Ley de Pesca: debate por acelerar el proyecto cruza la antesala de recambio parlamentario

Mientras se revisa en particular dentro de la Comisión de Pesca, voces del Biobío advierten que nuevas demoras pueden afectar la legitimidad de la iniciativa.

Las interrogantes en torno al estado de la nueva Ley General de Pesca volvieron a instalar el proyecto entre las principales discusiones parlamentarias, en la antesala del recambio de marzo. Todo esto no solo busca reemplazar una normativa cuestionada por su origen, sino que obliga a debatir cómo compatibilizar empleo, sustentabilidad, control estatal y legitimidad democrática en un sector estratégico para el país.

Tras dos años de tramitación, el proyecto entró en una fase más activa, luego del inicio de las votaciones en particular en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja. Ello abrió definiciones relevantes para el diseño final de la ley, mientras gremios, autoridades y comunidades costeras observan con cautela cambios que podrían alterar reglas vigentes desde hace más de una década.

La propuesta que presentó el Ejecutivo pretende fortalecer la transparencia, ampliar la fiscalización y someter la explotación de los recursos a criterios científicos, sumando participación regional en la toma de decisiones y trazabilidad obligatoria para combatir la pesca ilegal. El texto incorpora, además, áreas de reserva para el mundo artesanal, sanciones proporcionales y exigencias de sustentabilidad por especie, junto con una plataforma social para pescadores.

El avance, sin embargo, no ha sido lineal. Uno de los nudos más complejos fue el fraccionamiento de cuotas entre la pesca industrial y el sector artesanal. Al no lograrse consensos dentro del proyecto general, el Gobierno optó por separar esa materia y tramitarla como una ley específica, que finalmente se aprobó tras protestas, ajustes de fórmula y negociaciones prolongadas en el Congreso.

En paralelo, la norma general continúa su revisión artículo por artículo en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya se han zanjado materias como el acceso artesanal, la reserva de cinco millas y nuevas obligaciones de inscripción y trazabilidad. Más allá de eso, persisten diferencias clave, pues la industria advierte efectos en costos y empleo, mientras el mundo artesanal exige garantías efectivas de equidad.

A estas tensiones se suman reparos institucionales. Observaciones como las señaladas por Pleno de la Corte Suprema, la cual advirtió de zonas confusas en la distribución de competencias sancionatorias y en la relación entre permisos, registros y sanciones, alertando que esa falta de precisión podría afectar la eficacia y justicia de los procedimientos previstos en la nueva normativa.

La urgencia de contar con una ley general acorde a los tiempos actuales tiene un correlato directo en el territorio. Para regiones como el Biobío, el debate es concreto: la pesca sostiene caletas, plantas de proceso y servicios asociados que impactan a miles de familias. Gremios como Ferepa han advertido que retroceder en la tramitación sería un golpe para el sector artesanal, mientras la industria pide resguardar empleo formal y estabilidad productiva en los territorios vinculados al mar.

Miradas parlamentarias

Mientras el proyecto sigue su camino legislativo, el debate exhibe tensiones que no son solo técnicas, sino también políticas. En el Biobío, las voces locales coinciden en que la tramitación ha sido más lenta de lo esperado y que el proceso se ha visto atravesado por disputas de liderazgo, diferencias sobre el ritmo de las votaciones, presiones de la industria y el impacto que tuvo separar el fraccionamiento. Con el recambio de marzo a la vista, surge una pregunta central: si la ley acelerará su curso o volverá a postergarse.

Desde el oficialismo, la diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), planteó que parte del estancamiento responde más a decisiones políticas que a dificultades técnicas. A su juicio, ha existido “nula voluntad de algunos congresistas” para avanzar y cerrar definitivamente con la “corrupta ley Longueira”. En ese marco, acusa que la insistencia en revisar el articulado completo terminó siendo una estrategia dilatoria.

“El caso más concreto es lo que ha hecho el diputado Sergio Bobadilla, quien ha sido totalmente majadero con la postura de discutir punto por punto (…) sin otra intención que retrasar esta discusión”, sostuvo.

La parlamentaria recordó que esa tensión obligó al Ejecutivo a separar el debate del fraccionamiento de cuotas, tramitándose como ley específica, lo que —reconoce— implicó aplazar la discusión del proyecto general. A ello se suma el rol de la industria, a la que responsabiliza de haber presionado con anuncios de efectos laborales que finalmente no se materializaron.

Respecto de los plazos, Acevedo admitió que el escenario es estrecho. Si bien comparte el objetivo de acelerar la tramitación, evaluó que “por su complejidad, incluso dándosele urgencia, es muy difícil que vea la luz antes de marzo”, aunque espera al menos que logre superar el primer trámite constitucional antes del recambio parlamentario.

Por su parte, y también desde el Distrito 20, el diputado de la oposición, Roberto Arroyo (PSC), comentó que la tramitación ha sido “lenta y decepcionante”, pese a que la comisión ya ha votado una porción relevante del proyecto. “Ha faltado liderazgo y voluntad política del Gobierno para ordenar el debate y empujar decisiones de fondo”, sostiene, advirtiendo que el sector sigue operando bajo una normativa cuestionada y sin certezas, “especialmente la pesca artesanal”.

Para el parlamentario, el estancamiento refleja la ausencia de una hoja de ruta clara y una incapacidad para enfrentar intereses contrapuestos con decisión y transparencia. En ese escenario, vincula directamente el avance legislativo con el calendario político. “Con el recambio parlamentario a la vista, seguir postergando esta ley es una irresponsabilidad”.

“O se pone urgencia real hoy, o se reconoce derechamente el fracaso de esta reforma”, expresó, remarcando que la pesca es estratégica para el empleo y las regiones y no puede seguir siendo rehén de la indecisión.

Entre la urgencia y el consenso

Como parte del recambio que asumirá en marzo, el diputado electo por el Distrito 20, Patricio Briones (PDG), observa con preocupación el ritmo del proceso. Para él, la demora refleja la dificultad de articular acuerdos en un sector donde convergen intereses productivos, ambientales y sociales. “La demora en la tramitación de la Ley General de Pesca es preocupante (…) la falta de voluntad política para avanzar con un proyecto concreto refleja la complejidad de abordar temas como la regulación pesquera”.

Mirando el escenario que recibirá el nuevo Parlamento, Briones cree que cualquier decisión sobre acelerar la tramitación debe combinar urgencia y prolijidad. Asegura que el desafío está en “buscar un equilibrio entre la necesidad de agilizar la tramitación y la importancia de abordar de manera exhaustiva y consensuada” los distintos aspectos que cruza la normativa pesquera, de modo que el proceso no sacrifique legitimidad ni estabilidad futura.