Disputa por regulación: senadores califican como “error” cobro de IVA a plataformas de apuesta online

La medida del SII fue respaldada por Hacienda y valorada por las entidades en línea, pero encendió un debate sobre coherencia institucional. Congresistas del Biobío advirtieron contradicciones con la discusión legislativa en curso.

La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) abrió una controversia que rápidamente escaló desde el ámbito tributario hacia una discusión política, jurídica e institucional.

La Resolución Exenta N.º 69, del pasado 2 de junio, establece un sistema para que operadores de apuestas, juegos de azar y casinos en línea sin domicilio ni residencia en Chile se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente por los servicios prestados a usuarios nacionales, bajo el régimen de IVA Digital de 19 %.

Además, las plataformas que hayan operado durante los últimos 36 períodos tributarios deberán regularizar el IVA adeudado mediante el sistema dispuesto por el organismo fiscalizador.

La discusión que excede lo tributario

Todo el intercambio de ideas en torno al hecho detonante se desarrolla sobre un marco legal que históricamente ha considerado los juegos de azar como una actividad de explotación excepcional en Chile.

Un ejemplo de ello es la Ley 19.995, que regula la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego. La norma establece que corresponde al Estado autorizar este tipo de actividades y dispone expresamente en su artículo 5 que los permisos de operación de casinos “en ningún caso” comprenden juegos de azar en línea.

Sobre esa base, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha sostenido durante años que las apuestas online carecen de autorización legal expresa y que solo pueden desarrollar juegos de azar aquellos operadores autorizados, como las loterías, los hipódromos a través del Teletrak y los casinos regulados. Dicha interpretación fue respaldada por la Corte Suprema, que ordenó el bloqueo de estas plataformas y requirió acciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Argumentos del SII y respaldo del Ejecutivo

Desde el organismo tributario explicaron que la resolución tiene un carácter exclusivamente tributario y que no aborda materias relacionadas con la autorización, regulación o legalidad de estas actividades.

Según el servicio, su función es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de hechos gravados por la ley, independientemente de otras discusiones regulatorias.

Más allá de la resolución misma, uno de los elementos que amplificó la controversia fue la defensa entregada desde Teatinos 120. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que el servicio solo cumple “su deber, sin (tener que) pronunciarse respecto de si eso es o no legal”, descartando además que la medida constituya una forma de regularización encubierta.

APAL valora la medida

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL) celebró la decisión. A través de una declaración pública, sostuvo que la resolución restablece una vía para declarar y pagar impuestos en Chile, aporta certeza jurídica y fortalece la recaudación fiscal asociada a servicios digitales prestados en el país.

Conforme reza el comunicado, la decisión refuerza la necesidad de avanzar en la tramitación del proyecto de ley que regula las apuestas online, ingresado durante el segundo mandato del ex-Presidente Sebastián Piñera, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, donde hace poco recibió suma urgencia por parte de Palacio.

Entre los mecanismos tributarios considerados en el proyecto despachado por la Cámara Baja figuran un impuesto específico de 20 % para los operadores —adicional al IVA vigente de 19 %— junto a un aporte de 1 % para juego responsable y un gravamen de 2 % asociado a las apuestas deportivas, tributos que (eso sí) operarían sobre distintas bases imponibles.

Casinos hablan de “regularización encubierta”

Una de las reacciones más críticas provino de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ). Su presidenta, Cecilia Valdés, acusó que la resolución incorpora al sistema estatal operadores que desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha considerado ilegal. Desde el gremio calificaron la señal como contradictoria: “Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal”.

Asimismo, argumentan que estas plataformas seguirían operando sin asumir las mismas exigencias regulatorias que sí deben cumplir los casinos autorizados, incluyendo controles de lavado de activos, protección al consumidor, restricciones de acceso a menores y mecanismos de trazabilidad financiera.

En tanto, desde el mundo de los sorteos, los pronósticos y los raspes optan por la cautela. Hasta ahora, ni la Polla Chilena de Beneficencia ni —a nivel penquista— Lotería de Concepción han fijado públicamente su posición. Consultada por este medio, la última señaló que, por el momento, no realizará comentarios sobre la materia, aunque dejó abierta la posibilidad de pronunciarse más adelante.

Discusión jurídica e institucional

Se han generado distintas interpretaciones entre especialistas. Por ejemplo, en recientes declaraciones a Pulso, el ex subdirector jurídico del SII entre 2007 y 2015, Cristián Vargas, sostuvo que la resolución parece “legalmente correcta, pero institucionalmente incompleta”, reconociendo una falta de coherencia entre distintas señales emitidas por el Estado.

En contraste, para el mismo suplemento, Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores, defendió al SII, señalando que históricamente las obligaciones tributarias pueden aplicarse incluso respecto de actividades cuya legalidad es discutida, pues el derecho tributario y la regulación sectorial operan en planos distintos.

Congreso, lobby y regulación pendiente

El tema permeó hondo en la esfera legislativa. Algunos congresistas de distintas fuerzas políticas —entre ellos Diego Ibáñez (FA), Matías Walker (Demócratas), Esteban Velásquez (FRVS) e Iván Flores (DC)— anunciaron gestiones ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie sobre su legalidad y alcance.

Desde la oposición —y consultado por Diario Concepción—, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), cuestionó que el SII adoptara la medida mientras la Cámara Alta aún debate al respecto: “Es una contradicción absoluta respecto de la democracia y el Estado de Derecho”. Asimismo, advirtió que la expansión del juego ilícito vino acompañada de ludopatía, endeudamiento y delincuencia, por lo que insistió en impedir su propagación.

Junto a ello, rechazó categóricamente los dichos del titular de Hacienda, acusando que con esto se “ampara el juego ilícito” y alertó que el Ejecutivo podría estar influyendo en organismos que debieran actuar con autonomía técnica. “A este Gobierno le interesan solo los ‘leones sin dientes’”, sentenció.

No faltó el incómodo “fuego amigo” por parte de sectores oficialistas. También por el Biobío, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) calificó la resolución como “un error”, argumentando que todas las plataformas que no cumplen las normas “deben ser clausuradas”. Para el gremialista, el SII “corrió con colores propios y mal interpretó la norma”. “Espero que sea corregido a la brevedad posible”, cerró.

Todo se desarrolla en paralelo con la eventual influencia que la industria de apuestas online ha intentado ejercer en el debate de Valparaíso. Durante las últimas semanas se criticó una reunión —sostenida en abril— entre representantes de la plataforma Jugabet y la asesora legislativa de la Segpres, María Trinidad Sainz, quien previamente trabajó como lobista de empresas vinculadas al sector.