El informe reúne 22 propuestas orientadas a impulsar el empleo, fortalecer la participación laboral femenina y modificar distintos aspectos de la legislación laboral vigente. Estas iniciativas han generado tensión y debate en el mundo político y civil. Conoce el detalle de las propuestas.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recibió hace algunas semanas el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia presidida por el economista David Bravo.

“Quisiera agradecer el tremendo esfuerzo que han realizado durante este mes y medio de trabajo, ha sido sin duda una labor muy importante, en circunstancias en que el mercado laboral no muestra buenas cifras desde hace ya 41 meses”, señaló el secretario de Estado.

El documento reúne 22 propuestas concretas, agrupadas en cinco ejes: incremento del empleo femenino considerando el ciclo de cuidados; subsidios al empleo, jóvenes y formalidad; capacitación laboral y el sistema de desarrollo continuo de habilidades productivas; regulación laboral con impacto en el empleo; e información sobre el mercado laboral.

Además de Bravo, la Mesa estuvo integrada por María José Zaldívar, Alejandro Micco, Cecilia Cifuentes, Claudia Martínez, María “Cuky” Pérez, Ricardo Ruiz de Viñaspre, María José Abud y Benjamín Villena-Roldán.

Las propuestas han generado diversas reacciones en distintos sectores. Pero ¿qué plantea exactamente el informe?

Propuestas para incrementar el empleo femenino considerando el ciclo de cuidados

Según explica el grupo de expertos, la principal barrera para la participación laboral femenina en Chile está directamente relacionada con las responsabilidades de cuidado de otros integrantes del hogar.

De acuerdo con datos de la Encuesta CASEN 2024, el 33,6% de las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral declaró que la principal razón corresponde al trabajo doméstico y de cuidados, porcentaje que contrasta con cifras marginales entre los hombres inactivos. La diferencia se profundiza al considerar que el 93% de quienes permanecen fuera del mercado laboral por el cuidado de hijos o adultos mayores son mujeres.

Frente a este escenario, la Mesa formuló 22 propuestas, distribuidas en cinco ejes.

La primera plantea aprobar con urgencia la reforma a la sala cuna, sobre la base del proyecto que actualmente se tramita en el Senado y considerando la reciente indicación presentada por el Ejecutivo.

En ese contexto, la Mesa propuso “considerar la entrega de recursos adicionales al sistema de salas cunas públicas para que puedan hacer frente a un potencial aumento de demanda por la reforma, así como para que puedan cubrir la temporada estival y tengan capacidad de proveer un horario extendido según la demanda de los padres”.

Asimismo, propuso “establecer los mecanismos que garanticen que el monto del beneficio sea suficiente para acceder efectivamente a un establecimiento de sala cuna en cada comuna, con ajustes que reconozcan las diferencias en costos y disponibilidad de oferta entre regiones”.

También recomienda “establecer que el informe de sostenibilidad del fondo de salas cuna considerado en el proyecto de ley se realice con periodicidad anual en los primeros años, con el objeto de monitorear de manera regular la implementación de la reforma”.

Además, el documento señala: “Considerar una actualización frecuente de la evaluación de sostenibilidad de los fondos de cesantía en atención al mecanismo de financiamiento adoptado. Adicionalmente, se recomienda que se haga disponible públicamente, de manera innominada a nivel de microdatos, la base de datos del seguro de cesantía y que la Superintendencia de Pensiones entregue de manera detallada los supuestos de su informe de sustentabilidad de los fondos de cesantía, permitiendo así tanto su replicabilidad como la realización de estudios independientes sobre el comportamiento del Seguro de Cesantía”.

La Mesa también propone “monitorear y optimizar el uso del sistema público de salas cuna”, normativa que actualmente continúa en trámite.

Cobertura preescolar

La segunda propuesta plantea ampliar la cobertura de educación preescolar para niños y niñas de entre 2 y 4 años, con el objetivo de cerrar la brecha de más de 20 puntos que existe entre Chile y la OECD. Sobre este punto, la Mesa precisó que “Esta suma sólo una recomendación”.

El informe agrega:

“Además del periodo de sala cuna existe un tramo crítico cuya cobertura no está resuelta: el período entre los 2 y los 4 años, cuando termina la sala cuna y antes de que los niños y niñas ingresen al sistema preescolar (pre-kinder y kinder). Este vacío obliga a muchas madres y padres a abandonar el empleo formal o reducir su jornada, con efectos especialmente agudos sobre las mujeres. Si bien hoy existe el derecho a jardines infantiles públicos para el 60% más vulnerable de la población, no existe un acceso universal para el tramo de 2 a 4 años. Como se señaló anteriormente, con respecto a la OECD la brecha de cobertura de jardín infantil para los 2 y 3 años es de 20 a 26 puntos porcentuales. Se propone que se establezca como meta cerrar esta brecha”.

Asimismo, se propone que, una vez promulgada la ley de sala cuna universal, se amplíe progresivamente el derecho al cuidado en jardines infantiles para este nivel.

Según plantea la Mesa, el diseño de esta reforma, la estimación de sus costos y su financiamiento deberán sustentarse en la evidencia obtenida durante los primeros cuatro años de funcionamiento de la sala cuna universal, periodo que permitirá observar el comportamiento efectivo de la demanda y la oferta.

Además, se propone considerar financiamiento estatal de educación superior para avanzar hacia la universalidad del acceso a jardines infantiles en este tramo.

Sistema de cuidado extraescolar

La tercera propuesta plantea establecer un nuevo sistema universal de cuidado extraescolar, para lo cual la Mesa formuló seis recomendaciones.

La primera consiste en diseñar este sistema tomando como base la experiencia del Programa 4 a 7 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que entrega cuidado extraescolar a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 13 años en establecimientos educacionales, entre las 16 y las 19 horas. Sin embargo, el informe advierte que su cobertura alcanza menos del 1,1% de la demanda potencial.

En esa línea, propone “reemplazarlo por un Sistema Integrado de Cuidado Extraescolar, concebido como extensión horaria del servicio educativo público —no como programa social paralelo— con focalización progresiva hacia la universalidad. Se recomienda que el programa mantenga la estructura de talleres deportivos y culturales, de manera que no se transforme en una extensión de la jornada escolar”.

Asimismo, recomienda que funcione entre las 16 y las 19 horas durante los días hábiles y en jornada completa durante vacaciones y feriados escolares, incorporando un registro único digital de postulación, segmentación por edades —6 a 9 y 10 a 13 años—, un sistema de transporte para consolidar la oferta y colaciones financiadas mediante convenio vinculante con JUNAEB.

Adicionalmente, la Mesa propone que los cuidadores puedan definir los días de asistencia de los niños al momento de la postulación, con el objetivo de maximizar el uso del programa.

“La administración del sistema recaería en una entidad estatal a definir, sin delegar la gestión en los establecimientos educacionales. Esta administración definirá los establecimientos donde se establecerá el programa en función de la demanda, y los establecimientos que estarían en red, cuyos alumnos podrían asistir al programa. El componente de autonomía económica de la mujer se mantendría a cargo de SernamEG”, indica el informe.

La Mesa también propone “establecer un copago, el que podría disminuir según el nivel de vulnerabilidad del hogar. La organización de esta oferta de cuidado extraescolar en el mismo establecimiento fortalece la organización de la comunidad de familias y también genera economías de escala en los costos del programa. Este esquema de organización del programa permitiría un escalamiento más rápido, cuya implementación entregaría información relevante para su evaluación y ajustes”.

Finalmente, este eje plantea complementar el sistema con un programa de cuidado vespertino para niños de 4 y 5 años en establecimientos que cuentan con jornada escolar completa, funcionando entre las 16 y las 19 horas y también durante las vacaciones.

Monitoreo de cupos

La cuarta propuesta plantea establecer un sistema centralizado de monitoreo de cupos en educación preescolar y una plataforma única de postulación.

Según la Mesa, la oferta pública opera de manera fragmentada y sin un registro unificado, mientras que la oferta privada sin reconocimiento oficial permanece completamente fuera de cualquier sistema administrativo, dificultando conocer la disponibilidad real de cupos y la demanda insatisfecha en cada territorio.

En ese contexto, el informe señala:

“Se propone crear un sistema centralizado de monitoreo que integre cupos, matrícula, asistencia y listas de espera de todos los establecimientos: públicos, subvencionados y privados”.

Además, “se propone establecer una plataforma de postulación única digital para toda la oferta de cuidado —sala cuna, jardín infantil y cuidado extraescolar—, con criterios de priorización transparentes basados en el Registro Social de Hogares (RSH)”.

Subsidios al empleo, jóvenes y formalidad

Respecto del segundo eje, relacionado con subsidios al empleo, jóvenes y formalidad, el informe explica que el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) busca apoyar la generación de trabajo formal para grupos prioritarios, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 55 años. La Ley Nº 21.808 fue publicada el 13 de marzo de 2026 y entrará en vigencia siete meses después de su publicación.

En esta materia, la Mesa formuló cuatro propuestas.

La primera plantea que “el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) permita que el empleador conozca si el trabajador califica para el subsidio antes del momento de la contratación para que efectivamente opere como un incentivo a la contratación. Si esto no es posible, se sugiere eliminar la focalización por el Registro Social de Hogares que quedó establecida en la ley”.

Además, la Mesa “sugiere incorporar flexibilidades al diseño de este subsidio para épocas de emergencia, como aumentar el plazo, permitir distintas distribuciones del subsidio e incorporar a trabajadores hombres entre 25 y 55 años”.

La segunda propuesta apunta a ampliar el trabajo en dos o tres turnos en las obras públicas.

En ese contexto, la Mesa “propone que, en la medida que sea posible, el Estado pueda considerar los proyectos de inversión pública en curso, que puedan permitir una negociación para incorporar una cláusula para que los proveedores incluyan un segundo turno de trabajadores (si es que se opera con un turno) o un tercer turno”.

Según el informe, se trata de una medida que tendría “efectos inmediatos en el empleo, considerando la posibilidad que tiene el Estado para poder incentivar la aceleración de las obras adelantando los recursos”.

La tercera propuesta consiste en “establecer un grupo de trabajo dentro del gobierno para evaluar distintas estrategias y medidas para abordar el desafío de incrementar la formalidad en el mercado laboral”.

Aunque la Mesa reconoce que no alcanzó a profundizar en esta materia, identifica tres elementos centrales.

El primero señala que “se requiere abordar las distorsiones que actualmente presenta el Registro Social de Hogares en contraste con las características de la población (menor tamaño de los hogares autoreportados; gran proporción de hogares unipersonales, entre otros aspectos)”.

El segundo indica que “desde las políticas públicas se requiere buscar incentivos a la formalidad con formas innovadoras para el grupo heterogéneo de personas informales”.

Finalmente, el tercer aspecto propone simplificar “los trámites y facilitar la posibilidad que las PyMEs puedan adscribirse a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, lo que se hace complejo para empresas de menor tamaño sin áreas de recursos humanos. Los beneficios de esta afiliación son atractivos para los trabajadores y constituyen un incentivo a la formalización que debe ser impulsado”.

La cuarta propuesta de este eje plantea implementar un “programa de Talento Joven dirigido a los estudiantes de la Educación Media Técnico-Profesional, por medio del cual puedan tener una primera experiencia laboral en empresas. Este programa permitirá la disponibilidad de prácticas laborales en las empresas y el involucramiento temprano de estos establecimientos con las empresas incentivando un proceso de formación dual”.

De acuerdo con la Mesa, este programa estaría alojado en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, para su implementación, “se requiere establecer una sólida alianza público-privada”.

Capacitación laboral y desarrollo de habilidades

El tercer eje del informe aborda propuestas relacionadas con la capacitación laboral y el desarrollo continuo de habilidades productivas.

La primera consiste en mantener la franquicia tributaria para capacitación, aunque con cambios relevantes.

Entre ellos, se propone establecer un copago obligatorio para las empresas, con algunas excepciones; mejorar el acceso para las PyMEs; excluir de la franquicia las capacitaciones autoaplicadas y online asincrónicas; limitar el crédito tributario al 5% de lo destinado a gastos de administración de los OTIC; ampliar el uso del beneficio para prácticas laborales de estudiantes de Educación Media Técnico-Profesional y egresados de programas SENCE; y fortalecer la fiscalización conjunta entre el SENCE y el Servicio de Impuestos Internos (SII), privilegiando la calidad de las capacitaciones según las necesidades del sector productivo.

La segunda recomendación propone modificar los programas sociales del SENCE.

La tercera plantea “implementar un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas con un único portal (SDCHP)”.

Regulación laboral con impacto en el empleo

El cuarto eje corresponde a la regulación laboral y ha sido uno de los más debatidos debido a las modificaciones que propone en materia de jornada laboral, indemnizaciones y despidos.

Uno de los puntos más comentados es la posibilidad de distribuir la jornada permitiendo semanas de hasta 52 horas.

La Mesa fundamenta esta propuesta en la Ley 21.561, que reduce gradualmente la jornada semanal de 45 a 40 horas y establece un máximo de 52 horas considerando las horas extraordinarias.

“Sin embargo, el período para calcular el promedio fijado en 4 semanas, sin posibilidad de extensión, ubica a Chile como el más restrictivo entre los 20 países de la OECD que cuentan con mecanismos de distribución horaria: el promedio de referencia en estos países es de 15 semanas, y el 75% de estos países permite extensiones hasta 52 semanas mediante negociación colectiva —como Alemania, Países Bajos o Suecia—. A esta limitación se suma el artículo 22 bis del Código del Trabajo, que impone un tope de 45 horas ordinarias semanales y prohíbe mantener ese nivel por más de dos semanas consecutivas dentro del período de cálculo del promedio, una restricción sin equivalente en la mayoría de las economías comparadas”, sostiene el documento.

Otro de los aspectos abordados corresponde a la indemnización por años de servicio.

Según la Mesa, el actual sistema genera tres distorsiones: “(i) un efecto candado (lockin), porque la IAS solo se paga ante despido y el trabajador que renuncia pierde la antigüedad acumulada, lo que traba la movilidad voluntaria hacia empleos de mayor productividad; (ii) un pasivo contingente incierto para las empresas, que eleva el riesgo de contratar formalmente a plazo indefinido; y (iii) un sesgo contra jóvenes y mujeres, porque el costo esperado de desvinculación es mayor para perfiles con productividad inicial incierta o riesgo percibido de interrupción laboral”.

En ese contexto, el informe señala que “varias propuestas recibidas por la Mesa —cuentas individuales a todo evento, rediseño del seguro de cesantía, ajustes paramétricos sectoriales— transitan en esa dirección”.

Asimismo, el documento aborda el concepto de polifuncionalidad laboral.

“La Ley 19.759 (2001) introdujo la posibilidad de pactar dos o más funciones alternativas o complementarias en el contrato de trabajo. Sin embargo, la Dirección del Trabajo adoptó a partir de 2022 una interpretación restrictiva —consolidada en el Dictamen ORD. Nº 1370 de 2023 y ratificada por el ORD. Nº 107 de 2026— que exige que las funciones pactadas respondan a una “única naturaleza de servicios”. Esta lectura, respaldada por fallos judiciales como la sentencia RIT O-5083-2021 (caso Walmart, ratificada por la Corte Suprema), restringe severamente la polifuncionalidad y genera incertidumbre jurídica, especialmente en el comercio”, expone el informe.

Nueve propuestas sobre regulación laboral

En este cuarto eje, la Mesa formuló nueve propuestas específicas orientadas a modificar distintos aspectos de la legislación laboral.

La primera consiste en “extender el periodo de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria desde las actuales 4 semanas hasta un periodo como el promedio de la OECD (15 semanas) o hasta 52 semanas (Alemania, Países Bajos), con un techo absoluto de horas semanales tal como el establecido actualmente en el artículo 31 (52 horas semanales sumando horas ordinarias y extraordinarias). Se recomienda que esta norma se aplique también a los contratos especiales (tales como personal aeronáutico, artistas u otros) y a los sistemas excepcionales de distribución de jornada (por ejemplo, en el caso de faenas mineras, forestales u otras)”.

Asimismo, la Mesa recomendó establecer un mecanismo de reducción temporal de jornada frente a shocks económicos.

Otra propuesta plantea “simplificar la autorización y renovación de jornadas excepcionales en sectores que requieren operación ininterrumpida (por ejemplo, minería, data centers, transporte público, etc.), por cuanto la naturaleza técnica de estas faenas hace inviable la aplicación de la jornada ordinaria”.

Uno de los planteamientos que más debate ha generado es el relacionado con la indemnización por años de servicio. En ese sentido, la Mesa propone “evaluar rigurosamente la eliminación gradual de la Indemnización por años de servicio a cambio de una indemnización a todo evento, comenzando con los nuevos contratos y financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Los trabajadores actuales conservan su actual derecho y podrían acceder al nuevo régimen por acuerdo de las partes”.

En la misma línea, el informe propone “específicamente, modificar el artículo 10 Nº3 del Código del Trabajo para fortalecer la multifuncionalidad en los contratos de trabajo. Para ello se propone reemplazar el párrafo ‘El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas sean estas alternativas o complementarias’ por el siguiente: ‘Adicionalmente, las partes podrán pactar, independientemente de la naturaleza que tengan, dos o más funciones, sean estas alternativas o complementarias, con la sola condición de que aquellas deben especificarse en el contrato’”.

Asimismo, la Mesa plantea “fortalecer el artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo para efectos de explicitar que las ‘necesidades de la empresa’ corresponden a cambios en la organización tanto interna como externa, y que incluyen aspectos como los cierres de establecimientos, bajas sostenidas en las ventas o en la producción, entre otras, que hagan necesaria la desvinculación del trabajador”.

En el mismo artículo también propone “reponer en el mismo inciso 1º del artículo 161 del Código del Trabajo la ‘falta de adecuación del trabajador o trabajadora’ como parte de dicha causal de despido”.

Otra recomendación consiste en constituir una mesa de trabajo entre “el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia, para analizar el problema de la creciente judicialización que se está observando en materia laboral”.

El objetivo sería obtener estadísticas sobre este fenómeno; analizar el impacto que tiene en los costos laborales de las PyMEs y de las grandes empresas; buscar fórmulas para elevar los estándares de admisibilidad de las demandas y, eventualmente, evaluar un sistema alternativo de resolución de conflictos laborales.

Además, la Mesa propone otorgar a los trabajadores que ejercen labores de cuidado el derecho a acceder al teletrabajo “en virtud de su condición de cuidadores de menores o de personas con dependencia, puedan acceder a esa modalidad sin tener que estar necesariamente sujetas a jornada”.

Cambios propuestos para las Empresas de Aplicación de Transportes

Finalmente, el informe aborda la Ley 21.553 sobre Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) y su reglamento.

“Sobre empresas de aplicación de Transportes (EAT) y su reglamento: la entrada en vigencia de la ley tendrá un importante impacto en empleo en el mercado laboral en una actividad que ha sido muy dinámica en los últimos años. Se propone una ley correctiva que corrija los aspectos anti-empleo actuales que no son de modificación reglamentaria: i) eliminación del requisito de licencia profesional; y ii) eliminación de la norma de congelamiento del registro de conductores establecida en la ley”.

Como el reglamento aún no concluye su tramitación, la Mesa también propuso la “inscripción obligatoria de conductores y vehículos en los 6 primeros meses de vigencia de la ley, luego del cual se congela el registro de conductores por 18 meses. Al cabo de los 18 meses se considera la posibilidad que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones defina fundadamente la suspensión de las inscripciones en el Registro por el plazo que determine”.

El informe agrega que “En la versión del reglamento enviada a contraloría se establece una antigüedad máxima del vehículo que se inscribe inferior a 10 años (norma no está en la ley). Este requerimiento deberá cumplirse al mes 6 de vigencia de la ley En la ley se establece el requisito de licencia profesional de los conductores, el que deberá cumplirse a los 12 meses de la publicación”.