En prisión preventiva: esto pasa con el cargo y remuneraciones de consejero regional formalizado por violación

Prisión preventiva y un plazo de cuatro meses de investigación fue lo que determinó el Juzgado de Garantía de Chiguayante para el consejero regional del Biobío, Alan Bastías, imputado por el delito de violación.

Los antecedentes se remontan a fines del año pasado, cuando la víctima, una mujer adulta, realizó la denuncia asegurando haber sido agredida sexualmente por Bastías durante una reunión familiar en dicha comuna.

Aunque el tribunal fijó la medida cautelar más gravosa por el tiempo que dure la investigación, la normativa vigente establece que la autoridad mantiene oficialmente su cargo. Bastías fue electo popularmente en octubre de 2024 como miembro del Core Biobío.

De esta forma, mientras las indagatorias continúen y no exista una condena o causal legal que determine la pérdida del puesto, el consejero se mantendrá formalmente en sus funciones. Cabe precisar que su permanencia no depende de una decisión administrativa del Gobierno Regional, al tratarse de una autoridad de elección popular y no de un funcionario contratado.

En cuanto a su dieta parlamentaria regional, la remuneración de los consejeros se calcula en base a su asistencia a las sesiones. Por ello, al encontrarse bajo prisión preventiva e imposibilitado de asistir, Bastías no debería percibir dicho pago. Asimismo, una eventual destitución queda bajo la atribución exclusiva del Tribunal Electoral Regional (TER) del Biobío.

La investigación

El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Concepción, cuyas diligencias permitieron formalizar al imputado.

Según explicó la fiscal (s) de Concepción, Marcia Matus, tras el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la PDI se reunió evidencia científica, testimonios y pruebas de contexto. “Se invoca la circunstancia de fuerza o intimidación y la de incapacidad para oponerse. También se invoca una agravante genérica, que es haber cometido el delito con abuso de confianza”, detalló la fiscal.

Por su parte, el gobernador regional, Sergio Giacaman, remarcó que Bastías “es una autoridad electa, no un funcionario del Gobierno Regional. No obstante, tenemos la convicción de que los hechos denunciados son gravísimos y esperamos que la Fiscalía pueda aclarar lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan”.