Proyecto de ley que endurece exigencias para barberías genera debate por sólo limitarse al rubro

Aunque existe consenso sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización, actores del rubro, alcaldes y gremio comercial cuestionan que nuevas obligaciones se apliquen solo a barberías y peluquerías.

“Entre colegas se venía pidiendo (…), pero siento que debiese ser parejo para todos, porque se está estigmatizando a las barberías”.

Con esas palabras, Franco Águila, barbero de Club 34, en el centro de Concepción, sintetizó una de las principales discusiones que abrió la reciente moción parlamentaria —ingresada a la Cámara de Diputados— que busca endurecer los requisitos para barberías y peluquerías mediante modificaciones a la Ley de Rentas Municipales.

Presentada el pasado 6 de julio por los diputados Roberto Arroyo y Catalina del Real, la iniciativa se encuentra actualmente en primer trámite constitucional y fue derivada a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su estudio.

La moción fue impulsada luego de diversos procedimientos policiales vinculados a barberías y busca incorporar nuevas exigencias para la obtención y mantención de las patentes comerciales del rubro.

Entre ellas, exige que las personas que atienden público no registren condenas por crímenes o simples delitos sancionados con pena aflictiva y que, en el caso de trabajadores extranjeros, acrediten residencia o autorización para trabajar vigente.

Asimismo, obliga a mantener un registro actualizado del personal y dispone que un local que pierda definitivamente su patente o sea clausurado por infracciones graves y reiteradas a normas sanitarias, tributarias o municipales no pueda obtener nuevamente una patente para el mismo giro en esa dirección durante tres años.

Si bien el proyecto no entrega nuevas facultades de fiscalización a los municipios ni modifica la normativa sanitaria o tributaria vigente, sí endurece las consecuencias para quienes incumplan dichas disposiciones.

Regulación versus estigmatización

Para Franco, el proyecto recoge una inquietud que desde hace años existe entre quienes trabajan formalmente en el rubro. Según explicó, entre los propios barberos era frecuente conversar sobre la necesidad de establecer mayores estándares profesionales e higiénicos.

“Era algo que entre colegas se venía pidiendo hace bastante tiempo, una regulación de las personas que trabajan en el rubro de las barberías, tanto por temas profesionales como por temas higiénicos”, comentó.

No obstante, estimó que “debiese ser parejo para todos (los negocios) porque se está estigmatizando a las barberías, con estas recientes cosas de lavado de dinero y cosas así”.

Respecto de la exigencia de regularización migratoria para trabajadores extranjeros, estimó que la responsabilidad recae, en primer término, en quienes buscan desempeñarse en el rubro.

“El barbero que no está regularizado debe regularizarse, porque si no, finalmente va a traer problemas al empleador”, sostuvo.

Ahora, acerca de una de las disposiciones más estrictas del proyecto —que impediría reabrir una barbería en el mismo inmueble durante tres años tras una clausura definitiva por infracciones graves y reiteradas— reconoció que entiende el objetivo de la medida, aunque puso en duda su proporcionalidad.

“Justo, sí. Necesario, no sé si tanto”, resumió.

Rol de los municipios

La iniciativa también volvió a poner sobre la mesa el alcance de las facultades que actualmente tienen los municipios para fiscalizar este tipo de establecimientos.

Tal debate cobró fuerza luego de que, en mayo de este año, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que las municipalidades no pueden fijar horarios de funcionamiento para barberías y peluquerías mediante ordenanzas, al tratarse de una materia cuya regulación corresponde exclusivamente a la ley.

Bajo ese escenario, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, valoró el sentido del proyecto, aunque advirtió que cualquier modificación legal debería ir acompañada de mayores atribuciones para los gobiernos comunales.

“Es importante que existan mayores herramientas para fiscalizar este tipo de establecimientos, pero también es necesario que los municipios cuenten con las atribuciones y los recursos para poder ejercer esa labor de manera efectiva”.

El jefe comunal agregó que las municipalidades hoy enfrentan limitaciones para ejercer labores de control, por lo que, a su juicio, endurecer las exigencias debería ir de la mano con mecanismos que permitan fiscalizarlas adecuadamente.

También consultado por Diario Concepción, desde Talcahuano, el alcalde Eduardo Saavedra compartió la necesidad de fortalecer los controles, pero llamó a evitar que la discusión termine focalizándose únicamente en barberías y peluquerías.

“No podemos centrar el foco solamente en las barberías. Existen instituciones como la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, la autoridad sanitaria y las policías que ya tienen facultades para fiscalizar distintos aspectos del funcionamiento de los locales comerciales”, manifestó.

En esa línea, remarcó que “la fiscalización tiene que ser igual para todos los establecimientos comerciales y no generar una discriminación hacia un rubro en particular”.

Necesidad de controles transversales

Una postura similar expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, quien coincidió en que es necesario fortalecer la fiscalización, aunque cuestionó que el proyecto concentre las nuevas exigencias únicamente en barberías y peluquerías.

“Independiente del rubro que sea, creemos que tiene que haber una mayor fiscalización, (pero) la fiscalización debería ser a todos los locales comerciales que se abren. Cualquier local comercial tiene que cumplir con todas las exigencias, tanto las municipales como las de la Seremi de Salud y, sobre todo, del Servicio de Impuestos Internos”, aseveró.

A pesar de aquello, a juicio de Cepeda el desafío no pasa únicamente por endurecer los requisitos, sino también por facilitar el cumplimiento de la normativa. Por ello, propuso avanzar hacia una “ventanilla única”, encabezada por los municipios, que concentre la tramitación y permita verificar, desde un solo punto, que cada nuevo establecimiento cumpla con los requisitos sanitarios, tributarios y laborales.

“Lo ideal sería que hubiera una ventanilla única donde, por ejemplo, uno vaya a sacar una patente y desde el mismo municipio se pueda corroborar que el local cumple con todas las exigencias sanitarias, tributarias y laborales. Así también se facilita el cumplimiento para quienes quieren hacer las cosas bien”, concluyó.