Proyecto de ley por aumento de retenciones genera debate en Biobío

10 de Marzo 2026 | Publicado por: Bruno Rozas Hinayado
Fotografía: Carolina Echagüe.

Iniciativa propone elevar gradualmente la retención de boletas hasta un 22,6%.

Por Bruno Rozas Hinayado y Eduardo Bascuñán

En plena antesala del nuevo período legislativo, el proyecto de ley que busca aumentar las cotizaciones de los trabajadores independientes abrió un nuevo frente político en la Región del Biobío.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, propone elevar gradualmente las retenciones aplicadas a las boletas de honorarios para financiar mayores cotizaciones previsionales, incorporando aportes a cuentas individuales y al seguro social.


Puntos clave

La propuesta apunta a reforzar la cobertura en pensiones y otros beneficios, pero ha generado fuertes reparos tanto desde organizaciones sindicales como desde parlamentarios de la zona, que advierten efectos directos en el ingreso líquido de quienes trabajan bajo esta modalidad.


La iniciativa establece que quienes perciban rentas clasificadas en el artículo 42 N°2 de la Ley de Impuesto a la Renta deberán asumir nuevas cotizaciones. Uno de sus puntos centrales es que la cotización adicional, una vez completada su implementación, alcanzará el 8,5% de la renta imponible.

A ello se suma un alza progresiva en la retención de las boletas de honorarios, que actualmente llegará a 17% en 2028 por reformas previas, pero que con este proyecto podría escalar hasta 22,6%. El aumento comenzaría a aplicarse desde 2029 y avanzaría durante una década, reflejándose en la Operación Renta.


Discusión al respecto

La discusión, sin embargo, no ha quedado limitada al plano técnico. En el Biobío, donde el trabajo a honorarios tiene una presencia importante tanto en el ámbito privado como en servicios públicos, se debate.


Una de las voces más críticas ha sido la de Gisela Osses Baeza, presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del FOSIS, quien manifestó el rechazo del gremio a la propuesta. “Como Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del FOSIS, y en representación de quienes prestamos servicios al Estado bajo esta modalidad, manifestamos nuestro rechazo y profunda preocupación frente al proyecto de ley”, señaló en un comunicado enviado a Diario Concepción.

La dirigente sostuvo que, aunque el sindicato comparte la necesidad de fortalecer la seguridad social y avanzar hacia pensiones dignas, considera inaceptable que la norma se aplique de manera indiscriminada a quienes trabajan a honorarios en el Estado.


A juicio del gremio, la regulación previsional para independientes fue diseñada para personas que realmente ejercen actividades autónomas, con capacidad de organizar su trabajo y definir sus ingresos, algo que, afirman, no ocurre con miles de trabajadores del sector público que cumplen funciones permanentes bajo subordinación, jefaturas, horarios y metas institucionales.

Carolina Echagüe.


En ese punto, Osses fue enfática al señalar que el Estado mantiene una contradicción de fondo. Según expresó, se busca reforzar la protección social exigiendo nuevas cotizaciones, pero sin hacerse cargo de la precarización que el propio aparato público arrastra desde hace años.

La dirigenta afirmó que en reparticiones como el FOSIS, y en numerosos otros servicios, los trabajadores a honorarios realizan funciones equivalentes a las de cualquier funcionario, aunque jurídicamente siguen siendo considerados prestadores de servicios independientes. A su juicio, eso los deja atrapados en un régimen precario, sin derechos laborales ni protección social efectiva.


La crítica del sindicato también apuntó a la desigualdad entre trabajadores del propio Estado. Osses recalcó que, mientras funcionarios a contrata cuentan con continuidad de remuneraciones y respaldo ante licencias médicas, los trabajadores a honorarios enfrentan retrasos en los pagos, incertidumbre o incluso ausencia total de ingresos durante periodos de enfermedad.

En su planteamiento, además, aparece otro elemento sensible: la deuda previsional histórica acumulada por miles de personas que durante años han prestado servicios a honorarios en instituciones públicas, generando lagunas que afectarán sus futuras pensiones. Por ello, el sindicato llamó al Gobierno y al Congreso a detener la tramitación del proyecto mientras no se aborde de forma seria la situación de quienes trabajan a honorarios en el sector público.


Visión desde la cartera del trabajo

Desde el Ejecutivo, en cambio, la postura ha sido defender la lógica gradual del sistema. La seremi del Trabajo del Biobío, Sandra Quintana, recordó que “a partir del 1 de enero de 2026, la retención para trabajadores independientes subirá al 15,25%”. Explicó que ese ajuste de 0,75 puntos porcentuales, mandatado por la Ley 21.133, busca equiparar la protección social de quienes emiten boletas con la de los trabajadores dependientes, asegurando acceso a salud y previsión.


La autoridad regional además quitó dramatismo al efecto inmediato del incremento vigente. “En cuanto al aumento de la retención de 0,75%, decir que este es mínimo y probablemente, si los trabajadores independientes ven reducido su ingreso líquido, reorganicen sus finanzas de tal manera que no vea afectado el consumo familiar o el ahorro”, sostuvo.

Junto con ello, destacó que cotizar a través de la Operación Renta permite acceder a asignaciones familiares, seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez, cuota mortuoria, sistema de salud y Seguro SANNA. También llamó a los trabajadores independientes a mantenerse atentos a sus obligaciones tributarias y a los cambios normativos para tomar decisiones informadas.


Parlamentarios del Biobío

La dimensión más política del debate se expresó en las reacciones de parlamentarios del Biobío. El diputado electo Patricio Briones, del PDG, cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que “el proyecto que pretende incrementar la carga impositiva al trabajador independiente es un ataque artero y vil al bolsillo de muchos chilenos”.


Añadió que saltar de un 15,25% a un 22,6% no solo implica siete puntos porcentuales más, sino que además podría fomentar la ilegalidad, la informalidad y golpear la economía de quienes ven en el emprendimiento una forma de salir adelante.

La diputada Lilian Betancurt planteó una mirada crítica, aunque con un tono más moderado. Señaló que el eventual aumento de la retención hasta 22,6% debe analizarse con responsabilidad, porque hoy ya existe una retención de 15,25% que afecta de forma directa el ingreso líquido de quienes trabajan a honorarios.


Si bien reconoció que avanzar en protección social es importante, advirtió que un alza de esa magnitud podría terminar afectando la economía diaria de los independientes más que ayudarlos. Por eso, sostuvo que el debate debe buscar un equilibrio, evaluando incluso que el porcentaje tenga un límite más razonable.

El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, también manifestó reparos. A su juicio, se trata de un porcentaje elevado para la realidad de muchos trabajadores a honorarios, especialmente aquellos que viven de proyectos o pasan meses con ingresos bajos.


En la UDI, la diputada Flor Weisse sostuvo que una retención que podría llegar al 22,6% es demasiado alta para trabajadores con ingresos inestables, muchos de los cuales no saben cuánto recibirán cada mes.

Afirmó que no está de acuerdo con seguir cargando el peso del sistema principalmente sobre los propios trabajadores independientes y planteó que se deben explorar fórmulas más graduales y flexibles, que fortalezcan la protección social sin transformarse en una carga excesiva.


En esa misma línea, la diputada por el Biobío Joanna Pérez planteó una mirada más institucional sobre el origen de la iniciativa, recordando que la propuesta responde a compromisos previos del debate previsional.

“Este proyecto responde a un mandato de la Reforma de Pensiones, que estableció que el Ejecutivo debía presentar una propuesta para avanzar en la equiparación de las cotizaciones entre trabajadores dependientes e independientes. Si bien implica un aumento gradual, busca mejorar las pensiones futuras de muchos profesionales que hoy tienen lagunas previsionales”, explicó la parlamentaria.