Oficialismo valora proyecto de reconstrucción y oposición cuestiona idea de reducción de impuestos

Congresistas del Biobío analizaron el anuncio del Presidente, José Antonio Kast, quien se trasladó hasta Lirquén para dar a conocer la iniciativa que será enviada al Poder Legislativo.

El anuncio de la Ley de Reconstrucción Nacional realizado por el Presidente, José Antonio Kast, durante su visita a zonas afectadas por los incendios en la Región del Biobío generó reacciones entre parlamentarios de la zona. La iniciativa fue presentada en la comuna de Penco, específicamente en la población Ríos de Chile, en Lirquén, y contempla más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes.

Aunque el texto aún no ha sido ingresado formalmente al Congreso, la propuesta deberá iniciar su tramitación legislativa en medio de un debate político por sus alcances económicos y sociales.

La visita presidencial se produjo luego de los incendios forestales del pasado 18 de enero que afectaron a diversas comunas de la Región del Biobío. Uno de los casos más graves se registró en Penco, donde el siniestro dejó 19 personas fallecidas y cerca de cinco mil viviendas dañadas. Durante su recorrido, el Mandatario sostuvo encuentros con familias damnificadas y autoridades locales, en el marco de su primer despliegue regional a menos de una semana de haber asumido el cargo.

Según lo informado por el Ejecutivo, el proyecto se organiza en cinco ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal, además de orden y seguridad pública. Entre sus medidas se considera la ampliación del fondo de emergencia por incendios, una inyección adicional de recursos para la reconstrucción, así como incentivos tributarios y mecanismos orientados a facilitar inversiones y acelerar procesos administrativos.

Entre las medidas económicas más relevantes, la propuesta incluye la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. Asimismo, plantea ajustes a la gratuidad universitaria para menores de 30 años y medidas de contención del gasto público. “Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares”, sostuvo el Presidente.

Kast también anunció medidas complementarias, entre ellas la eliminación de las contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda. “Nuestra primera medida es que los adultos mayores dejen de pagar sus contribuciones por la primera vivienda, porque es injusto”, afirmó.

Reacciones favorables

Posterior al anuncio, el diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), destacó el componente económico del proyecto. A su juicio, el plan recoge planteamientos que —según afirmó— han sido discutidos durante años en el Congreso en torno a la necesidad de impulsar el crecimiento para enfrentar procesos de recuperación tras emergencias. En esa línea, valoró especialmente la rebaja del impuesto corporativo contemplada en la iniciativa, indicando que “una menor carga tributaria para las empresas puede ayudar a dinamizar la economía y acelerar la recuperación en zonas afectadas por desastres”.

Una postura similar manifestó la diputada por el Distrito 21, Lilian Betancurt (PDG), quien valoró el despliegue del Ejecutivo en la región tras los incendios. “Es importante que el Presidente y su gabinete estén en terreno con las familias afectadas. Eso demuestra que existe preocupación por avanzar en soluciones concretas”, indicó.

La congresista aseguró que desde el Congreso evaluarán favorablemente las iniciativas que permitan avanzar con rapidez en la reconstrucción.

Por su parte, el diputado del Distrito 20, Patricio Briones (PDG), también valoró la presencia del Ejecutivo en la región y el anuncio del plan. “Este tipo de anuncios genera expectativas que ahora deben traducirse en acciones concretas”, afirmó.

El legislador añadió que el plan aborda distintos ámbitos relevantes para el proceso de recuperación, como la reposición de viviendas, la reactivación económica y el fortalecimiento institucional. “Lo importante será que las medidas se implementen con rapidez y que realmente lleguen a las comunidades afectadas”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado del Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), calificó el anuncio como una señal positiva para las familias damnificadas, señalando que “se trata de un proyecto que puede ayudar a destrabar procesos administrativos y acelerar la llegada de recursos para la reconstrucción”.

La diputada del Distrito 20, Marlene Pérez (Ind./UDI), por su parte, expresó que “aquí no solo se habla de levantar viviendas, sino también de reactivar la economía y fortalecer las instituciones para enfrentar mejor este tipo de emergencias”, señaló.

No obstante, advirtió que el proceso enfrentará restricciones presupuestarias. “Habrá que actuar con responsabilidad y priorizar bien los recursos, porque la urgencia hoy es que las familias afectadas puedan recuperar un hogar y retomar sus proyectos de vida”, planteó.

Críticas

Desde la oposición, el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), expresó reparos respecto de algunos de los anuncios asociados al plan. El parlamentario cuestionó el contexto institucional en que se realizó la actividad y planteó dudas sobre la implementación administrativa de las medidas, pues resaltó la importancia de los marcos institucionales correspondientes.

Además, manifestó preocupación por los efectos de algunas medidas económicas incluidas en la iniciativa. “Reducir impuestos en un escenario de estrechez fiscal puede afectar la capacidad del Estado para financiar inversión pública, que es fundamental para procesos de reconstrucción”, sostuvo.

Reproches más directos formuló el diputado por el Distrito 20, Álvaro Ortiz (DC), quien cuestionó el enfoque económico del proyecto. “Rebajar impuestos a las grandes empresas ahondará el déficit fiscal y no habrá recursos para financiar beneficios sociales logrados en los últimos años, como la gratuidad en la educación superior, los avances en la PGU o los subsidios habitacionales”, afirmó.

Finalmente, añadió que, a su parecer, la iniciativa favorece principalmente al sector empresarial: “Es un proyecto de ley que solo beneficia a las grandes empresas: les rebajan los impuestos y debilitan la evaluación ambiental de los proyectos de inversión y a organismos públicos evaluadores como el SEA, la DGA o Sernageomin”, concluyó.