Congresistas de Biobío respaldan reforma: extranjeros podrán votar con mínimo de 10 años de residencia

Nuevas normativas exigen más permanencia para participar en los procesos eleccionarios en Chile.

La reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de dos iniciativas clave que modifican las normas electorales ha generado una importante discusión sobre el derecho al voto de los extranjeros en Chile.

En el marco de una serie de reformas a la Ley 18.700, que regula las elecciones, se incluye la medida que fija una sanción económica por no cumplir con el voto obligatorio, además de una modificación sustantiva respecto al derecho de sufragio para los extranjeros que residen en el país.

Multa por no votar

El primer proyecto aprobado establece una multa a beneficio municipal para quienes no acudan a sufragar en las próximas elecciones del 16 de noviembre. La sanción, que oscila entre $34 mil y $104 mil, dependiendo del valor de la unidad tributaria mensual (UTM), ha sido respaldada por diversos sectores.

Cambio en los requisitos para extranjeros

Según datos del Servicio Electoral (Servel), en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, cerca de 885 mil 940 extranjeros estarán habilitados para votar, lo que resalta la relevancia de garantizar una participación activa y responsable de la ciudadanía en general.

La segunda iniciativa, que modifica la Constitución Política en lo referente al derecho al voto de los extranjeros, ha sido el centro de atención y debate en el Congreso. Esta reforma estipula que, a partir de 2026, estos deberán haber residido en Chile por más de 10 años ininterrumpidos para poder ejercer el derecho al sufragio. Este plazo ha sido determinado como una medida para asegurar que aquellos que voten tengan un compromiso real y duradero con el país.

En virtud de esta nueva normativa, los extranjeros que deseen participar en las elecciones de 2026 deberán obtener un permiso de residencia definitiva y no registrar salidas del país superiores a noventa días en un período de doce meses. En tanto, en las elecciones de noviembre de 2025, se mantendrá la normativa anterior, que habilita a los foráneos con cinco años de residencia temporal a participar en los comicios.

La visión de los parlamentarios del Biobío

La discusión ha generado opiniones divididas entre los parlamentarios de la región, quienes valoran los avances hacia una mayor integración de los migrantes, pero también plantean interrogantes sobre las implicancias de la medida.

María Candelaria Acevedo, diputada del Partido Comunista, ha expresado su apoyo a la reforma, destacando que la medida es “necesaria” ante el alto número de personas que han llegado a Chile en los últimos años. En su opinión, los 10 años de residencia garantizan un tiempo adecuado para que los migrantes se integren plenamente a la sociedad chilena, asumiendo responsabilidades cívicas y conociendo a fondo las normas del país. “Este cambio da certezas sobre quiénes pueden participar de los procesos eleccionarios y asegura que quienes voten no sean visitantes temporales”, afirmó la parlamentaria.

Por su parte, Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, también apoyó la reforma, señalando que la base de 10 años de residencia es una medida equilibrada que permite a los extranjeros más integrados participar, pero no abre la puerta a una votación masiva de personas que podrían tener un vínculo débil con el país.

Según Arroyo, “es importante recordar que hay países como Uruguay, Argentina y Nueva Zelanda que permiten el voto en elecciones locales a los extranjeros tras solo dos años de residencia, lo que contrasta con la normativa chilena, que busca un equilibrio entre inclusión y permanencia real”.

Karen Medina, diputada (Ind-DC), también hizo énfasis en la importancia de esta reforma, destacando que la modificación a la Constitución supone un cambio significativo en la forma en que se concibe la integración política con quienes son provenientes de otros países.

“La exigencia de 10 años busca garantizar que los migrantes hayan demostrado un compromiso real con el país, lo cual es necesario para una participación democrática seria”, señaló Medina.

Sin embargo, advirtió que el debate debería ir más allá del número de años, buscando un equilibrio que permita a los migrantes comprometidos participar sin imponer barreras desproporcionadas.

En una línea similar, Félix González, diputado por el Distrito 20° de la Región del Biobío, destacó que Chile es uno de los pocos países en el mundo en los que los migrantes pueden sufragar en procesos presidenciales, parlamentarios y locales.

González subrayó que, si bien la norma de cinco años de residencia era adecuada en el pasado, el contexto migratorio actual requiere una actualización que refleje la realidad de quienes vienen a Chile, muchos de los cuales buscan utilizar el país como un trampolín hacia otras naciones.

“Hoy tenemos una migración diversa, con muchas personas que no planean quedarse a largo plazo. La nueva normativa busca garantizar que quienes voten estén verdaderamente comprometidos con Chile”, explicó González.

Por otro lado, la diputada Flor Weisse, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), manifestó su apoyo a la modificación, subrayando que la medida es adecuada y necesaria para garantizar la seriedad del proceso electoral.

“No se trata de limitar el derecho al voto, sino de asegurar que quienes participen tengan un vínculo profundo con Chile. Los 10 años de residencia ininterrumpida, junto con la restricción de salidas, son medidas que garantizan un arraigo real y no esporádico”, sostuvo Weisse.

La diputada también planteó que el aumento de la residencia a 10 años responde a la necesidad de resguardar la confianza en el sistema democrático. “El derecho a voto es un privilegio, y no debe ser otorgado a quienes no han demostrado un compromiso real con la nación”, indicó.