Sala Cuna Universal: senadores del Biobío evalúan las indicaciones ingresadas por el Gobierno

Dentro de los principales cambios se encuentran la creación de un Fondo de Sala Cuna, la incorporación de nuevos grupos beneficiarios y un nuevo mecanismo de financiamiento.

El Gobierno firmó sus indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, modificaciones con las que busca destrabar la tramitación de la iniciativa mediante una nueva fórmula de financiamiento y una ampliación gradual de la cobertura. El proyecto apunta a extender el beneficio a trabajadores dependientes e independientes, eliminando la actual exigencia que obliga solo a las empresas con 20 o más trabajadoras a garantizar este derecho.

Dentro de los principales cambios se encuentran la creación de un Fondo de Sala Cuna, la incorporación de nuevos grupos beneficiarios y un nuevo mecanismo de financiamiento. Este último contempla una cotización adicional de 0,35% de cargo del empleador, la que, según explicó el Ejecutivo, será compensada con una reducción equivalente en la cotización que actualmente pagan las empresas al seguro de cesantía, con el objetivo de evitar un aumento en los costos laborales.

En ese sentido, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el ingreso de las indicaciones y sostuvo que el nuevo diseño responde a observaciones planteadas durante la discusión anterior del proyecto. La parlamentaria destacó además que la iniciativa cuenta con financiamiento definido, uno de los aspectos que había generado cuestionamientos en versiones previas.

El proyecto, originalmente presentado en 2022, busca extender el beneficio más allá de las trabajadoras dependientes. Entre las modificaciones propuestas se incluye el acceso para padres y cuidadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña, trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular.

La propuesta también establece una implementación gradual de cuatro años. Durante el primer año se incorporarán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes y de personas que acrediten legalmente el cuidado personal del menor. Posteriormente se sumarán trabajadoras independientes, trabajadoras de casa particular y distintos grupos de padres trabajadores, hasta alcanzar una cobertura más amplia.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo en su forma actual. La norma obliga hoy a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el acceso a sala cuna, requisito que diversos sectores han cuestionado por considerar que puede desincentivar la contratación femenina.

La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Educación del Senado, instancia que ya programó sesiones para analizar el contenido de las indicaciones junto a representantes de los ministerios involucrados, la Administradora de Fondos de Cesantía y el Consejo Fiscal Autónomo.

Posturas desde el Senado

Consultado por Diario Concepción respecto de cómo las indicaciones podrían influir en la tramitación del proyecto, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), cuestionó la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo. A su juicio, la medida “evidentemente va a dilatar el debate”, ya que utiliza recursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores.

“Cuando se envía una indicación tal como la que aquí ha llegado, que el 0,3 % con cargo al fondo de cesantía, y que es parte de las cotizaciones de los trabajadores, no se está procediendo entonces en términos de lo que anteriormente he dicho”, sostuvo el parlamentario, quien planteó que el financiamiento debiera sustentarse en un esfuerzo solidario entre trabajadores y grandes empresas.

Saavedra defendió la importancia de avanzar en la iniciativa, recordando que “lleva diez años en discusión este proyecto, y por tanto ya es tiempo más que suficiente para ver madurado cuáles son las posiciones que debieran dejarse de lado”.

Asimismo, afirmó que se trata de “un derecho que está dentro de los marcos del bien común”, orientado a facilitar la incorporación de las mujeres al mundo laboral y garantizar el cuidado de niños y niñas.

Vale recordar que quien también se ha referido al tema es el senador, Enrique van Rysselberghe (UDI). El parlamentario ha sostenido desde marzo que, según él, no existe consenso técnico.

Por eso, para van Rysselberghe no habrá avance en el Congreso “mientras no se corrijan y aclaren temas como el financiamiento y los efectos económicos”.