$1.500 millones: 12 municipios de Biobío no han rendido fondos sobre protección de mascotas

También en la Región, siete municipalidades declararon no haber realizado jornadas de rescate animal ni de control de población, pese a que desde 2022 la Subdere les ha transferido $764 millones.

La Contraloría General de la República (CGR) revisó el manejo de recursos públicos destinados al bienestar animal en Chile. En esa línea, el organismo dio a conocer un reporte sobre el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, donde detectó importantes falencias en la ejecución, rendición y fiscalización de los recursos transferidos a municipalidades entre 2017 y marzo de 2026.

El análisis señala que, en ese periodo, los municipios recibieron $33.647 millones para desarrollar programas asociados a la “Ley Cholito”, orientados principalmente a la esterilización, rescate, educación y control de la población animal.

Bajo ese contexto, 162 corporaciones edilicias no respondieron a los requerimientos de información de la CGR sobre el uso de más de $16.000 millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Biobío

Respecto de este último punto, la Contraloría detalló que en la Región del Biobío son 12 las municipalidades que no respondieron a los requerimientos planteados por el ente fiscalizador y que recibieron un total de $1.508 millones para las iniciativas de tenencia responsable de animales.

En detalle, de acuerdo al informe de la CGR al que tuvo acceso Diario Concepción, las comunas identificadas son: Cabrero (recibió $96 millones), San Pedro de la Paz ($253 millones), Concepción ($196 millones), Tomé ($188 millones), Coronel ($172 millones), Hualpén ($156 millones), Los Álamos ($153 millones), Santa Bárbara ($90 millones), Contulmo ($69 millones), San Rosendo ($63 millones), Alto Biobío ($34 millones) y Antuco ($33 millones).

También en el Biobío, siete municipalidades declararon no haber realizado jornadas de rescate animal ni de control de población, pese a que desde 2022 la Subdere les ha transferido $764 millones. En detalle, las comunas son: Tucapel, Quilaco, Mulchén, Cañete, Curanilahue, Nacimiento y Florida.

Al mismo tiempo, el reporte del ente contralor da cuenta de que las municipalidades de Los Ángeles, Lebu y Lota mantienen o financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal de Mascotas.

El registro también constata que 12 municipalidades de Biobío no respondieron a la consulta de si cuentan con un lector de chip para mascotas, las cuales coinciden con Cabrero, San Pedro de la Paz, Concepción, Tomé, Coronel, Hualpén, Los Álamos, Santa Bárbara, Contulmo, San Rosendo, Alto Biobío y Antuco. Esto mientras el reporte señala que Tucapel y Negrete definitivamente no cuentan con la herramienta.

La Contraloría, en ese contexto, advirtió que esta situación representa una debilidad importante en los mecanismos de control y seguimiento, considerando que se trata de recursos financiados por el Estado para promover políticas públicas relacionadas con la protección animal y la salud pública.

Nacional

Asimismo, la documentación de la CGR detectó importantes falencias en la administración de la información relacionada con la tenencia responsable de animales. Uno de los aspectos más preocupantes corresponde al registro de animales potencialmente peligrosos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, existen cerca de 40 mil animales catalogados dentro de esta categoría. Sin embargo, apenas 748 personas habrían cumplido con el curso obligatorio de adiestramiento exigido por la legislación vigente.

Para el organismo fiscalizador, esta diferencia evidencia debilidades tanto en los mecanismos de fiscalización como en el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas por la ley. La situación adquiere especial relevancia considerando que estas disposiciones buscan reducir riesgos para la seguridad pública y promover una tenencia responsable de animales de compañía.

Asimismo, el informe señala que persisten deficiencias en la actualización de registros oficiales y en la coordinación entre las instituciones responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa.

Medidas

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República anunció que realizará una fiscalización directa a la Subdere, con el propósito de verificar el adecuado seguimiento de los recursos entregados a las municipalidades y evaluar el funcionamiento de los mecanismos de control existentes.

Paralelamente, instruyó que los municipios que aún no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable —que en el Biobío corresponde solo a la Municipalidad de Cabrero— deberán elaborarla y aprobarla en un plazo máximo de 90 días hábiles, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la normativa en cada territorio.