Pausa de evaluación ambiental de Tierras Raras en Penco abrió nuevo debate sobre el proyecto

La suspensión, en medio de la emergencia por incendios, coincidió con reacciones parlamentarias divididas y con el respaldo de presidente electo Kast al proyecto, reabriendo tensiones entre territorio y desarrollo productivo.

La evaluación ambiental del proyecto de Tierras Raras en Penco quedó suspendida temporalmente luego de que la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío resolviera detener sus plazos administrativos, procesos de participación ciudadana, consultas indígenas y actividades en terreno, en el marco de la emergencia por los incendios forestales y el estado de excepción constitucional vigente en la zona.

La decisión, formalizada mediante Resolución Exenta, afecta a seis iniciativas actualmente en evaluación en el Biobío y se extenderá entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2026. Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la suspensión busca resguardar el debido proceso frente a las restricciones operativas y de seguridad derivadas de los siniestros que han afectado a distintas comunas de la región.

En el caso del proyecto de Tierras Raras, la medida se adopta en una fase particularmente sensible de su tramitación. La iniciativa, impulsada por la minera Aclara, se encuentra en evaluación desde junio de 2024, tras haber sido reformulada y reingresada al SEIA luego de un primer ingreso que no logró avanzar en 2023, debido a observaciones de fondo de organismos públicos.

Desde entonces, la tramitación del proyecto ha avanzado de manera intermitente, marcada por una sucesión de hitos críticos. El SEA formuló más de doscientas observaciones técnicas vinculadas a biodiversidad, recursos hídricos, riesgos geológicos y aspectos sociales, mientras se activaron procesos de participación ciudadana y se resolvió ampliar la consulta indígena ante la eventual afectación a familias mapuche del territorio, configurando un expediente ambiental de alta complejidad y creciente controversia pública.

A ello se suma una oposición sostenida desde la Municipalidad de Penco y organizaciones locales, que han advertido vacíos relevantes en materia de impactos, mitigaciones y compatibilidad territorial. El alcalde pencón, Rodrigo Vera, ha señalado que el proyecto “no ha entregado antecedentes claros sobre planes de mitigación ambiental ni un cronograma formal de ejecución”, advirtiendo además que la iniciativa resulta incompatible con la planificación comunal.

La suspensión del proceso coincide, además, con un momento en que ha escalado la tensión política en torno al proyecto. En ese contexto, el presidente electo, José Antonio Kast, respaldó públicamente la iniciativa y relativizó los obstáculos ambientales al señalar que “aquí se está desarrollando un proyecto que se detuvo por unos naranjillos”. Sus declaraciones, emitidas en plena emergencia regional, reactivaron el debate sobre el equilibrio entre inversión, estándares ambientales y legitimidad territorial.

En dicho escenario, la pausa administrativa abre una discusión que trasciende lo técnico y se instala de lleno en el plano político: cuál será el rol de las autoridades locales y regionales cuando el proceso se retome, qué garantías existirán para la participación y el resguardo ambiental, y cómo incidirán los cambios de ciclo político en un proyecto que sigue generando división en el Gran Concepción.

Visiones

La suspensión del proceso de evaluación ambiental del proyecto de tierras raras en Penco también abrió un flanco político en el Congreso. Parlamentarios del Biobío coincidieron en que la medida es razonable frente a la emergencia por incendios y el estado de excepción, pero volvieron a tensionarse las posiciones sobre el fondo de la iniciativa. El debate cruzó oposición ambiental, cautelas institucionales y llamados a no cerrar la puerta a la inversión.

Desde una postura crítica, el diputado por el Distrito 20, Félix González (PEV), reafirmó el rechazo al proyecto, señalando que “los ecologistas estamos en contra del proyecto de tierras raras, lo mismo que casi la totalidad de la gente que vive en Penco”. A su juicio, la iniciativa podría generar impactos graves sobre cursos de agua, bosque nativo y la calidad de vida de las personas.

Respecto de la suspensión, González descartó lecturas políticas adicionales y la calificó como una consecuencia directa del estado de excepción. “No haría mayores lecturas de esta suspensión porque es del todo razonable en un estado de excepción como el que estamos viviendo ahora”, afirmó, agregando que, tras años de tramitación, la pausa no altera el proceso. “El problema de fondo no es la suspensión, es el proyecto mismo”, remarcó.

En una línea similar, la diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), sostuvo que la suspensión “me parece de toda lógica”, considerando que ni las comunidades ni los evaluadores están en condiciones de participar en medio de la emergencia. Subrayó que el proceso debe retomarse solo cuando existan condiciones reales para escuchar a los vecinos, cuya oposición al proyecto ha sido reiterada.

Asimismo, la parlamentaria vinculó el caso de Penco con el debate nacional sobre agilización de proyectos, advirtiendo que “el progreso no puede ir por sobre el cuidado del territorio”. Alertó que la agenda de permisología “supone un riesgo para los ecosistemas” si reduce estándares ambientales y llamó a las comunidades a mantenerse vigilantes. Planteó incluso que el Estado evalúe un rol más activo para resguardar el interés público.

Desde otra vereda, el diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), puso el acento en la necesidad de inversión en la región. “En una región como el Biobío, que ha perdido muchas empresas y puestos de trabajo, es evidente que necesitamos atraer inversión estratégica”, señaló, agregando que la suspensión es comprensible, pero que el proyecto debe evaluarse con rigor y diálogo real con la comunidad.

En tanto, la diputada de la UDI por el Distrito 21, Flor Weisse, calificó la suspensión como una medida adecuada frente a la catástrofe, aunque advirtió que debe ser transitoria. “Esta pausa debe ser temporal”, afirmó, planteando que superada la emergencia el proceso debe retomarse con plazos claros, participación efectiva y estándares exigentes, compatibilizando crecimiento económico con legitimidad y confianza pública.

Desde el Senado, Gastón Saavedra (PS) recalcó que la decisión no es excepcional ni discrecional. “La ley obliga a suspender todo lo que son los procesos de tramitación de proyectos” en contextos de catástrofe, explicó, precisando que la medida se aplica a todas las iniciativas en evaluación. A su juicio, es la forma correcta de garantizar el debido proceso y la participación libre.

Así, aunque existe consenso transversal en que la suspensión era inevitable frente a la emergencia, el debate parlamentario vuelve a evidenciar una fractura profunda sobre el futuro de las tierras raras en Penco. Entre rechazo ambiental, advertencias institucionales y llamados a no frenar la inversión, el caso se instala como un símbolo de las tensiones que marcarán el próximo ciclo político en torno a desarrollo, territorio y regulación ambiental.