos y la mantención de las protecciones.

El proyecto surge tras la muerte de Valentín Brain, un niño de cinco años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz en 2025.

A partir de ese caso, sus padres impulsaron una campaña que derivó en una de las reformas más relevantes a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Aunque la iniciativa comenzó a conocerse tras una moción presentada por el senador Enrique van Rysselberghe (UDI), el texto actual corresponde a la refundición de cinco proyectos presentados por distintos parlamentarios y hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Reglamentos internos bajo revisión

Uno de los cambios centrales de la posible normativa apunta directamente a las comunidades de copropiedad.

La propuesta establece que los reglamentos internos ya no podrán impedir la instalación de mallas de seguridad u otros sistemas de protección cuando correspondan a medidas preventivas contempladas por la ley, aunque sí podrán fijar estándares técnicos respecto de su calidad, instalación y mantención.

Para Elías Osorio Quiroz, administrador de condominios y edificios del Biobío, la aplicación de la norma implicará un cambio profundo en la gestión cotidiana de las comunidades.

“Si se aprueba, los reglamentos no podrían prohibir mallas u otros sistemas de protección contra caídas, aunque sí podrían establecer condiciones de instalación, calidad y mantención”, explicó.

Según detalló, las administraciones deberán revisar los reglamentos de copropiedad, establecer procedimientos para autorizar y registrar las instalaciones y verificar posteriormente su correcta mantención.

Agregó que, si la ley establece la obligatoriedad para determinadas viviendas, también será necesario crear mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.

Osorio advirtió que la implementación no será uniforme en todos los edificios, ya que las condiciones constructivas representan uno de los principales desafíos.

“Los principales desafíos serían los costos, las características constructivas y condiciones ambientales”, afirmó.

En edificios con barandas de cristal, antepechos delgados o construcciones más antiguas, explicó que una instalación inadecuada podría afectar elementos estructurales o incluso las garantías del inmueble.

Además, sostuvo que en comunas costeras como Talcahuano y San Pedro de la Paz la humedad, el viento, la salinidad y la radiación ultravioleta obligarán a utilizar soluciones técnicamente apropiadas.

A ello se suma otro aspecto práctico que, a juicio del administrador, aún deberá quedar claramente definido: quién instalará estos sistemas, quién financiará su implementación y mantención y cómo se compatibilizarán con las condiciones de evacuación de los edificios.

“El desafío será pasar de una lógica estética a una preventiva, con criterios técnicos y responsabilidades claras”, señaló.

Una mirada similar planteó José Aguilera, administrador de un condominio ubicado en calle Canto del Valle, en Lomas de San Sebastián, quien sostuvo que la principal transformación estará en la forma en que las comunidades entienden estas medidas de seguridad.

“La implementación de la Ley Valentín va a exigir que las comunidades actualicen sus reglamentos internos y dejen de ver las mallas de seguridad como un problema estético. El desafío será establecer criterios técnicos claros para que las instalaciones sean seguras, compatibles con el edificio y queden debidamente registradas”, indicó.

Un cambio en la cultura de la copropiedad

El proyecto incorpora la obligación de instalar protecciones en balcones, terrazas y ventanas cuando residan menores de 12 años o personas con necesidades especiales, además de dispositivos que limiten la apertura de ventanas en los casos establecidos por la normativa.

Las cifras que acompañaron la discusión legislativa reflejan la magnitud del problema. Entre 2022 y 2024 fallecieron 39 menores de 18 años por caídas desde altura y, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, se registraron otras 14 muertes relacionadas con este tipo de accidentes, la mayoría de ellas correspondientes a niños y adolescentes.

Respaldo transversal desde el Congreso

El avance del proyecto ha reunido apoyo de parlamentarios de distintas bancadas en el Biobío, aunque con matices sobre su alcance.

El diputado Álvaro Ortiz (DC) sostuvo que cualquier medida orientada a proteger a niños y niñas resulta necesaria y valoró que el proyecto haya evolucionado hacia una fórmula que evita que las administraciones impidan la instalación de protecciones por parte de quienes las requieran.

“Esperamos que cambie para las familias y para las administraciones de edificios la cultura de vivir seguros”, afirmó, agregando que la discusión ya no debe centrarse únicamente en aspectos estéticos o económicos.

Desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones planteó que el principio central de la iniciativa es que la protección de la vida debe prevalecer sobre cualquier restricción establecida por los condominios.

El argumento más fuerte de la Ley Valentín es que la protección de la vida y la seguridad de los niños y personas vulnerables en edificios de altura es un derecho superior”, señaló.

Asimismo, sostuvo que las administraciones deberán buscar mecanismos que permitan compatibilizar el impacto visual de estas instalaciones con medidas efectivas para evitar nuevas tragedias.

El diputado Patricio Pinilla también respaldó la fórmula adoptada por el proyecto, destacando que permite instalar mallas y sistemas de bloqueo sin eliminar completamente la capacidad de las comunidades para definir estándares técnicos.

“Después de lo ocurrido en San Pedro de la Paz quedó demostrado que la seguridad de nuestros niños debe estar por sobre consideraciones meramente estéticas”, sostuvo.

Añadió que espera que ninguna familia vuelva a enfrentar una tragedia similar y que la futura legislación entregue reglas claras tanto para las familias como para las administraciones.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez valoró que la iniciativa distribuya responsabilidades entre constructoras, propietarios y arrendatarios, facilitando que quienes tengan menores de edad puedan instalar estas protecciones sin enfrentar prohibiciones internas.

La parlamentaria advirtió que aún resta resolver en la comisión mixta uno de los aspectos pendientes del proyecto: definir si la instalación será una facultad individual o una obligación para todas las viviendas donde residan menores de 12 años.

“Espero que podamos avanzar en una implementación con la que no debamos lamentar nuevos y tristes accidentes a futuro”, afirmó.