Ante megareforma del Gobierno: congresistas plantean otras propuestas para financiar reconstrucción

En visita a Lirquén, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que los recursos son vitales para llevar adelante la edificación de nuevas casas para los damnificados de los incendios forestales de enero.

“Si no está la plata del Congreso, los parlamentarios tendrán que explicarle al país por qué quedó sin reconstrucción, quedó desfinanciada. En ese caso yo tendría que ver un mecanismo alternativo, que ahora no lo tengo. Por eso no le doy el plan B. Pero tengo que hacerlo por si llega a pasar eso. Yo espero que no pase”, así el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Y es que la megareforma propuesta por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que también ha sido catalogada como “Ley Miscelánea”, ha sido descrita como “clave” por parte del titular de Vivienda para financiar el proceso de reconstrucción en los sectores afectados por los incendios en enero de este año.

Cabe señalar que la iniciativa contempla cerca de 40 medidas, desde una reforma tributaria para empresas, la cual eliminaría la doble tributación; hasta la ampliación del Fondo de Emergencia por Incendios en $400 mil millones. Este monto considera las afectaciones por siniestros de Valparaíso en 2024 y la emergencia ocurrida en Ñuble y Biobío.

Ante aquello, congresistas de la Región han manifestado sus reparos y críticas sobre la vinculación del proyecto de ley con el desarrollo de la reconstrucción tras los siniestros forestales y que el Minvu aún no cuente con un plan alternativo en caso de que se sea extensa la tramitación de la normativa o fracase en el Congreso.

En esa línea, el senador Gastón Saavedra (PS) enfatizó en que “hay que tener un plan para la reconstrucción, más que un Plan A, B, C, o Z. Se trata, por lo tanto, de crear un fondo para la reconstrucción, a la gestión de riesgo y desastre, cosa de actuar preventivamente para evitar estar permanentemente requiriendo plata para la reparación”.

Así, de acuerdo con el representante en la Cámara Alta, “lo que se requiere es que haya una votación separada, y se envíe un proyecto de ley para la creación de este fondo para el país, particularmente, para la reconstrucción de Penco y otros sectores”.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), sostuvo que “no hay que cerrarse a ninguna propuesta. El ministro está constatando una realidad que necesita recursos y que, probablemente, hay que buscar otra fuente”.

Pérez se tomó del debate de la propuesta de eliminar el pago de contribuciones a mayores de 65 años para su primera vivienda y planteó que “se abre una posibilidad de hablar de un nuevo Fondo Común Municipal que, por ejemplo, considere un mayor aporte de las comunas más ricas a las comunas más pobres o que están en proceso de reconstrucción. Ahí podemos apalancar más recursos, buscando también una generosidad de las comunas más ricas con el país que tiene mucha inequidad territorial”.

En paralelo, el diputado Patricio Briones (PDG) puntualizó que el Plan B referido por Poduje puede ser “una apertura de campo visual a los que plantearon estas 40 medidas, y le pueden dar realmente un respiro a la forma en que se puede llevar adelante este gobierno de emergencia”.

Sujeto a lo mismo, una posible alternativa, de acuerdo a Briones, es “quizás algunos mecanismos que puedan inyectarle rápido a la caja fiscal los recursos necesarios para empezar de una vez por todas el famoso plan de reconstrucción nacional”.

En tanto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), hizo énfasis en la tramitación del megaproyecto del Presidente Kast y dijo que “Chile no puede permitirse fallar a las personas damnificadas , a quienes lo perdieron todo. Si el financiamiento principal se entrampa, el Plan B no es una opción. Aquí no hay espacio para la incertidumbre ni para cálculos políticos”.

Para el parlamentario oficialista, para avanzar en la reconstrucción se requiere “reasignación real de recursos, un fondo robusto con apoyo del royalty minero, incentivos potentes a la inversión y medidas excepcionales para aliviar a las familias afectadas”. A su juicio, la propuesta de ley es “una señal correcta y es hacerse cargo, prever escenarios y no quedarse paralizado”.