OCDE: Chile es el único país de alto riesgo de incendios forestales donde los cortafuegos no son obligatorios

El proyecto de ley de incendios que se encuentra en el Congreso busca revertir aquella situación. Conaf Biobío reiteró necesidad de aprobar la normativa.

La catástrofe por incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble reabrieron el debate sobre las condiciones de prevención existentes en el país, particularmente en lo relativo a la implementación de cortafuegos.

Pese a tratarse de una herramienta ampliamente utilizada para reducir la propagación del fuego, en Chile su aplicación no está regulada por una normativa general y obligatoria, sino que depende de disposiciones parciales, recomendaciones técnicas y exigencias específicas asociadas a determinados proyectos o actividades.

En la práctica, esto se traduce en criterios dispares respecto de su diseño, ancho, ubicación y mantención, especialmente en sectores de interfaz urbano-rural, donde la cercanía entre áreas habitadas y vegetación combustible incrementa el riesgo.

La grave situación observada en distintos puntos del Biobío, específicamente en sectores como Lirquén y Punta de Parra, durante esta temporada de incendios evidenció estas diferencias y puso de relieve la ausencia de estándares comunes que permitan una prevención más sistemática y verificable.

Aquello fue graficado por el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela -quien era titular de la cartera cuando se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Incendios-, que, en conversación con Diario Concepción, indicó que “somos el único país de la OCDE que no tiene cortafuegos obligatorios”.

Sobre la falta de norma entorno a aquello, Valenzuela complementó que “como también hay bosques sin manejo, también hay que decir que hay propietarios que hacen cortafuegos con la comunidad (…) aquí se ha debido apelar a la corresponsabilidad”.

Así, respecto de la afirmación de Valenzuela, Chile es el único país con alto riesgo de incendios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no cuenta con una ley que obligue a propietarios privados a mantener cortafuegos y gestionar la vegetación en zonas críticas de interfaz.

Aunque existen planes estatales y colaboraciones voluntarias de empresas forestales, no hay una norma legal que el Estado pueda fiscalizar de manera general para obligar a todo dueño de un terreno a despejar su perímetro.

Si bien en Chile se construyen miles de kilómetros de cortafuegos preventivos cada año a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), estos se hacen mayoritariamente en terrenos públicos o caminos. La falta de una obligatoriedad legal para los privados es lo que sitúa a Chile en una posición excepcional (y vulnerable) respecto a sus pares de la OCDE.

Por ejemplo, en comparación a otros países que enfrentan similares factores de riesgo de incendios forestales, como España, Portugal, Australia y Francia, Chile efectivamente muestra rezago en materia normativa. En aquellos países cuentan con normativas que obligan a los propietarios de predios privados a limpiar los terrenos, a menos que tenga un plan de manejo forestal específico.

Consultado sobre el tema, el director regional de Conaf, Esteban Krause, señaló que actualmente “hay una debilidad en nuestro sistema de prevención y también de trabajo preventivo. (…) Hay una buena cantidad de plantaciones, cultivos agrícolas y otros que están en terrenos de aptitud agrícola. Y ahí, en ese espacio, no hay obligatoriedad que nos permita a nosotros fiscalizar algunas medidas de prevención”.

En la misma línea, Krause destacó el proyecto de Ley de Incendios que actualmente está en el Congreso Nacional y dijo que “nos permite abarcar más allá de lo que hoy día la legislación nos posibilita. Tenemos esperanza en este en este proyecto de ley y que nos pueda posibilitar que a los propietarios le exijamos tomen medidas de prevención, si nosotros creemos que es necesario que se hagan cortafuegos, se tienen que hacer los cortafuegos. Esa ley de incendios, de alguna manera, va a va a cubrir ese vacío que hoy existe”.

Ley de Incendios

Cabe señalar, como señaló Krause, que actualmente se busca revertir este escenario con el proyecto de Ley de Incendios que fue aprobado por el Senado y avanzó a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

No obstante, a pesar de haber sido aprobada por la Sala del Senado, la normativa no pudo ser puesta en Tabla en la Cámara Baja y deberá esperar hasta marzo de este año para continuar su tramitación. Esto considerando que la última sesión de la Cámara, antes del receso legislativo, se realizó este 28 de enero, donde no se discutió la iniciativa, y la próxima está programada para el 2 de marzo de este año.

En palabras simples, la idea legislativa, ingresada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en octubre de 2023, busca fortalecer la prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en todo el territorio nacional, a partir de un marco regulatorio orientado a anticipar los siniestros y reducir su impacto sobre personas, bienes, infraestructura y el medio ambiente.

De acuerdo con lo presentado en el proyecto, se proponen medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado. Además, suma la colaboración de pequeños propietarios de terrenos.