Seguridad, empleo, fiscalización: congresistas locales delinean sus prioridades de cara a marzo

Diputadas y diputados electos y en ejercicio coinciden en la necesidad de responder a las demandas ciudadanas.

Tras el inicio del receso legislativo, los representantes de la Región del Biobío en el Congreso comienzan a trazar las prioridades que marcarán su agenda a partir de marzo.

En un escenario político que anticipa debates intensos en materias como seguridad, desarrollo regional, empleo, fiscalización y políticas sociales, diputadas y diputados electos y en ejercicio coinciden en la necesidad de responder a las demandas ciudadanas.

La diputada del Distrito 21, Joanna Pérez, adelantó que insistirá en proyectos que, a su juicio, han sido postergados pese a su carácter urgente. La parlamentaria sostuvo que uno de sus focos será retomar la iniciativa presentada en 2021 que busca obligar a anular todas las señales telefónicas y de comunicación al interior de los recintos penitenciarios, además de tipificar como delito el ingreso y uso de dispositivos de comunicación en las cárceles.

Para Pérez, se trata de una herramienta clave para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad pública, un tema que, afirma, seguirá empujando incluso cuando no ha sido priorizado por el Ejecutivo.

En la misma línea de desarrollo y ordenamiento territorial, la diputada recordó el boletín N° 14.443-12, que regula la construcción, instalación y operación de complejos de aerogeneradores de energía eléctrica.

Según explicó, el objetivo es ordenar el crecimiento del sector eólico, entregar certezas a las comunidades y compatibilizar el avance energético con la calidad de vida de las personas.

Desde el oficialismo entrante, el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea puso el acento en un tema que, a su juicio, ha sido invisibilizado en el debate público: la tipificación como delito de las denuncias falsas.

Sostuvo que miles de padres y niños se ven afectados por acusaciones que, según plantea, terminan rompiendo vínculos familiares y generando daños profundos. “Nuestra prioridad es tipificar como delito las denuncias falsas”, afirmó, agregando que espera que el próximo Gobierno acoja esta iniciativa.

Urruticoechea también planteó la necesidad de una mayor vigilancia sobre el Poder Judicial, especialmente en los tribunales de familia. En sus palabras, existen sesgos o deficiencias en el trabajo que permiten que algunos profesionales u organismos que prestan servicios al Estado mientan, lo que, a su juicio, termina en decisiones judiciales que afectan de manera desproporcionada a uno de los progenitores.

Por su parte, Patricio Pinilla, quien asumirá como diputado en marzo próximo, centró su agenda en la equidad territorial y el empleo juvenil. El parlamentario electo planteó como prioritario modificar los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con el fin de dar mayor énfasis a la distribución territorial de los recursos.

Según explicó, en la práctica los fondos suelen concentrarse en las comunas más densamente pobladas, perjudicando a las localidades más pequeñas que enfrentan mayores dificultades para levantar proyectos.

“El FNDR, en lugar de ser un fondo de compensación o de equidad territorial, se está transformando en un fondo de desequilibrio territorial”, sostuvo, apuntando además a decisiones de autoridades regionales que, a su juicio, priorizan con fines electorales más que territoriales.

En materia laboral, Pinilla propuso avanzar en una reserva legal para que medianas empresas puedan contratar a profesionales jóvenes recién egresados.

La idea, explicó, busca enfrentar la paradoja del mercado laboral, donde se exige experiencia a quienes no han tenido la oportunidad de adquirirla. A su entender, esta medida permitiría que los jóvenes den sus primeros pasos en el mundo del trabajo, al tiempo que se resguarda a las pymes con incentivos adecuados.

Desde el Partido de la Gente, la diputada electa Lilian Betancurt adelantó que su prioridad inicial no será ingresar proyectos de ley, sino ejercer una labor de fiscalización respecto a los procesos administrativos y decisiones del Gobierno saliente, que concluye sus funciones el 11 de marzo.

“Ya hemos recopilado antecedentes para iniciar los oficios correspondientes y asegurar la debida transparencia ante la ciudadanía”, señaló, subrayando la importancia del control institucional en este periodo de transición.

En la misma línea de prioridades sociales y económicas, la diputada Marlene Pérez afirmó que durante 2026 continuará impulsando los proyectos que ha presentado y que aún se encuentran en primer trámite, como la iniciativa contra el bullying, la regulación del spam telefónico y el etiquetado del jurel.

“Vamos a poner toda nuestra energía en mejorar la seguridad ciudadana y reactivar la economía, porque las familias necesitan respuestas ahora”, expresó, reiterando además su compromiso de apoyar el fin del sistema de la tómbola y avanzar en la recuperación de la educación pública.

Otro de los representantes del PDG, el diputado electo Patricio Briones, adelantó que ya cuenta con tres iniciativas en carpeta. Entre ellas mencionó propuestas para potenciar la ley de trasplante, reformular la Ley Estadio Seguro y, considerando los tiempos económicos, impulsar proyectos para descontar el IVA a la canasta básica y a los medicamentos.

Briones enfatizó que su rol fiscalizador estará orientado a elevar el control del gasto y la transparencia, especialmente en actividades vinculadas al deporte, con el objetivo de que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

En el ámbito regional, el parlamentario electo señaló que pondrá a disposición de la ciudadanía del Biobío espacios de conversación y discusión para construir futuras propuestas y acciones de su gestión. La idea, dijo, es hacerse cargo de situaciones concretas que puedan mejorar la calidad de vida de los penquistas que hoy atraviesan momentos complejos.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo puso el foco en la salud y la seguridad. De cara al próximo periodo legislativo, anunció que una de sus principales prioridades será impulsar un Plan Nacional de Salud Bucal, iniciativa que, según relató, ha conversado directamente con el Presidente electo.

La propuesta busca avanzar hacia un modelo similar al programa Sonrisa Mujer, pero con un enfoque más amplio e inclusivo, denominado “Sonrisa Universal”. “La salud bucal en Chile sigue siendo una de las grandes desigualdades del sistema de salud, y creo que es momento de abordarla como una política pública permanente y no solo como programas focalizados”, afirmó.

Arroyo también adelantó que dará prioridad a proyectos de su autoría orientados a fortalecer la seguridad pública, respaldando iniciativas que entreguen más herramientas al Estado para enfrentar el delito y el crimen organizado. En ese contexto, señaló que apoyará firmemente las leyes en materia de migración, especialmente aquellas que buscan tipificar como delito el ingreso ilegal al país, resguardando lo que definió como el orden, la seguridad y la soberanía nacional.