Sistema de Admisión Escolar: congresistas del Biobío debaten sobre el futuro del SAE en gobierno de Kast

El 92% de los postulantes quedó en alguna preferencia del nuevo SAE, a nivel nacional.

En un escenario de debate educativo que vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública, la implementación del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) comienza a convivir con las definiciones programáticas del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el mando del país el próximo 11 de marzo de 2026 con la explícita intención de modificar el actual modelo de acceso a los establecimientos educacionales.

El pasado 25 de julio, el Ministerio de Educación presentó un ajuste al SAE que sustituirá, de manera transitoria, el mecanismo de asignación completamente aleatoria de cupos en establecimientos con sobredemanda.

A contar del Proceso de Selección 2026, se dejó atrás el sistema popularmente conocido como “tómbola”, que ordenaba a los postulantes de forma azarosa, para aplicar un nuevo protocolo basado en variables fijas que buscan priorizar criterios objetivos al momento de asignar una vacante cuando la demanda supera la oferta disponible.

¿Cómo ha resultado el nuevo proceso?

Las cifras entregadas por la autoridad educacional fueron utilizadas para respaldar la efectividad del mecanismo. Cerca del 92% de los postulantes del período complementario logró quedar en alguna de sus preferencias. De los más de 91 mil estudiantes que participaron en el proceso, un 78,4% fue asignado a su primera opción, mientras que un 13,3% obtuvo cupo en alguno de los establecimientos seleccionados.

Todos aquellos alumnos que ya cuentan con asignación deben concretar su matrícula entre el 9 y el 23 de diciembre de 2025, plazo que coincide con un período de alta incertidumbre política respecto del futuro del sistema.

Propuesta del presidente electo en torno al SAE

Y es que el rediseño anunciado por el ministerio ocurre en paralelo a la hoja de ruta del próximo gobierno. En su programa, denominado “Patines para Chile”, Kast plantea que el país enfrenta una verdadera “emergencia educacional” y propone recuperar la educación chilena a través de la restitución del mérito, el fortalecimiento de la autoridad escolar y la ampliación de la libertad de enseñanza.

En esa lógica, el sistema de admisión vigente es definido como uno de los principales obstáculos. “Fin al Sistema de Admisión Escolar impuesto por la izquierda. Los padres volverán a elegir, los colegios podrán seleccionar según su proyecto, y el mérito académico será valorado”, señala textualmente el programa presidencial.

Actualmente, el marco legal prohíbe la selección temprana de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y establece un algoritmo centralizado que asigna vacantes sin entrevistas ni filtros académicos, con el objetivo de asegurar equidad en el acceso.

Para el presidente electo, ese diseño no corrige desigualdades, sino que las profundiza, al reemplazar, según su visión, decisiones pedagógicas por un mecanismo administrativo. Por ello, su propuesta apunta a eliminar el SAE como sistema central y devolver a los establecimientos la facultad de seleccionar de acuerdo con su proyecto educativo y criterios de mérito, siempre bajo reglas claras.

Visiones de parlamentarios del Biobío

Este debate ha generado reacción entre los parlamentarios de la Región del Biobío, donde conviven realidades educativas distintas.

Desde el oficialismo entrante, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que el cambio desde la tómbola hacia un SAE con variables fijas “es solo un ajuste técnico, no una reforma de fondo”, agregando que, si bien ordena mejor la asignación en contextos de sobredemanda, mantiene fuera elementos que considera centrales, como el mérito, el esfuerzo y la coherencia con el proyecto educativo de cada comunidad escolar.

El parlamentario fue más allá al evaluar la compatibilidad del nuevo SAE con la propuesta del presidente electo, señalando que esta es limitada, ya que el futuro gobierno busca terminar con un sistema centralizado y devolver a los colegios la facultad de seleccionar dentro de un marco transparente y sin discriminación arbitraria.

“El desafío no es solo cambiar un mecanismo, sino reconstruir la confianza entre el Estado, las familias y los colegios”, afirmó, subrayando que en regiones como el Biobío las diferencias territoriales hacen aún más urgente una discusión profunda.

La diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, llamó a desdramatizar el debate y a superar lo que definió como una caricatura del sistema de tómbola.

A su juicio, el foco no debe estar exclusivamente en el mecanismo de admisión, sino en el fortalecimiento de la educación pública, de modo que las familias tengan la certeza de que sus hijos recibirán una formación integral y de calidad.

Una mirada intermedia fue planteada por el diputado ecologista, Félix González, quien sostuvo que el sistema de admisión siempre puede perfeccionarse, pero que ello requiere de un amplio consenso político y social.

Recordó que históricamente eran los colegios, y no las familias, quienes elegían a sus estudiantes, lo que permitía que algunos establecimientos concentraran a los alumnos con mejores resultados previos.

A su juicio, la imposibilidad de seleccionar también obliga a los proyectos educativos a evaluarse de manera más justa, en función del servicio que entregan y no del capital académico previo de sus estudiantes. En esa línea, advirtió que no es sano para el sistema educativo que las reglas cambien con cada nuevo gobierno.

Desde el Partido de la Gente, el diputado electo Patricio Briones, coincidió en que la eliminación de la selección por mérito ha tenido efectos negativos en la calidad educativa y ha perpetuado desigualdades en el acceso a establecimientos de alto desempeño.

Si bien valoró la propuesta de devolver a los colegios la facultad de seleccionar por proyecto educativo, advirtió que su implementación enfrentará importantes desafíos legislativos y deberá considerar las particularidades regionales, especialmente en zonas como el Biobío, donde la diversidad de contextos educativos exige soluciones diferenciadas.

Una de las voces que ha insistido en revisar el sistema desde la experiencia de las familias es la diputada del Distrito 21, Joanna Pérez, quien señaló que, tras múltiples reformas, incluida la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, vale la pena evaluar nuevamente el SAE.

A su juicio, muchas familias se sienten perjudicadas al no poder optar por establecimientos cercanos o donde ya estudian hermanos de los postulantes, lo que ha generado situaciones de inequidad inversa. En ese contexto, defendió el derecho del presidente electo a replantear el sistema, siempre que se trate de una discusión rápida, profunda y responsable con la educación pública.

La diputada independiente UDI, Marlene Pérez, fue especialmente crítica con el SAE, al que calificó como un sistema carente de transparencia, equidad y justicia. A su juicio, el nuevo protocolo de variables fijas ha demostrado ser insuficiente y ha privado a los padres del derecho fundamental a elegir la educación de sus hijos, trasladando esa decisión a un proceso burocrático.

Una postura similar expresó la diputada UDI, Flor Weisse, quien consideró que el ajuste al sistema busca corregir una sensación de injusticia instalada en muchas familias, pero que aún no resuelve de fondo el debate sobre la libertad de elección.

Desde su perspectiva, el cambio es solo parcialmente compatible con la propuesta de Kast de eliminar el SAE, y el principal desafío será lograr acuerdos amplios en el Congreso, especialmente en regiones como el Biobío, donde se debe equilibrar equidad, diversidad educativa y certezas para las familias.

Consultada por Diario Concepción, desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Biobío optaron por no referirse por ahora a la discusión, argumentando que no cuentan con datos regionales precisos sobre la implementación del SAE.