Senadores de Biobío coinciden en relevancia de proyecto sobre inteligencia financiera

La iniciativa busca reforzar el seguimiento de activos ilícitos mediante análisis tributario. Debate por nuevas atribuciones de la CMF podría reabrirse en el tercer trámite.

El debate por el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado volvió a instalarse en el Congreso luego que la Cámara de Diputadas y Diputados despachara a tercer trámite legislativo el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo e ingresada al Senado en 2023, busca fortalecer las herramientas del Estado para detectar operaciones asociadas a lavado de activos y financiamiento del terrorismo mediante el análisis coordinado de información financiera y tributaria.

Tras completar su segundo trámite legislativo deberá ahora ser revisado nuevamente por el Senado, lugar donde este presenció su primera tramitación.

El diseño de dicho subsistema daría pie a una articulación más estrecha entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. A través del intercambio de información y del fortalecimiento de sus capacidades de análisis, estas instituciones podrían identificar patrones financieros irregulares y operaciones sospechosas, en una lógica de inteligencia económica destinada a seguir la pista de recursos asociados a actividades criminales.

En esa misma línea, el proyecto contempla la creación de Unidades de Inteligencia y Análisis Económico tanto en el SII como en Aduanas. El objetivo de estas sería procesar grandes volúmenes de información financiera, tributaria y aduanera, con el fin de detectar transacciones inusuales o esquemas de ocultamiento monetario, reforzando así el monitoreo de operaciones complejas que, en muchos casos, constituyen el soporte financiero de organizaciones criminales.

La propuesta también incorpora nuevas herramientas para rastrear la circulación del dinero ilícito. Entre ellas figuran mecanismos de análisis de datos financieros, una mayor trazabilidad de operaciones económicas y un intercambio más fluido de antecedentes entre distintos organismos del Estado. El objetivo —según ha sostenido el Gobierno— es fortalecer la capacidad institucional para identificar estructuras que utilizan empresas, movimientos bancarios o circuitos comerciales para lavar activos o financiar actividades criminales.

Durante la discusión en la Cámara, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la iniciativa señalando que han sido los propios organismos persecutores quienes han planteado la necesidad de ampliar las herramientas disponibles para seguir la pista del dinero ilícito. Según planteó, incluso la Corte Suprema ha señalado que ampliar las atribuciones de ese organismo puede contribuir a resguardar el equilibrio entre la protección de la información y la seguridad pública.

Puntos sensibles

Sin embargo, la discusión legislativa se concentró en un tema particularmente divisorio: el acceso a información protegida por secreto bancario. Mientras algunos parlamentarios defendieron la necesidad de ampliar las herramientas para seguir la ruta del dinero y enfrentar los llamados “delitos de saco y corbata”, otros advirtieron sobre los riesgos asociados a la privacidad y a la eventual vulneración de garantías individuales.

En ese marco, los diputados aprobaron parcialmente la indicación relacionada con el acceso excepcional a antecedentes protegidos para la UAF. No obstante, otras disposiciones anexas no alcanzaron el quórum requerido, entre ellas la indicación que buscaba otorgar facultades similares a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para requerir información sin autorización judicial previa. Al tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, requería 76 votos favorables, pero solo obtuvo 63 respaldos en la Sala.

Con esas definiciones aún abiertas, será ahora el hemiciclo senatorial quien deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el ala oriente del Congreso. La Cámara Alta podrá aprobar los cambios para despachar definitivamente el proyecto a ley, rechazarlos —lo que abriría paso a una comisión mixta— o bien introducir nuevos ajustes que obliguen a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Baja.

Posturas ante el tercer trámite

En diálogo con el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), este valoró el avance de la iniciativa y se mostró favorable a su aprobación en el Congreso. A su juicio, el país debe avanzar en mecanismos que permitan asegurar la trazabilidad de los recursos. “Hay que crear todos esos mecanismos que permitan tener efectiva trazabilidad del dinero”, sostuvo, agregando que el objetivo es “no dar espacio ni margen para que quienes están dedicados al uso ilícito de dinero lo legalicen a través de nuestro sistema”.

Respecto del debate por el acceso a información protegida por secreto bancario, el congresista señaló que “un proyecto de ley siempre es perfectible” y que debe asegurarse que “los datos no vayan a ser mal usados”. Con todo, recalcó que el país necesita contar con herramientas que permitan impedir la operación de bandas criminales.

En cuanto a las atribuciones que la Cámara de Diputados rechazó otorgar a la CMF, Saavedra sostuvo que el debate podría hallar un espacio en el ala poniente: “Lo más probable es que en el Senado reabramos la discusión”.

En tanto, el también senador por el Biobío, Enrique van Rysselberghe (UDI), reafirmó su postura respecto de las facultades para acceder a información protegida por secreto bancario. El parlamentario subrayó que el proyecto es relevante para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y recordó que la iniciativa formó parte del primer fast track de seguridad acordado entre el Senado y el Gobierno en 2024. “Este proyecto es clave para mejorar las políticas de seguridad del país, ya que permite perseguir con mayor eficacia al crimen organizado”, afirmó.

En esa línea, recordó que durante la primera tramitación del proyecto votó en contra de permitir el acceso a cuentas bancarias sin autorización judicial y sostuvo que cualquier revisión de este tipo debe realizarse bajo control de un juez. “En principio es una buena propuesta, pero creo que tenemos que estudiarlo un poco más a fondo para garantizar el resguardo de los datos personales”, explicó, añadiendo que espera que la iniciativa pueda avanzar en el tercer trámite y ser despachada “en las próximas semanas”.

Como antecedente de la discusión, la postura del senador por el Biobío, Sebastián Keitel (Evópoli), ya había quedado reflejada durante la tramitación previa del proyecto en marzo de 2025, cuando rechazó las indicaciones del Ejecutivo relacionadas con el acceso a información bancaria sin autorización judicial. Pese a los intentos realizados, hasta el cierre de esta edición no fue posible establecer contacto con el parlamentario para conocer su postura frente al nuevo trámite legislativo.