Parlamentarios locales respaldan propuesta para formalizar contratos en faenas de buceo

Según cifras de la Dirección del Trabajo, en el país, desde 2021 se han registrado al menos 31 accidentes graves en el rubro, seis de ellos fatales.

El Senado aprobó en general un proyecto de ley que busca formalizar los contratos de trabajo de buzos y actividades conexas en la industria acuícola, marcando un paso en la protección de un sector históricamente invisibilizado.

La iniciativa, que además establece el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile, busca entregar certezas jurídicas y laborales a quienes realizan una de las faenas más riesgosas.

Según cifras de la Dirección del Trabajo, desde 2021 se han registrado al menos 31 accidentes graves en el rubro, seis de ellos fatales. Uno de los casos más recordados ocurrió en agosto de 2022, en un centro de engorda de salmones en Punta Arenas, donde una trabajadora perdió la vida mientras laboraba para una empresa contratista.

La propuesta legislativa incorpora un nuevo tipo de contrato en el Código del Trabajo, dentro del título de los denominados “Contratos Especiales”.

Allí se fijan normas específicas para regular la labor de buceo y las actividades subacuáticas conexas, ya sea en mar, tranques, piscinas u otras dependencias industriales.

El proyecto excluye expresamente al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como al buceo recreativo, deportivo o de subsistencia.

Parlamentarios del Biobío en el debate

En el Biobío, región donde la pesca y la acuicultura tienen un rol fundamental en la economía local, la iniciativa ha encontrado eco entre parlamentarios de distintas bancadas. Todos coinciden en que la regulación es un avance, pero subrayan la necesidad de acompañarla con una fiscalización rigurosa.

El diputado ecologista, Félix González (Distrito 20), recalcó que esta discusión surge de una realidad marcada por la precarización laboral en la industria salmonera. A su juicio, los múltiples accidentes laborales y las muertes de buzos evidencian las deficiencias en seguridad y turnos de trabajo. González también advirtió que “la actividad acuícola, aunque genera empleo, arrastra problemas ambientales y operativos que no siempre se ajustan a la legalidad”.

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) sostuvo que este nuevo contrato es un paso correcto en la protección social de los trabajadores del mar.

Subrayó que el oficio del buzo conlleva riesgos técnicos que requieren disposiciones claras, y que las sanciones a los empleadores que incumplan deben ser drásticas, incluyendo desde la pérdida de licencias individuales hasta la revocación de concesiones.

La diputada independiente Karen Medina (Ind-DC), destacó la urgencia del proyecto para regiones como el Biobío. Recordó que buzos artesanales y pescadores le han señalado reiteradamente que la experiencia no basta para resguardar la vida bajo el agua, y que solo reglas claras pueden dar seguridad.

“Formalizar esta actividad es reconocer la importancia que tiene para nuestra economía regional y para la vida de tantas familias que dependen del mar. En definitiva, es dar dignidad y respaldo a quienes sostienen con esfuerzo la pesca y la acuicultura en el sur de Chile”, indicó la diputada.

Medina también hizo hincapié en que la ley debe traducirse en fiscalizaciones efectivas en terreno. A su juicio, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social deben tener presencia permanente en las faenas, para evitar que la responsabilidad de la seguridad recaiga exclusivamente en contratistas.

“Las empresas principales deben aportar los equipos, los dispositivos de rescate y los protocolos de emergencia; de lo contrario, las sanciones tienen que ser ejemplificadoras”, planteó.

Por su parte, la diputada UDI Flor Weisse coincidió en que la regulación es indispensable para un sector de alto riesgo que hasta ahora ha funcionado con incertidumbre.

La legisladora sostuvo que garantizar seguridad y dignidad para cada buzo requiere no solo de obligaciones claras para los empleadores, sino también de un fortalecimiento de la fiscalización. En su opinión, las multas y sanciones deben alcanzar tanto a empresas principales como a subcontratistas.

La diputada Joanna Pérez también se sumó al respaldo, destacando la necesidad de un registro nacional de buzos, junto con acreditar formación técnica y disponer de herramientas como cámaras hiperbáricas en caso de accidentes.

“Creo que la creación de nuevos contratos debe ir aparejada con fortalecer el rol de estas instituciones y otras que puedan resultar competentes, dotándolas de más personal para cumplir con sus labores”, comentó Pérez.

Más que una ley: un cambio cultural en la acuicultura

La regulación no solo apunta a proteger a los buzos en su labor, sino que busca elevar los estándares de seguridad en una industria que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas.

El Biobío, aunque no concentra los mayores centros salmoneros, es una región con fuerte presencia de buzos artesanales, pescadores y trabajadores que dependen directamente de la pesca y la acuicultura. Por ello, parlamentarios locales ven en esta iniciativa un reconocimiento a la importancia que tiene el mar en la economía regional.

Además, el proyecto abre el debate sobre el rol de la formalización en sectores históricamente ligados a la informalidad. Dar contratos escritos, definir turnos adecuados, contar con equipos de seguridad certificados y establecer protocolos de emergencia son medidas que, de aprobarse, modificarán la forma en que se conciben estas faenas.

El desafío, según coinciden varios parlamentarios del Biobío, será garantizar que las disposiciones legales se cumplan en la práctica y no queden solo en el papel. Ello implica que el Estado fortalezca la supervisión, que los empleadores asuman responsabilidades directas y que se sancione con rigor a quienes pongan en riesgo vidas humanas en nombre de la productividad.

Próximos pasos legislativos

Tras la aprobación en general en el Senado, el proyecto continuará su discusión en particular, etapa en la que se podrán introducir indicaciones hasta el 26 de septiembre para perfeccionar el texto. Entre los aspectos que podrían debatirse se encuentran los mecanismos de fiscalización, la definición de responsabilidades entre empresas principales y contratistas, y los estándares mínimos de equipamiento de seguridad.