Seguridad y cautela fiscal: las prioridades de los senadores del Biobío

Por otro lado, los congresistas locales advierten escaso margen para el proyecto del FES y la sala cuna universal, por falta de consensos técnicos y dudas de financiamiento.

Con el inicio de un nuevo período parlamentario, en paralelo al próximo cambio de mando presidencial, el Congreso retomó sus funciones en un escenario marcado por la fragmentación política, la estrechez fiscal y una agenda tensionada. El cierre del ciclo anterior dejó iniciativas emblemáticas sin resolución, mientras el nuevo Gobierno enfrenta el desafío de ordenar prioridades en un Parlamento donde los acuerdos amplios se han vuelto cada vez más difíciles de articular.

En este contexto, el Senado emerge como una de las principales arenas de disputa política. Proyectos impulsados en el tramo final del gobierno saliente, como la sala cuna universal y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES), enfrentan un escenario complejo debido a cuestionamientos sobre su diseño, financiamiento e impacto económico. A ello se suma una agenda de seguridad que ha convocado miradas tras años de violencia rural, crimen organizado y demandas por mayor control territorial, junto con el debate de reformas institucionales aún pendientes.

Es en este marco que, sin recambio en su representación, los senadores de la Región del Biobío comienzan a delinear sus prioridades y diagnósticos con un fuerte énfasis en seguridad, reactivación económica y una agenda con mayor foco regional. Se trata de definiciones que, a su juicio, no han tenido el peso suficiente en la agenda nacional y que marcarán el rumbo del trabajo legislativo en un Senado donde cada proyecto y cada voto estarán condicionados por la viabilidad política y los márgenes fiscales disponibles.

Agenda de los congresistas

Para el senador Sebastián Keitel (Evópoli), el nuevo ciclo debe estar marcado por una agenda con foco territorial. “Nuestra agenda legislativa para este período debe tener sello regional y avanzar con celeridad en más seguridad, mejor salud, más empleo, más crecimiento y transparencia”, sostuvo. En esa línea, enfatizó que “es fundamental poner el pie en el acelerador para avanzar con los proyectos que buscan fortalecer a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”, junto con impulsar “la reforma de Fonasa y la Ley Integral de Salud Mental, que son urgentes”.

El senador también apuntó a la necesidad de destrabar el desarrollo económico de la región, señalando que “es necesario dar urgencias a las iniciativas que apuntan a combatir la permisología que hoy frena la inversión y la generación de trabajo”. A ello sumó su expectativa de que se avance “en una reforma profunda al sistema judicial y al mecanismo de nombramiento de jueces”, como parte de un fortalecimiento institucional más amplio.

En cuanto a las urgencias específicas del Biobío, Keitel fue enfático en señalar que “Biobío tiene urgencias claras que no fueron abordadas con la suficiente fuerza por esta administración”. En primer lugar, mencionó la seguridad: “seguimos sufriendo atentados terroristas, violencia rural y crimen organizado”, afirmando que su tarea será “trabajar coordinadamente con el gobierno entrante para implementar un plan de trabajo que permita frenar la delincuencia e ir desescalando el Estado de Excepción”, además de “sacar adelante la ley de infraestructura crítica”.

Como segundo eje, relevó el empleo y el crecimiento, advirtiendo que “nuestra región no puede seguir dependiendo de decisiones centrales que frenan proyectos estratégicos”. En ese sentido, sostuvo que existe “inversión detenida por exceso de permisología, incertidumbre regulatoria y trabas administrativas que impiden que la región despegue”, por lo que aseguró que desde la Cámara Alta continuará impulsando “una agenda pro inversión, con reglas claras y menos burocracia”.

Una definición más sintética, pero en una línea similar, plantea el senador Enrique van Rysselberghe (UDI), quien fijó con claridad sus prioridades para el nuevo período. “Las urgencias legislativas están claras por mi parte: seguridad, inversión y empleo”, afirmó, agregando que espera que el nuevo gobierno “ingrese en las primeras semanas de gestión una serie de proyectos de ley que aborden estos temas y sean tramitados con sentido de urgencia por el Congreso Nacional”.

Respecto de la realidad regional, el gremialista sostuvo que “nuestra región tiene serios problemas de seguridad y de inversión, tanto pública como privada”, y aseguró que durante este año “trabajaré con fuerza para que el nuevo gobierno avance en estas materias con un especial foco en la Región del Biobío”.

FES y Sala Cuna Universal

Entre los principales nudos se concentra en el destino de dos de las iniciativas más emblemáticas del Ejecutivo saliente: el proyecto de sala cuna universal y el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca reemplazar al CAE. El primero hoy permanece radicado en la Comisión de Educación del Senado, a la espera de ser despachada para poder pasar a sala, sin que hasta ahora exista acuerdo para incluirla en tabla. El FES, en tanto, se encuentra en su primer trámite en la misma comisión, donde la discusión se mantiene abierta.

Consultado, el senador Keitel se mostró escéptico respecto de las posibilidades reales de avance. “Es muy difícil que logren salir del Congreso durante los próximos días”, afirmó. En el caso del FES, sostuvo que el problema no radica únicamente en la necesidad de reemplazar el CAE, sino en que “hay una falta de claridad sobre su impacto fiscal real, su diseño y los efectos que podría tener en la sostenibilidad de las instituciones de educación superior”, elementos que, a su juicio, impiden generar los consensos necesarios.

Una evaluación similar realizó respecto de la sala cuna universal. Si bien reconoció que existe acuerdo en los objetivos de fondo, Keitel advirtió que “el financiamiento, la gradualidad y el impacto en las pymes deben estar bien resueltos”, alertando que, de no abordarse adecuadamente estos puntos, el proyecto podría generar efectos contraproducentes. “Si se transforma en una carga adicional para quienes generan empleo, el efecto puede ser el contrario al que se busca”, enfatizó.

En tanto, van Rysselberghe fue categórico al descartar avances inmediatos. A su juicio, “en ambos proyectos no existe un consenso técnico, tal como ha afirmado el actual gobierno, por lo que no están los votos para que sean aprobados”.

Consultado el senador Gastón Saavedra (PS), al cierre de esta edición no emitió declaraciones.