Gobierno impulsa cambios en Ley de Pesca: debate en Biobío ante límite de 10 años a licencias industriales

Congresistas locales, en tanto, valoran la apertura del mercado y la inclusión de la pesca artesanal, mientras otros advierten un eventual riesgo para la economía regional.

La discusión en torno a la nueva Ley de Pesca vuelve a encender tensiones en la Región del Biobío. El gobierno impulsa una serie de modificaciones al sistema de licencias de pesca, entre las que destaca el tope de 10 años para la duración de las concesiones industriales, una medida que, según el Ejecutivo, busca promover la competencia y la sostenibilidad del sector.

Sin embargo, desde la industria pesquera regional alertan que los cambios podrían tener consecuencias graves sobre el empleo y la estabilidad económica del Biobío.

Las alarmas se encendieron tras las últimas sesiones de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se comenzó a debatir la reducción de la vigencia de las licencias, junto con otros ajustes vinculados al fraccionamiento de cuotas y al impuesto a las compras internacionales de jurel.

El corazón de una disputa histórica

En Chile, las licencias de pesca, instrumentos legales que determinan quién puede extraer recursos del mar, se han convertido en el eje de una disputa política y económica que atraviesa décadas. Desde los años noventa, la administración de estos permisos ha sido foco de controversia, enfrentando a la pesca industrial con la pesca artesanal en torno a la distribución de las cuotas de captura y el acceso a los recursos marinos.

Durante los gobiernos de los 2000, las licencias industriales fueron entregadas de manera prácticamente indefinida a grandes conglomerados, lo que generó el polémico debate de la llamada “Ley Longueira”, aprobada en 2012 y posteriormente cuestionada por irregularidades y presiones empresariales sobre parlamentarios.

En la actualidad, el sistema de licencias, administrado y fiscalizado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), se divide entre la pesca industrial, artesanal y recreativa. Mientras las empresas industriales operan con grandes cuotas destinadas a exportación, los pescadores artesanales trabajan con permisos acotados a zonas y embarcaciones específicas, lo que ha mantenido viva una brecha estructural entre ambos mundos.

Posturas divididas entre congresistas

La medida, sin embargo, ha generado opiniones contrastantes entre las y los diputados de la Región, evidenciando una división transversal sobre el rumbo de la reforma pesquera.

La diputada Clara Sagardía, del Frente Amplio, consideró que las advertencias de la industria son exageradas y defendió el principio de limitar la duración de las licencias, señalando que “las industrias deben tener un plazo para demostrar su desempeño, no pueden operar indefinidamente. Concursar por licencias no es un castigo, sino una oportunidad que mejora la economía del sector”, explicó.

Sagardía agregó que el trabajo colaborativo entre pesca artesanal e industrial “podría generar un equilibrio productivo”, proponiendo que las grandes empresas adquieran parte de la producción artesanal, fomentando así un modelo más justo y sostenible.

Por su parte, la diputada comunista María Candelaria Acevedo, representante del Distrito 20, respaldó abiertamente la propuesta del Ejecutivo, argumentando que “si dejamos de lado las alarmas infundadas, esta medida puede ser positiva. Permitirá aumentar la recaudación fiscal y fomentar la competencia, integrando nuevos actores como pymes pesqueras orientadas al consumo humano”, indicó.

Acevedo enfatizó que el proyecto incluye resguardos para proteger los empleos y destacó que la pesca artesanal podría beneficiarse especialmente. “La pesca artesanal genera cinco veces más empleo que la industrial por cada tonelada capturada. Lo que debemos hacer es avanzar en su formalización y darles más protagonismo en el nuevo marco legal”, afirmó.

Desde una posición más cauta, la diputada Karen Medina (IND-DC) expresó preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre el tejido industrial del Biobío, manifestando que “la pesca, tanto industrial como artesanal, es clave para nuestra región. Pero el esquema de subastas que propone el gobierno puede perjudicar gravemente al Biobío”, advirtió.

Medina recordó los cierres en otros sectores productivos, como la industria forestal y la siderúrgica de Huachipato,  y llamó a evitar un nuevo golpe económico. “No podemos permitir que se sigan cerrando empresas. Debemos defender los empleos y el aporte que la pesca industrial hace al crecimiento de Chile”, recalcó.

En tanto, la diputada Joanna Pérez, del partido Demócratas, apuntó sus críticas directamente al Ejecutivo, acusando falta de diálogo, dado que “la pesca industrial ha sido fuertemente afectada por los cambios de este gobierno, que ha tensionado la relación entre el sector artesanal y el industrial. El Biobío es quien paga el costo de esta pugna”, sostuvo.

Pérez llamó al gobierno a buscar soluciones intermedias y a dar certezas al sector productivo, advirtiendo que “cuando alguien proyecta una inversión pesquera, lo hace pensando en plazos largos. Hoy esa seguridad no existe, y eso frena el desarrollo regional”.

Preocupación en el sector industrial: “Se está desmantelando la actividad pesquera”

La presidenta de Pesqueros Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, manifestó la inquietud del gremio ante las modificaciones legislativas.

“Hoy no podemos dejar de alertar lo que está ocurriendo a nivel legislativo. Es el propio Gobierno el que impulsa cambios regulatorios que están desmantelando la actividad pesquera como la conocemos”, señaló.

Una preocupación similar expresó Juana Silva, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Pesca Industrial, quien criticó duramente la falta de apoyo político al sector.

“No tenemos respaldo legislativo. Algunos diputados han votado de manera irresponsable, especialmente en la última sesión de la Comisión de Pesca, donde se aprobó la rebaja de 20 a 10 años para las licencias. Esto afecta directamente nuestras fuentes de trabajo”, manifestó.

El temor común en la industria apunta a una posible pérdida de empleos y al debilitamiento de un sector que, según datos gremiales, aporta miles de puestos de trabajo directos e indirectos en el Biobío, además de sostener una cadena productiva que abarca desde plantas procesadoras hasta exportaciones a mercados internacionales.