Transversal apoyo parlamentario para proyecto de ley que exige test de drogas a conductores de buses

Congresistas locales resaltan la importancia de contar con la normativa. Se busca exigir a las empresas de transporte someter a sus choferes a un test de drogas cada seis meses.

El Gobierno pondrá urgencia a la “Ley Alberto”, un proyecto legislativo que sigue estancado en el Congreso hace más de un año y que exige a las empresas de transporte públicas y privadas a someter a sus choferes a un test de drogas cada seis meses.

Esto luego del dramático caso de una estudiante universitaria atropellada en Valparaíso por un bus del transporte público, cuyo conductor dio positivo a cocaína y marihuana.

La iniciativa nace precisamente de un caso similar, en el que falleció un menor de 14 años, Mauro Alberto Gómez, atropellado por un conductor bajo el estado de estupefacientes.

De acuerdo a la diputada por Valparaíso, Carolina Marzán (PPD), impulsora de la iniciativa, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, habría confirmado la acción tras la muerte de la universitaria. Aquello también fue confirmado a Diario Concepción.

“Este trágico y doloroso caso nuevamente pone sobre la mesa la necesidad de elevar los estándares en materia de seguridad y transporte en nuestra región”, dijo la parlamentaria.

Biobío

Consultados por este medio, desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) detallaron que durante 2025 se han realizado 113 operativos del Programa Tolerancia Cero en el que en 280 oportunidades se han realizado el Narcotest a conductores del transporte público de la Región del Biobío.

Del total, 24 test han resultado presuntamente en conducción bajo la influencia de drogas, particularmente cocaína o marihuana.

“De los 113 operativos de Tolerancia Cero que se han desarrollado para apoyar la labor fiscalizadora de carabineros, en 280 oportunidades, aproximadamente, se ha solicitado aplicar Narcotest a conductores de la locomoción colectiva, de los cuales 24 han resultado presuntamente en conducción bajo la influencia de drogas, particularmente cocaína o marihuana, y de estos: 23 son de la Provincia de Concepción y uno de la Provincia de Biobío”, detalló Bayron Martínez, director regional Senda Biobío.

Discusión parlamentaria

Al conocerse la medida que adoptará el Gobierno en la materia, y considerando además los datos regionales en torno a los controles y accidentes registrados, los congresistas locales mostraron transversalmente su apoyo a la iniciativa y la necesidad de que se ponga en marcha.

En esa línea, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) afirmó que la iniciativa es “una medida esencial para resguardar la seguridad de los pasajeros y prevenir tragedias”.

Asimismo, la parlamentaria hizo mención a la iniciativa de norma “Ley Anita”, que también busca fortalecer la seguridad en el transporte público y evitar situaciones de riesgo para los usuarios.

“Ambas propuestas apuntan a regular y controlar aspectos cruciales para ofrecer un sistema de transporte más seguro y confiable. Espero que ambas iniciativas puedan perfeccionarse y, eventualmente, complementarse para dar origen a una legislación más robusta, aplicable y verdaderamente efectiva, que tenga un impacto real y no termine quedando solo en buenas intenciones”, complementó Pérez.

Paralelamente, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), también mostró su apoyo a la propuesta de normativa y señaló que “los test de drogas obligatorios a los conductores me parece que son más que necesarios hace mucho tiempo, basta recordar lo que ocurrió con la querida dirigenta Ana Hernández en Chiguayante para que podamos considerar que esta legislación debería haberse discutido mucho antes”.

La parlamentaria además se refirió a la discusión y complementó que “ante la urgencia que ha decretado el gobierno, espero que esta normativa pueda sortear rápidamente los trámites legislativos que corresponden y efectivamente se transforme en una ley durante el primer trimestre del próximo año”.

El diputado Roberto Arroyo (PSC), por su parte, también se mostró a favor de legislar en torno a la materia y aseguró que “es fundamental que estas leyes que buscan mejorar la seguridad en el transporte público, y elevar los estándares de los conductores, sean prontamente aprobadas y aplicadas de manera efectiva, para que podamos avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, confiable y responsable”.

Igualmente, Arroyo indicó que la seguridad vial y el transporte público es un tema de interés público y que “es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad en su conjunto trabajar juntos para garantizar su cumplimiento y proteger la vida de todos los ciudadanos”.

En tanto, el diputado Félix González (PEV), hizo mención a los casos de conductores que han estado involucrados en accidentes en los últimos meses bajo los efectos de las drogas. “Es algo por todas las personas conocido que van conductores a gran velocidad y en un estado que visiblemente está afectada su conciencia”, dijo.

Sobre el proyecto, González manifestó que “es importante que se hagan test masivos, sobre todo en nuestra zona, a los conductores del transporte público. Ahora creo que sin ley, o con la ley actual, ya se puede hacer. Lo que falta más bien es voluntad y recursos para poder hacer estos test de drogas de manera más recurrente (…) si la ley ayuda a, por ejemplo, buscar las responsabilidades de los empleadores, creo que va a ser una ley útil”.