Municipalidad de Lebu y congresistas se suman a cuestionamientos sobre monto de bono para pesca artesanal

Ante el alza de los combustibles el Gobierno anunció un aporte mensual de $100 mil, lo que fue criticado inmediatamente por los trabajadores de mar del Biobío.

El Gobierno, tras el comité “Chile Sale Adelante”, anunció nuevas medidas para ir en ayuda de la ciudadanía tras el alza de los combustibles.

En ese contexto, se destinarán US$225 millones para la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por familia, beneficio dirigido a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). En esta arista, según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la medida podría alcanzar a cerca de 7,5 millones de hogares.

Cabe precisar que, además, el Ejecutivo tuvo que aclarar que aquel beneficio se entregará vía subsidio que será gestionado y entregado a través de las municipalidades.

A estas acciones se suma un bono dirigido a la pequeña pesca artesanal, que contempla un aporte de $100 mil mensuales por embarcación —botes de hasta 12 metros de eslora— por cada mes con actividad, con un tope de seis meses.

Para acceder, las embarcaciones deberán registrar actividad durante 2025 y estar operativas en el mes en que se solicite la bonificación. De acuerdo con estimaciones del Ejecutivo, cerca de 9 mil embarcaciones del Registro Pesquero Artesanal podrían verse favorecidas. Esto ya fue cuestionado por los trabajadores de mar, tal como lo informó Diario Concepción.

Respecto de este punto, la alcaldesa de Lebu, Marcela Tizando, comuna que es considerada como el puerto artesanal más grande del país, se refirió a la actualidad de la pesca en la zona en el marco del alza de los combustibles y el alcance de los anuncios entregados por La Moneda.

Si bien agradeció la consideración de la pesca artesanal por parte del Gobierno, la jefa comunal enfatizó en que “creemos que es una medida que sigue siendo insuficiente, ya que el aporte anunciado es un monto pequeño en comparación a la inversión que realizan los pescadores, que en el caso de Lebu son cerca de 700 embarcaciones, poco más del 70%, cumplirían con los requisitos para recibir está mitigación”.

De acuerdo con Tiznado, cada uno de los zarpes involucra una inversión cercana -referencial- a los $500 mil pesos que son destinados al combustible, y durante un mes se registran aproximadamente 10 zarpes por embarcación, “lo que da una sumatoria de $5 millones mensuales sólo en este ítem, lo que claramente y tal como ya lo he señalado, los $100 pesos mensuales anunciados por el Gobierno nos parece que aún están al debe”, explicó.

En ese contexto, la alcaldesa solicitó al Gobierno poder revisar y analizar la medida para que “con el pasar de los días pueda ser robustecida, para que pueda traer de alguna forma un alivio para nuestros pescadores artesanales”.

Todo esto ocurre, además, en medio de un extenso periodo donde los pescadores de Lebu han presentado una serie de problemas laborales frente a la escasez de la jibia en el territorio local. El asunto ha sido altamente difundido desde 2025 donde, incluso, se realizaron gestiones y reuniones con autoridades del poder central de la época.

Congresistas

El diputado Antonio Rivas (PS), al igual que la alcaldesa de Lebu, también calificó como insuficientes las medidas y señaló que “es la manzana de la discordia, es muy poco, se agradece sin duda, pero es muy poco”.

En esa línea, Rivas puntualizó que “$100 mil se gasta en un día. Ellos gastan en combustible más allá de $1 millón 500 mil para poder traer el producto del mar. Por lo tanto, esta medida que intentará mitigar el alza no tiene proporción para resolver el problema, que además corre el riesgo de traspasar este valor al producto del mar, que finalmente lo compran todos los consumidores, todos los chilenos”.

En tanto, el diputado Patricio Briones (PDG), consultado por las ayudas anunciadas señaló que “no podemos ignorar que en el Biobío la pesca está en una situación crítica por los costos del combustible y esta medida es sólo paliativa. Valoramos lo anunciado, pero entendemos que es un camino que recién comienza, por lo que seguiremos trabajando con el Gobierno para lograr beneficios que impacten directamente en el costo de vida de las familias del Biobío”.

Por su parte, Roberto Arroyo, diputado del PSC, indicó que existe la necesidad de que las medidas puedan ampliarse, y dijo que “no podemos permitir que el alza del combustible termine hundiendo la economía de miles de familias de nuestra costa, pero tampoco podemos ignorar a otros sectores que también están siendo fuertemente golpeados”.

Asimismo, complementó que “quien termina pagando esta cadena de alzas es siempre el consumidor común, es decir, la ciudadanía”, complementando que se deben aplicar medidas “hacia apoyos más directos, proporcionales y que consideren la realidad completa de los distintos sectores productivos del país”.

Desde el punto de vista de la diputada Marlene Pérez, (Ind-UDI), el Gobierno ha mostrado apertura y ha acogido planteamientos, pero “pero esto no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando en medidas que realmente alivien el bolsillo de las familias, en nuestros emprendedores y pequeños y medianos negocios, que se verán fuertemente afectados”.

“Lo urgente es que las ayudas lleguen a tiempo y de manera efectiva”, cerró la parlamentaria.

Otras medidas

Las medidas anunciadas por el Comité Chile Sale Adelante se suman a la Ley de Emergencia Energética aprobada por el Congreso Nacional, correspondiente a los fondos para bajar el precio de la parafina, para que así se logre disminuir el precio de esta bencina hasta la que tenía en febrero de este año.

Además, está el aporte de $100 mil mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar; el congelamiento de la tarifa del sistema RED, la contención del alza en regiones, entre otros.