Congresistas de Biobío debaten por proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al país

Esto luego de que el Gobierno lo incluyera entre las 20 propuestas de ley prioritarias y le aplicara “discusión inmediata” en el Congreso Nacional.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, liderado por José García Ruminot, ingresó 20 urgencias legislativas a distintos proyectos de ley que se tramitan actualmente en el Congreso.

De las 20 urgencias, tres son de “discusión inmediata”, es decir, que el Ejecutivo le solicita al Poder Legislativo despachar en su totalidad el proyecto de ley en un plazo de seis días.

El primer proyecto al que se le pondrá acelerador es al que modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

“A los extranjeros que ingresaren al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior y existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio”, figura en el proyecto de ley que actualmente está en su segundo trámite constitucional en el Senado.

Cabe precisar además que el texto señala que se aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo a quien entre o intente salir del territorio nacional “valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida”.

Ante la decisión del Gobierno de aplicar discusión inmediata al proyecto, congresistas del Biobío debatieron en torno a la idea. En esa línea, la diputada Lilian Betancourt (PDG) señaló que “Chile se ha acostumbrado en los últimos años a recibir ingresos irregulares, por lo que esta propuesta debe ser discutida con amplitud y sentido de Estado, pensando siempre en el bien común. Estoy disponible para dar este debate junto al PDG y avanzar hacia una migración controlada, que establezca reglas claras y se haga respetar”.

A renglón seguido, la parlamentaria afirmó que es “fundamental endurecer las sanciones para quienes no cumplan la normativa, porque nadie puede vulnerar la soberanía de Chile”. Si bien Betancourt sostuvo que detrás de cada persona migrante hay una historia y la búsqueda legítima de mejores oportunidades, aseguró que “el desafío es construir una política migratoria equilibrada, que combine humanidad con firmeza, resguardando la seguridad de nuestro país”.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) manifestó que el proyecto es “clave” para enfrentar el ingreso clandestino, argumentando que “hoy entrar ilegalmente a Chile es solo una falta, lo que no permite retener a la persona, y en la práctica significa que se le toma los datos y se le deja seguir”.

Asimismo, la parlamentaria explicó que con la propuesta de norma se busca entregar a las policías la facultad de retener, se establecen penas de hasta 61 días y “se agiliza la expulsión por orden judicial en un plazo mucho más corto”.

“Hoy el gran error de la legislación es evidente: dejamos entrar a personas que después no tenemos cómo ubicar”, cerró la diputada Perez.

El diputado Patricio Briones (PDG) comentó que el proyecto “sin duda dará que hablar”. En esa misma arista señaló que un aspecto importante que aborda la propuesta es el cambio en la tipificación, pasando de “ingreso ilegal” a “ingreso clandestino”, vemos que no se está abordando el problema en su origen”.

Igualmente, Briones complementó que “la figura de la autodenuncia, que ha sido ampliamente mal utilizada por quienes ingresan de forma irregular al país, se endurece en el discurso, pero en la práctica aún genera dudas sobre su real efectividad”.

El diputado aseguró que estudiará el proyecto a profundidad para que “se traduzca en medidas concretas que resguarden a los chilenos y la seguridad de nuestro país”.

Paralelamente, el diputado Roberto Arroyo (PSC) valoró la decisión del Ejecutivo de poner urgencia a la tramitación que modifica la Ley de Migración y Extranjería. “Tipificar el ingreso clandestino como delito es una herramienta necesaria para que nuestras policías y las Fuerzas Armadas tengan facultades reales de detención en la frontera. Además, es un desincentivo a la migración ilegal que estaba desbordada en nuestro país”.

Arroyo, a su vez, recalcó que “necesitamos que el sistema judicial actúe con celeridad para procesar y, cuando corresponda, expulsar a quienes no respetan nuestras reglas de entrada. El orden migratorio es la base para la paz social”.